[dropcap size=big]E[/dropcap]l mercado de las telecomunicaciones es un mercado oligopolístico porque así lo han decidido los distintos Estados nacionales: son ellos los que asignan las licencias móviles para poder operar en “su” espacio radioeléctrico; sin su plácet, ninguna nueva empresa puede entrar y plantar cara competitiva a las ya establecidas por decisión estatal. Es esta restricción la que “obliga” a los distintos gobiernos a regular en favor de los consumidores este mercado adulterado. Sin embargo, y en contra de lo que suele imaginarse, estas regulaciones en defensa de los usuarios conllevan consecuencias no intencionadas que pueden terminar perjudicándolos.
Tomemos el reciente caso de la propuesta de la implantación del “roaming como en casa” por parte de la Comisión Europea. Aparentemente, constituye un rotundo abuso el que las compañías de telefonía móvil nos cobren un precio distinto por las llamadas o las transferencias de datos desde el extranjero. Sin embargo, la razón por la que nuestro proveedor móvil nos cobra por la itinerancia de datos en el exterior es que, a su vez, el operador de telefonía móvil del país extranjero le cobra a nuestro operador nacional.
Este cobro entre operadores (un mercado mayorista en el que no participamos los usuarios finales) tiene sentido que exista dado que la compañía extranjera ha de dar cabida en su red a usuarios que no son sus clientes, lo que significa que debe poseer capacidad de red suficiente como para darles cabida: en países con gran afluencia turística, como España, la recepción anual de millones de visitantes requiere de una amplia sobrecapacidad para mantener la calidad del servicio doméstico y dar cabida a los usuarios foráneos. Los cobros por roaming buscan rentabilizar esta inversión en sobrecapacidad de la red: cuestión distinta, claro, es que el precio del mercado mayorista pueda estar inflado debido a la ausencia de una verdadera competencia intraeuropea.
Ahora bien, en contra de lo que tiende a pensarse, el fin del sobrecoste del roaming no implicará la conclusión de cualquier abuso oligopolistico, sino la sustitución de unos perjuicios por otros probablemente mayores. Bajo la propuesta de la Comisión, cualquier ciudadano europeo que visite España disfrutará de las mismas tarifas que en su país de origen (lo que elevará sustancialmente el uso del roaming en España), pero su operador pagará a las telefonía a españolas precios mayoristas (también regulados) muy inferiores al coste real de proveer ese servicio en nuestro país.
¿Resultado? O los españoles pagamos más por nuestras tarifas internas (para subvencionar indirectamente a los visitantes comunitarios) o la calidad de nuestros servicios móviles se deteriorará irremisiblemente. Nada es gratis.
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