La población tiende a identificar educación pública con gratuita. Pero es caer en un grave error. Que no abonemos directamente un precio visible por ella no significa que no paguemos a través de otras vías. De hecho se acaba costeando con creces a lo largo de tu vida y la de tus padres. Pero con pagar no me refiero simplemente a los impuestos o precios públicos que la financian, también al coste de oportunidad, en términos monetarios y educativos, que supone el haber estudiado en un centro público y no en uno liberalizado.
Recalco liberalizado para desmarcarlo de privatizado ya que hay diferencias importantes entre ambos. Los centros privados de enseñanza se encuentran a medio camino entre la situación óptima y la sub óptima. Es decir, reducen costes -y por tanto el precio- respecto a la pública como podemos ver en el siguiente gráfico.
Este efecto es muy positivo, aunque no suficiente por dos motivos: En primer lugar no se rebaja fiscalmente su uso, esto se deriva en que pagas la educación dos veces, circunstancia que limita el uso del servicio a personas de rentas medias y bajas. Y en segundo lugar su docencia no es libre, sigue estando reglada según el mandato Estatal. Con lo cual, en términos educativos, generalmente no suelen ser de calidad muy superior a la pública.
Es importante aclarar que no estoy atacando a los docentes, pues la principal carencia del sistema educativo no son ellos. Es su modelo. Un modelo politizado que ha sido impuesto por el gobierno de turno. Su objetivo es adoctrinar y controlar masas en favor de sus propios intereses. Y sus efectos son bastante perjudiciales para la sociedad. No hay más que echar un vistazo al mercado laboral.
Por lo tanto la única solución es liberalizar la educación. Dejar que sea la sociedad civil quien, a través de la libre competencia entre empresas de docencia, diseñe el modelo educativo más óptimo y eficiente posible. Esta técnica ha sido la que históricamente ha creado crecimiento, y por tanto mejoría, en los sectores en los que se ha implementado. Ya sea industria, investigación, o innovación. Y es por ello que la educación no será una excepción, obtendríamos mejoras en su calidad, precios y métodos, que se adaptarían a las necesidades reales del mercado laboral.
El liberalizar la educación tendría una pega. Y es que en el proceso de transición del modelo estatal al libre, determinados sectores de la población no podrían costearla. La muy notable reducción de precios no sería suficiente, puesto que sus principales efectos sociales beneficiosos se verían a largo plazo. Pero su solución es simple. Consistiría en otorgar un cheque educativo a aquellas familias, que por su baja renta, estén en riesgo de exclusión para que acudiesen al centro educativo que mejor servicio ofrezca. De esta forma mantendríamos la competencia entre empresas educativas para captar alumnos sin importar su condición social, y en cualquier caso reduciríamos notablemente el gasto público, con su consiguiente gran rebaja fiscal a todos los ciudadanos.
Siendo la educación uno de los principales factores de movilidad social y de crecimiento de la renta, por lo tanto toda aquella reforma educativa que no lleve consigo una liberalización del sector por pequeña que sea, beneficiará a las clases altas en detrimento del resto, no se facilitará la movilidad social y en conclusión la educación pública regalada beneficiará siempre a los ricos, destruyendo así la argumentación de los intervencionistas.
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