A los pocos meses de que Rajoy llegara al poder, España se comprometió a cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit público por debajo del 3% del PIB) en 2016. Sin embargo, las timoratas políticas de ajuste implementadas por el PP, unidas al electoralismo tributario previo a los comicios del 20-D (rebaja de impuestos sin recorte del gasto) descalabraron las cuentas de 2015 hasta el 5% del PIB, volviendo muy complicado que un Ejecutivo (especialmente en funciones) consiguiera un ajuste de 2,2 puntos del PIB en solo un ejercicio. Por ello, en un primer momento, la Comisión Europea optó por otorgarle al Estado un año de prórroga: debía ser en 2017 cuando lograra rebajar su déficit por debajo del 3% del PIB. Bruselas nos otorgó el permiso de concluir 2016 con nueve décimas más del déficit inicialmente previsto (3,7% frente al 2,8% inicialmente previsto): y ya en el mes de abril se decidió, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que cuatro de esas nueve décimas de mayor holgura las disfrutaran las autonomías.
Sin embargo, ni siquiera este año de prórroga era suficiente: los ingresos no crecían tanto como se esperaba y los gastos aumentaban más de lo previsto. Por eso, en julio no sólo se negoció con Europa suspender temporalmente las sanciones a España por incumplimiento reiterado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino aumentar hasta el 4,6% el objetivo de déficit previsto para 2016. De esas nuevas nueve décimas adicionales que nos otorgó Bruselas en julio, ninguna le corresponderá a las autonomías: se las repartirán íntegras la Administración Central y la Seguridad Social. De ahí que la próxima reforma parlamentaria de la Ley de Estabilidad Financiera sólo sirva para que el Ejecutivo en funciones pueda implementar el pre-acuerdo alcanzado en abril para elevar el objetivo de déficit autonómico para este año desde el 0,3% al 0,7%.
Pero, incluso con esta mayor laxitud deudora y congelando totalmente el gasto ministerial desde el mes de agosto, no está claro ni que la Seguridad Social ni la Administración Central vayan a cumplir con sus nuevos objetivos de déficit (de ahí el reciente sablazo fiscal a las empresas). El problema sigue siendo el de siempre: ése mismo que este gobierno se niega a afrontar. No basta con congelar una parte del gasto: hay que meter la tijera con decisión.
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