Atención, aquí vas a leer un nuevo desparrame mental de Eduardo Garzón. Vigile sus pasos.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en 2012, nada más llegar Rajoy al gobierno. Es la punta de lanza del artículo 135 reformado de la Constitución y como tal consagra los principios del neoliberalismo y de la austeridad. Esta ley persigue la reducción de la inversión pública con la excusa del acatamiento de determinadas reglas fiscales que no tienen ningún sustento científico, priorizando el pago de una colosal deuda pública (en buena medida ilegítima) a los bancos frente a cualquier gasto social o inversión. No sólo obliga a las administraciones públicas que presentan déficit público a recortar en todo tipo de gasto público, sino que también impide a las administraciones que tienen superávit que puedan gastar todo el dinero sobrante en políticas públicas diferentes del pago de la deuda. Es una ley que fuerza la reducción del tamaño de las administraciones públicas y que garantiza el negocio bancario, además de lastrar el crecimiento económico y deteriorar el Estado del Bienestar.
El Partido Popular, ahora manteniendo un gobierno en funciones con poca capacidad de maniobra, acaba de presentar una enmienda a esta ley. Pero esta enmienda no cambia en absoluto la esencia de la ley; es puro maquillaje para trasladar a las comunidades autónomas el leve aflojamiento de la soga que le ha concedido Bruselas al Estado español en materia de cumplimiento del déficit. La enmienda simplemente consiste en elevar el tope de déficit público que deben cumplir las autonomías desde el 0,3% al 0,7% del PIB para 2016. Pero la enmienda no va a aliviar en nada a las comunidades autónomas, porque éstas registrarán inevitablemente un determinado nivel de déficit público a final de año (que no cambiará con la enmienda) y en todo caso la enmienda permitiría que oficialmente algunas de ellas no incumpliesen el tope del déficit, pero el brutal ajuste presupuestario que cercena el bienestar de las clases populares y la actividad económica seguiría siendo imperativo legal. De hecho, ni siquiera con la enmienda se lograría que algunas comunidades dejen de incumplir el tope de déficit, porque más de una presentará a final de año un nivel superior al 0,7% del PIB. Se estaría así otorgando un pequeño trato de favor a algunas autonomías pero no a todas.
El Partido Popular ha retrasado la presentación de esta enmienda para poder ahora pedir de urgencia el voto favorable de los grupos parlamentarios alegando que de no ser así las comunidades no cumplirán los topes de déficit público. Se trata de una estrategia evidente para evitar el debate parlamentario que necesariamente debería producirse antes de modificar una ley tan importante y nociva como ésta sabiendo que en la actualidad el Partido Popular ya no tiene tantas facilidades para aprobar lo que quiera en el Parlamento. Intenta no arriesgarse a que aprovechando esta reforma de la ley se introduzcan nuevas modificaciones en la ley que reduzcan o limiten los elementos perversos de la misma.
Facilitar la aprobación de esta enmienda supondría ser cómplices en la permanencia de esta ley que encarna lo peor del neoliberalismo y de las políticas de austeridad, por muy bonito que pinte la enmienda el gobierno en funciones. Lo que debe hacer cualquier fuerza política que quiera mejorar la vida de las capas populares es aprovechar esta ocasión para intentar transformar profundamente esta legislación y vaciarla de los principios neoliberales que propugnan la austeridad presupuestaria.
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