Las granjas lecheras en general siguen siendo relativamente pequeñas y tienen un mínimo retorno de inversión, requiriendo a menudo otra fuente de ingresos. Esto se debe en buena parte a un factor principal: los estadounidenses cada vez consumen menos leche fresca, a pesar de que las escuelas públicas están obligadas a comprarla. Añadamos esto a la larga lista de preferencias cambiantes de los consumidores aparentemente ignoradas por el sector durante muchos años.
Las acciones de las cooperativas lácteas que llevaron a la demanda en cuestión, parecen estar haciendo lo que llevaba mucho tiempo de retraso: responder a los consumidores. El “programa de retirada de rebaños” fue un esfuerzo conjunto para eliminar animales productores de las granjas (a menudo de bajo rendimiento) para limitar la oferta y aumentar los precios. Y esto es aparentemente lo que ocurrió al subir los precios de los productores de 2004 a 2008.
Si os estáis preguntando qué tiene de malo todo esto (en términos legales), tenemos que remontarnos a 1922, cuando se aprobó la Ley Capper-Volstead. Esta ley era una respuesta a la legislación antitrust y buscaba permitir a los productores agrícolas formar cooperativas y trabajar juntos para promover productos de las granjas. Así que, aparentemente, antes de ella era potencialmente ilegal que los granjeros vecinos hablaran entre ellos y vendieran juntos sus productos. Esta ley también concentraba la autoridad en una sola persona, el Secretario de Agricultura de EEUU, que ahora era capaz de disolver “monopolios”.
Podemos tener una impresión de lo extraños y limitadores que pueden ser estos tipos de regulación observando esta demanda. La Ley Capper-Volstead puede haber permitido que los productores lácteos consolidaran su poder negociador organizándose mientras mantenían bajo control al intermediario “con ánimo de lucro” (es decir, los procesadores lácteos que hacen los productos vendibles que desean los consumidores): pero la ley también limitaba la organización entre granjeros para “proteger” a los consumidores:
“Lo que [la ley] no permitía es que los granjeros que se reúnen para vender su leche decidan cuánto van a producir”, dijo Jeff Friedman, socio del bufete que presentó la demanda, Hagens Berman Sobol Shapiro LLP.
No estoy demasiado seguro de que se pueda separar formar una cooperativa de producción para consolidar el poder negociador y decidir cuánto vas a producir. Más extraño aún es cómo alguien podría enfadarse entonces porque esto resultara en un intento de “llenar los bolsillos del negocio agrario”. Por supuesto que sí.
El único problema real es que tenemos legislación tratando de controlar cómo se asocia la gente, incluyendo cómo la gente en el mismo sector puede hablar entre sí, tener reuniones y tomar decisiones. Gracias a la comunicación entre empresas, la producción se estandarizó y trató como una mercancía y se establecieron ubicaciones centralizadas para la consolidación de las materias primas. Además, los programas federales de EEUU durante tiempo de guerra preferían tratar con grupos más grandes y menos productos.
Hay otros programas públicos que han influido en la producción de leche, como los descritos aquí. Por ejemplo, la Federal Food Administration (1917-1919) trataba principalmente con cooperativas y atendía las demandas de precios de los productores de leche. Esto acabó ocasionando enormes fluctuaciones en los precios de la leche que “requerían” más intervención pública para asegurar la “oferta de leche pura y completa en todo momento”. Así que el resultado de todo esto fue centrarse en la producción de un producto (la leche líquida) que los consumidores empezaron a rechazar durante décadas antes de que pasara nada. Un sector menos regulado probablemente hace tiempo que se hubiera ajustado al hecho de que, aunque esté disminuyendo la demanda de elche líquida, la demanda de productos lácteos en general está en realidad aumentando, con productos como el yogur griego liderando el camino.
Aunque supuestamente pretendan ayudar a productores y consumidores, estas regulaciones y programas públicos en realidad dañan a ambos. No hay ninguna garantía de que los productores lácteos produzcan leche, de que los procesadores lácteos fabriquen productos que deseen los consumidores y de que los consumidores encuentren o puedan pagar ciertos productos lácteos. Sin embargo, lo que está claro que ha pasado aquí es que todo el sector se ha visto distorsionado. En lugar de una aproximación dirigida por el estado, a granjeros, procesadores y consumidores se les debería permitir interactuar libremente y enviar las señales apropiadas entre sí para dirigir mejor sus recursos finitos. Un ejemplo extremo de esta aproximación dirigida por el estado puede encontrarse en Venezuela, donde controles de precios, una divisa inestable y regulaciones (incluyendo el uso de la fuerza del estado para expropiar comida a las granjas) han causado escaseces de productos lácteos.
Sin embargo, hay señales esperanzadoras. Las ventas de leche a granel, directamente a los consumidores, están aumentando, a pesar de que han estado prohibidas entre estados por el gobierno federal durante unos 30 años debido a preocupaciones de seguridad alimentaria. Esto está ocurriendo porque se han liberalizado las ventas de leche a granel dentro de 30 estados de EEUU, debido a una mayor demanda de los consumidores. El sector de la leche a granel ha actuado para regularse a sí mismo sin el estado, para satisfacer a más consumidores potenciales. Dicho de manera sencilla, el mercado lácteo decidirá por sí mismo sobre estos asuntos si se le deja en paz para hacerlo.
El artículo original se encuentra aquí.
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