Los sindicatos dicen ser organizaciones preocupadas por promover los intereses de los trabajadores. Limpiándola de retórica marxista, no es una afirmación necesariamente inverosímil: los trabajadores tienen en algunos casos intereses comunes cuya promoción puede ser delegada a un agente especializado (los sindicatos). Por ejemplo, dentro de una misma empresa, los empleados pueden coaligarse para mejorar marginalmente sus condiciones laborales o para influir en cómo se materializan algunos de los derechos contractualmente pactados con el empresario (calendario laboral, forma y disposición del comedor, turnos de descansos, etc.).
Sin embargo, para impulsar este tipo de mejoras pegadas a la problemática particular de cada equipo de trabajo —y no a ninguna irreal “clase social”— no hace falta recurrir a megacorporaciones sindicales del estilo de UGT y CCOO: basta con representantes especializados e independientes que en algunos casos incluso podrían extraerse del propio equipo de trabajo al que se está representando. El motivo de que existen megaburocracias sindicales como las anteriores tiene bastante poco que ver con la defensa de los trabajadores y mucho más con la necesidad de adquirir influencia frente a los políticos para cazar privilegios del Estado. Ante la casta gobernante, no es lo mismo una central sindical que representa eficazmente a unas pocas decenas de trabajadores que otra que cuenta con tutela torpemente a centenares de miles de empleados: cuanta más la cantidad que la calidad.
Los grandes sindicatos españoles, pues, se han convertido en lo que la literatura económica denomina “cazadores de rentas” (rent-seekers): su auténtico propósito para existir no es la representación de los trabajadores (ésa es su excusa instrumental) sino la captura de prebendas regulatorias y monetarias del Estado con las que alimentar a su propia burocracia interna. Y, de momento, llevan más de tres décadas cumpliendo muy bien sus auténticos objetivos: por eso, los grandes sindicatos españoles no sólo disfrutan de escandalosas ventajas dentro de la legislación laboral española frente al resto de representantes minoritarios de los trabajadores, sino también de muy sustanciales ayudas económicas que se articulan no ya mediante subvenciones directas sino a través de pagos estatales por servicios que supuestamente prestan a los trabajadores (como los cursos de formación a parados).
Justamente, las habituales corruptelas sindicales que se gestan alrededor de ese enorme volumen de fondos nos permiten ilustrar cómo los sindicatos han mutado de representantes laborales a meros cazadores de rentas ajenas. La última, esa presunta manipulación de los gastos de los cursos de formación por parte de UGT Andalucía para incrementar su parasitismo al presupuesto andaluz. La treta era sencilla: me auto-arriendo mis locales para justificar un gasto adicional en los cursos de formación a parados, logrando así que la Junta de Andalucía me resarza ese gasto ficticio con una mayor cantidad de dinero. Un dinero que, recordemos, procede de impuestos pagados coactivamente por los trabajadores y cuya finalidad era prestar un servicio a trabajadores parados que jamás llegó a prestarse. Un fraude para enriquecerse a costa de los mismos obreros a los que propagandísticamente dicen defender.
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