Tras el sonoro incumplimiento del déficit de 2015, España renegoció con Bruselas un nuevo calendario para atajarlo: nos comprometimos a cerrar 2016 con un desequilibrio equivalente al 4,6% del PIB y 2017 con uno del 3,1%. El pasado 15 de octubre, el Ejecutivo español presentó sus presupuestos prorrogados a la Comisión Europea donde esencialmente se anunciaba que volveríamos a saltarnos a la torera el objetivo de déficit presupuestario: con las cuentas prorrogadas, sostiene el gobierno de Rajoy, 2017 terminará con un déficit del 3,6%, esto es, unos 5.000 millones por encima de lo acordado hace apenas unos meses para conseguir que nos condonaran la sanción derivada de nuestra indisciplina en 2015.
Lógico, por consiguiente, que la Comisión Europea proteste: nuestro país no ha cumplido jamás con sus promesas de ajuste presupuestario —originalmente, España debía alcanzar un déficit del 3% en 2013… ahora, como pronto, será en 2018— y, mientras tanto, el Banco Central Europeo continúa actuando como garante de nuestros pasivos. O dicho de otra forma, dado que el Ejecutivo español es consciente de que su prima de riesgo no se va a disparar mientras el banco central de todos los europeos actúe como su avalista, la única (y muy laxa) presión a la que se somete para reconducir el déficit es a la presión que ejerce Bruselas. Pero Bruselas es un órgano político y politizado donde no se actúa de acuerdo a la racionalidad económica, sino a los intereses de cada Ejecutivo nacional: por eso, lo que cuenta es la capacidad de cada gobernante para coaligarse con los demás para presionar a los restantes, no la bondad o maldad objetiva de las políticas que esté desarrollando.
Por eso, fue un absoluto error que Mario Draghi anestesiara la prima de riesgo en 2012: ésa era la única y real presión a la que se veía sometido el gobierno de España para acabar con el déficit. Una vez eliminada tal presión, los genuinos incentivos para dejar de endeudar a los españoles desaparecieron. Menos presiones del politburó de Bruselas y más levantar los irracionales avales que mantiene el BCE hacia todos los gobiernos europeos.
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