La regulación hoy se considera como un mecanismo a través del cual los intereses especiales cabildean para crear barreras de entrada u otros privilegios especiales. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que el Consejo Aeronáutico Civil cartelizó el sector de las aerolíneas, la Comisión Interestatal de Comercio ayudó a monopolizar los sectores del ferrocarril del transporte por carretera, la FDIC limitó enormemente la entrada en el negocio bancario y las licencias profesionales crearon barreras de entrada para cientos de ocupaciones. Mucha de la historia de la regulación atestigua privilegios de monopolio conseguidos auspiciados por el estado, como señalaba Adam Smith hace más de 200 años en La riqueza de las naciones.
Extrañamente, la regulación antitrust sigue siendo considerada una respuesta benevolente del gobierno a los “fracasos” e “imperfecciones” del mercado. Incluso economistas que normalmente son escépticos ante las regulaciones aprobadas en nombre del interés público parecen perder su perspectiva en lo que se refiere al antitrust. Por ejemplo, George Stigler ha declarado: “Que yo sepa, [la Ley Sherman] es una ley de interés público (…) en el mismo sentido que creo que tener propiedad privada, aplicación de los contratos y supresión del delito son fenómenos de interés público. (…) Me gusta la Ley Sherman” [Citado en Thomas Hazlett, “Interview with George Stigler”, Reason, Enero 1984: 46].
Una encuesta de 1984 a economistas profesionales revelaba que el 83% de los encuestados creía que “deberían usarse con energía leyes antitrust para reducir el nivel actual de poder de monopolio” [Bruno Frey, et al, “Consensus and Dissension Among Economists”, American Economic Review (Mayo 1984): 986-984]. Su opinión está extendida a pesar del conocimiento común entre los expertos en antitrust de que en la práctica estas leyes restringen la producción y el crecimiento de la productividad y han contribuido a un deterioro de la posición competitiva de la industria de EEUU y se usan continuamente para subvertir la competencia.
¿Por qué entonces las leyes antitrust continúan teniendo un apoyo tan importante entre los economistas los expertos legales cuando son tan conocidos sus extendidos defectos? Hay varias explicaciones posibles. Consultores y testigos expertos antitrust ganan a menudo una buena cantidad de dinero, así que el interés financiero propio puede hacer evitar las críticas al antitrust. Muchos economistas son asimismo incapaces de dar opiniones informadas sobre el antitrust. Si no es su área de conocimiento, puede que no estén al día con respecto a las investigaciones de los últimos 30 años o puede que una concentración excesiva en los modelos matemáticos pueda haber dejado algunos economistas algo alejados de la realidad económica. Finalmente, se cree ampliamente que hubo una vez una “edad de oro del antitrust”, durante la cual la gente estuvo protegida de los ambiciosos monopolistas por medio de benevolentes funcionarios. Según esta perspectiva, aunque se hayan cometido errores, reguladores con mayor conocimiento y espíritu de servicio pueden reformar con éxito el derecho antitrust. Una vez reformado, la política antitrust podrá entonces perseguir su propósito original y defender la competencia y la libre empresa.
Por desgracia, la Ley Sherman nunca pretendió proteger la competencia. Era una ley descaradamente proteccionista pensada para defender a los negocios más pequeños y menos eficientes frente a sus competidores más grandes. Nunca hubo una edad de oro del antitrust. La explicación habitual de los orígenes del antitrust es un mito.
La política de grupos de interés y la Ley Sherman
A finales de la década de 1880, un cambio económico extendido produjo multitud de demandas de granjeros relativamente pequeños (pero activos políticamente) que buscaban protección frente a competidores más grandes y corporativos. El historiador Sanford Gordon ofrecía un ejemplo: “Tal vez la relación más violenta [contra las asociaciones industriales] de algún grupo de intereses especiales provino de los granjeros. (…) Eligieron el yute empaquetado y alegaron un supuesto trust en bolsas de empaquetado y enviaron peticiones tanto a sus legisladores estatales como al Congreso reclamando alguna protección. Se sugirió el algodón como more sustitutivo del yute para cubrir los fardos de algodón. En n Georgia, Mississippi y Tennessee, las alianzas [de granjeros] aprobaron resoluciones condenando al trust de las bolsas de yute y recomendando el uso de tela de algodón” [Sanford Gordon, “Attitude Toward the Trusts Prior to the Sherman Act”, Southern Economic Journal (Julio de 1963): 158].
A los granjeros del sur les molestaba que los consumidores prefirieran cada vez más el yute a las telas de algodón que fabricaban y buscaron una legislación antitrust que eliminara su competencia. Ese comportamiento de los intereses especiales era característico del lobby agrícola. Durante el 51º Congreso, Gordon señala que “se incluyeron 64 peticiones y memoriales en el registro del Congreso, todos reclamando que se actuara contra las asociaciones. Eran casi exclusivamente de grupos de granjeros. (…) Los que expresaron mayor vehemencia fueron los representantes del Medio Oeste” (p. 162).
Los granjeros se quejaban a sus representantes nacionales de que los productos que compraban al trust eran cada vez más caros en relación con los precios de los productos agrícolas, pero los hechos no apoyan esta queja. De 1865 a 1900 los precios agrícolas estuvieron cayendo, pero a un ritmo más lento que el nivel general de precios. Esto produjo ganancias reales de renta para los granjeros. Adicionalmente, la calidad rápidamente creciente de los productos manufacturados mejoraba aún más el nivel de vida de los granjeros. La volatilidad en los precios agrícolas hizo que los granjeros fueran activos políticamente.
Muchos otros grupos se unieron a la coalición antitrust: organizaciones de pequeñas empresas, profesores de universidad (aunque no economistas) y periodistas. Argumentaban que los “monopolios gigantes” estaban creando una “peligrosa concentración de riqueza” entre los capitalistas del momento. Aunque la evidente riqueza de empresarios como Rockefeller, Vanderbilt, Mellon y Morgan daba alas a esta acusación, no parece ser cierta. En realidad, los historiadores económicos han concluido que desde 1840 a 1900 la división de la renta nacional entre el trabajo y los dueños de propiedades (proveedores de capital y recursos naturales) se mantuvo en una relación 70 a 30 [R. Gray, and J. Peterson, Economic Development in the United States (Nueva York: Irwin, 1965)]. A lo largo del mismo periodo, tanto el capital como los recursos naturales desarrollados aumentaron más rápido que la fuerza laboral. Esto significa que la renta laboral por unidad de trabajo aumentó, comparada con el beneficio e interés por utilidad de entrada de propiedad.
Aunque no hubiera una redistribución significativa de la riqueza del trabajo a los dueños de capital en el total, los mercados competitivos siempre alteran la distribución de renta de formas que no gustan a algunos. No hubo ninguna “peligrosa concentración de riqueza”, pero muchos defensores de la legislación antitrust descubrieron que su propia renta había bajado (o no había aumentado suficientemente rápido). La presión para una legislación antitrust fue un intento de usar los poderes del gobierno para mejorar su estatus económico.
Las condiciones económicas cambiaron rápidamente en la última parte del siglo XIX. La expansión del ferrocarril y del transporte interior redujeron enormemente los costes de transporte. Los desarrollos tecnológicos llevaron a una producción a gran escala (y de menor coste) de acero, cemento y otros bienes. La tecnología de las comunicaciones se expandió rápidamente, especialmente el uso del telégrafo. Y los mercados de capitales se hicieron más complejos. Estados Unidos también sufrió una rápida transición de una sociedad predominantemente agraria a otra industrial. En 1810, la relación entre trabajo agrario y no agrario era aproximadamente 4,0. Esta relación cayó a 1,6 en 1840 y en 1880 la fuerza laboral estaba casi igualada entre empleos agrarios y no agrarios. Entretanto, personas y grupos disconformes con ese rápido cambio estaban acudiendo cada vez más al uso de los poderes regulatorios del estado. En esta atmósfera crecientemente mercantilista, se aprobó la Ley Sherman en 1890.
¿Eran monopolistas los trusts?
Al presentar la legislación “antitrust” federal, el senador Sherman y sus aliados en el Congreso afirmaban que las asociaciones de trusts tendían a restringir la producción y por tanto a aumentar los precios. Si las afirmaciones de Sherman hubieran sido verdad, debería haber habido evidencias de que esos sectores que supuestamente se estaba monopolizando a través de los trusts habían restringido la producción. Por el contrario, si el movimiento del trusts fuera parte del proceso evolutivo de los mercados competitivos respondiendo a un cambio tecnológico, cabría esperar una expansión del comercio o la producción. De hecho, no hay evidencias de que los trusts en la década de 1880 estuvieran restringiendo la producción o aumentando artificialmente los precios.
Las actas del 51 Congreso ofrecen una lista de sectores que supuestamente estaban siendo monopolizados por los trusts. Los sectores cuyos datos estaban disponibles eran sal, petróleo, zinc, acero, hulla, raíles de acero, azúcar, plomo, bebidas alcohólicas, cordeles, remaches y arandelas de hierro, yute, aceite de ricino, aceite de algodón, cuero, aceite de linaza y cerillas. Los datos disponibles están incompletos, pero en todos menos uno de los 17 sectores no solo no disminuyó la producción entre 1880 y 1890, sino tampoco al acabar el siglo. [La siguiente explicación se basa en Thomas J. DiLorenzo, “The Origins of Antitrust: An Interest-Group Perspective”, International Review of Law and Economics (Junio de 1985)]. Las cerillas y el aceite de ricino, las únicas excepciones a la regla general, no parecen ser cosas que causen furor nacional en caso de monopolizarse.
En general, la producción en estos sectores se expandió más rápidamente que el PIB durante los diez años que precedieron a la Ley Sherman. En los nueve sectores para los que hay datos nominales de producción disponibles, la producción aumentó de media un 62%; el PIB nominal aumentó un 16% a lo largo del mismo periodo. Varios de los sectores aumentaron la producción de más de diez veces el aumento en el PIB nominal. Entre los sectores que se expandieron más rápidamente que estuvieron el aceite de algodón (151%), los productos de cuero (113%), cordajes y cordeles (166%) y yute (57%).
El PIB real aumentó en aproximadamente un 24% de 1880 a 1890- Al mismo tiempo, los sectores supuestamente monopolizados para los cuales hay disponible una medición de la producción real, crecieron de media un 175%. Los sectores que se expendieron más rápidamente en términos reales incluían acero (258%), zinc (156%), carbón (153%), raíles de acero (142%), petróleo (79%) y azúcar (75%).
Estas tendencias continuaron de 1890 a 1900 al expandirse la producción en todos los sectores de los que tenemos datos, salvo uno. (La excepción fue el aceite de ricino). De media, los sectores supuestamente monopolizados continuaron expandiéndose más rápido que el resto de la economía. Los sectores de los que hay disponibles datos nominales expandieron la producción en un 99%, mientras que el PIB nominal aumentó en un 43%. Los actores de los cuales tenemos datos aumentaron la producción de real en un 76%, comparado con un aumento del 46% en el PIB real de 1890 a 1900.
Igual que pasa con las mediciones de la producción, no están disponibles todos los datos relevantes de precios, pero la información que tenemos a mano indica que la rápida expansión de la producción en los sectores “monopolizados” se vio acompañada por precios más bajos. Además, aunque el índice de precios del consumo cayó un 7% de 1880 a 1890, los precios en muchos de los sectores sospechosos cayeron aún más deprisa.
Por ejemplo, el precio de los raíles de acero cayó un 53% desde 68$ la tonelada en 1880 a 32$ la tonelada en 1890. El precio del azúcar refinado cayó de 9 centavos la libra en 1880 a 7 centavos en 1890, a 4,5 centavos en 1900. El precio del plomo cayó un 12%, de 5,04$ la libra en 1880 a 4,41$ en 1890. El precio del zinc cayó un 20%, de 5,51$ a 4,40$ la libra de 1880 a 1890.
Los trusts del azúcar y el petróleo estuvieron entre los más atacados, pero hay evidencias de que estos en realidad redujeron los precios que habría habido en otro caso. El Congreso reconoció claramente esto. Durante los debates de la Cámara sobre la Ley Sherman, el congresista William Mason dijo: “Los trusts han hecho más baratos los productos, han reducido los precios; pero si el precio del petróleo, por ejemplo, se redujera a un centavo el barril, no arreglaría el daño producido al pueblo de este país por los ‘trusts’ que han destruido la competencia legítima y alejado a los hombres honrados de los negocios legítimos”. [Actas del Congreso, 51º Congreso, cámara, primera sesión (20 de junio de 1890), p. 4100]. El senador Edwards, que desempeñó un papel clave en el debate, añadió: “Aunque por ahora el trust del azúcar tal vez haya reducido su precio y el toros de petróleo indudablemente haya reducido el precio inmensamente, eso no altera el hecho de que el principio de cualquier trust sea incorrecto”. [Ibíd., p. 2558]. Tal vez sería más apropiado describir la Ley Sherman como una ley en contra de las bajadas de precios.
Finalmente, podría argumentarse que los trusts estuvieran practicando precios predatorios, es decir, que estuvieran poniendo precios por debajo de sus costes para eliminar a los competidores. Pero en más de un siglo de búsqueda de un monopolio demostrado en el mundo real creado realmente por precios predatorios, todavía no se ha encontrado un ejemplo. Más aún, los precios cobrados por los trusts del siglo XIX continuaron cayendo durante más de una década. ¿Qué empresario racional continuaría manteniendo los precios por debajo del coste durante más de diez años?
En suma, los trusts del siglo XIX no eran culpables de las acusaciones contra ellos del senador Sherman. No hay evidencias consistentes de que hubieran restringido su producción para aumentar los precios.
El gobierno: El origen real del monopolio
Parece que una función de la Ley Sherman era desviar la atención del público de una fuente más segura de monopolio: el gobierno. A finales del siglo XIX, los aranceles eran una importante fuente de restricciones comerciales, pero la Ley Sherman no tenía ninguna disposición para atacar a los aranceles o cualquier otra barrera creada por el gobierno a la entrada competitiva. De hecho, existen evidencias de que una importante función política de la Ley Sherman fue la de servir como cortina de humo detrás de la cual los políticos podían conceder protección arancelaria a sus votantes de grandes empresas, al tiempo que aseguraban al público que se estaba haciendo algo con respecto al problema del monopolio.
En una declaración particularmente reveladora durante los debates sobre la ley antitrust, el senador Sherman atacaba a los trusts diciendo que “Subvirtieron el sistema arancelario, menoscabaron la política del gobierno de proteger (…) a la industria estadounidense imponiendo tasas a los bienes importados”. (Página 4100). Indudablemente es una declaración extraña del autor de la “carta magna de la libre empresa”. Pero la creciente producción y los precios reducidos en estos sectores crecientemente eficientes aparentemente eliminaban los beneficios de monopolio generados previamente por los aranceles. Esto operaba contra los objetivos de las industrias protegidas y de sus defensores en el legislativo, incluyendo el senador Sherman.
Aun más incriminatorio es el hecho de que sólo tres meses después de que se aprobará la Ley Sherman, el senador Sherman, como Presidente del Comité de Finanzas del Senado, apoyó la legislación popularmente conocida como “ley de aranceles de los contribuidores a las campañas”, que aumentó enormemente los tipos arancelarios. El 1 de octubre de 1890, el New York Times reportaba: “La ley de aranceles de los contribuidores a las campañas pasa ahora al presidente para su firma, que rubricará rápidamente, y los fabricantes favorecidos, muchos de los cuales (…) propusieron y establecieron los tipos [arancelarios] que afectan a sus productos, empezarán a disfrutar de los beneficios de esta legislación”.
El New York Times reportaba además que “el discurso de Mr. Sherman el lunes [29 de septiembre de 1890] no debería pasarse por alto, ya que fue una confesión”. Aparentemente el senador Sherman había eliminado su discurso de las actas del Congreso para “revisarlo”, pero un periodista obtuvo una copia no corregida del original. El New York Times reportaba: “Dirigimos la atención hacia aquellos pasajes [del discurso de Sherman] en relación con asociaciones de fabricantes protegidos, creadas para aprovechar completamente los altos aranceles imponiendo a los consumidores precios fijados por acuerdo después de haber suprimido la competencia. (…) Mr. Sherman cerró su discurso con algunas palabras de advertencia y consejo a los beneficiarios del nuevo arancel. Fue en este caso lo suficientemente sincero como para indicar que no confía del todo en el resultado de la ley. Lo importante que se interpone en el éxito de la ley, dijo, es si los fabricantes de este país permitirían o no libre competencia en el mercado estadounidense. El peligro era que los beneficiarios de la ley se asociaran y engañaran a la gente sobre los beneficios de la ley. Ahora se les ha dado una protección razonable y amplia y si resistieran a la tentación de realizar grandes alegaciones de capital para asociarse y aumentar los precios, podrían esperar una época de gran prosperidad. (…) Sí esperaba, según concluyó el senador, que los fabricantes abrieran las puertas a una competencia justa y sus beneficios para el pueblo. (…) Esperaba que los fabricantes estuvieran de acuerdo en competir entre sí y rechazarían fijar los altos precios que se obtendrían tan fácilmente”.
Por supuesto, el absurdo que el senador Sherman dijera que un arancel proteccionista en realidad ayudaría a los consumidores si se pudiera confiar en los fabricantes para que evitaran aumentar los precios. El único propósito de la protección arancelaria es permitir a los fabricantes nacionales aumentar los precios, o al menos a evitar reducirlos. Esa hipocresía llevó al New York Times a retirar su apoyo a la legislación antitrust. El Times concluía: “La llamada ley antitrust fue aprobada para engañar al pueblo y abrió el camino para la aprobación de esta (…) ley en relación con los aranceles. Se ideó para que los órganos del partido pudieran decir a los opositores a la extorsión arancelaria y las asociaciones protegidas: ‘¡Mirad! Hemos atacado a los trusts. El Partido Republicano es el enemigo de todos esos círculos’. Y ahora el autor de todo esto solo puede ‘esperar’ que los círculos se disolverán por acuerdo propio”. Así que la Ley Sherman parece haber sido aprobada para ayudar a que la atención pública se dirigiera lejos del proceso de monopolización a través de la protección arancelaria.
La Ley Sherman obtuvo votos de legisladores y contribuciones de campaña de granjeros y pequeños empresarios, que pensaban que la regulación antitrust les protegería de sus competidores más eficientes, y la ley arancelaria fue apoyada por todos los fabricantes de EEUU, tanto grandes como pequeños. Por tanto, en un sentido político, la Ley Sherman fue muy eficiente. El propio Congreso parece haber sido uno de los principales grupos de intereses especiales que se benefició de la legislación antitrust.
Los economistas y la aparición del antitrust
Aunque hoy la mayoría de los economistas están a favor de una regulación antitrust más estricta, desde la década de 1880 hasta la de 1920 la profesión económica expresaba una oposición casi unánime al antitrust. Cuando Sanford Gordon investigó en revistas profesionales de ciencias sociales y artículos y libros escritos por economistas antes de 1990, descubrió que: “Una gran mayoría de los economistas reconocía que cabía esperar un movimiento de asociación, que los altos costos fijos hacían económicas las empresas a gran escala, que la competencia bajo estas nuevas circunstancias generalmente ocasionaba una competencia a degüello, que los acuerdos entre productores eran una consecuencia natural y que la estabilidad los precios generalmente producía armas beneficio qué daño a la sociedad. Parecían rechazar la idea de que la competencia estuviera en decadencia o no mostraban miedo a una decadencia”. [Sanford Gordon, “Attitudes Toward the Trusts”, p. 158].
George Stigler también advirtió la desaprobación inicial de los economistas hacia el antitrust: “Durante demasiado tiempo, los estudiantes de la historia de la política antitrust han estado al menos algo perplejos por la frialdad con la que acogieron la Ley Sherman los economistas estadounidenses. ¿No fue el siglo XIX el periodo en el que los efectos benevolentes de la competencia fueron más ampliamente elogiados? ¿No debería haber alabado la profesión a un Congreso que buscaba legislar su suposiciones de los libros de texto para ponerlas en práctica?” [George Stigler, “The Economists and the Problem of Monopoly”, American Economic Review (Mayo de 1982): 1]. Stigler ofrecía tres explicaciones posibles. Primera, los economistas no apreciaron la importancia de la colusión tácita. Segunda, tenían demasiada confianza en otras formas de regulación para tratar los monopolios. Tercera, subestimaban la renta que recibirían como consultores antitrust.
Estas explicaciones son razonables, pero puede que haya una razón aún más importante para la transformación de las actitudes de los economistas hacia el antitrust. A finales del siglo XIX la mayoría de los economistas veía la competencia como un proceso dinámico de rivalidad, similar a la teoría de la competencia que aparecía la obra de Adam Smith y los economistas austriacos actuales. Consecuentemente, tendían a considerar las fusiones como una consecuencia natural de la lucha competitiva y no como algo con lo que se debía de interferir con una legislación antitrust. [La siguiente explicación se basa en T.J. DiLorenzo y Jack C. High, “Antitrust and Competition, Historically Considered”, Economic Inquiry (Verano de 1988)]. Aunque algunos sectores se estaban concentrando más a finales del siglo XIX, la rivalidad seguía siendo tan fuerte como siempre, como atestiguan la rápida expansión de la producción y el declive de los precios. Así que los economistas del momento no veían ninguna razón para interferir en los procesos del mercado con regulación antitrust.
A partir de la década de 1920, los economistas matemáticos desarrollaron el llamado modelo de competencia perfecta y este remplazó la teoría anterior. Para los economistas, la competencia ya no significaba rivalidad y emprendimiento. Por el contrario, significaba la ecuación de precio y coste marginal. Más importante, significaba que debía haber “muchas” empresas en sectores “no concentrados”. Una vez los economistas empezaron a definir la competencia en términos de estructura de mercado, se vieron cada vez más atraídos por la regulación antitrust como una manera de obligar al mundo de la empresa a ajustarse a su teoría claramente irreal de la competencia.
El economista Paul McNulty ha señalado: “Los dos conceptos [de competencia] no solo son distintos: son esencialmente incompatibles. La competencia pasó a significar, con los economistas matemáticos, una situación en la que en una situación hipotética la rivalidad empresarial (…) no existe por definición”. [Paul McNulty, “A Note on the History of Perfect Competition”, Journal of Political Economy (Agosto de 1967): 398]. F. A. Hayek ha hecho una declaración todavía más enérgica: “Lo que explica la teoría de la competencia perfecta es difícil afirmar que pueda llamarse competencia en absoluto y (…) sus conclusiones son de poca utilidad como guía para políticas”. [F.A. Hayek, “The Meaning of Competition”, en F.A. Hayek, Individualism and Economic Order (Chicago: University of Chicago Press, 1948), p. 92]. Además, escribía Hayek, “Si el estado de cosas supuesto por la teoría de la competencia perfecta hubiera existido alguna vez, no solo habría privado de espacio a todas las actividades que describe el verbo ‘competir’, sino que las habría hecho virtualmente imposibles”. Publicidad, diferenciación de producto y rebaja de precios, por ejemplo, están excluidas por definición en un estado de competencia “perfecta”, que, según Hayek, “significa en realidad la ausencia de toda actividad competitiva”.
Los economistas que usan la estructura del mercado para medir la competencia es probable que tengan una actitud favorable hacia la regulación antitrust. Stigler afirmaba hace más de 30 años: “Una de las suposiciones de la competencia perfecta es la existencia de una Ley Sherman”. [George Stigler, “Perfect Competition, Historically Contemplated”, Journal of Political Economy (Febrero de 1957): 1]. Por el contrario, para los economistas de siglo XIX una ley antitrust era incompatible con la rivalidad y la libre empresa. El modelo de competencia perfecta y su corolario, el paradigma de estructura-conducta-rendimiento de la teoría de la organización industrial, han confundido seriamente a la profesión económica, al menos en lo que se refiere a la política antitrust.
Conclusión
Las dos razones principales de la paradoja de los economistas antitrust son por tanto la falta de conocimiento histórico (especialmente acerca de los acontecimientos económicos reales de finales del siglo XIX) y la falta de apreciación de que la competencia debe considerarse un procedimiento descubrimiento dinámico, como dice Hayek. Los economistas que creen que hubo una vez una “edad de oro del antitrust” nunca han mostrado ninguna evidencia de dicha edad. Como ha demostrado este trabajo, la Ley Sherman fue una herramienta utilizada para regular algunos de los sectores más competitivos en Estados Unidos, que estaban expandiendo rápidamente su producción y reduciendo sus precios, para desgracia de sus competidores menos eficientes (pero influyentes políticamente). Además, la Ley Sherman se usó como hoja de parra política para ocultar la causa real de los monopolios en el proteccionismo de finales de la década de 1880. El principal patrocinador de la ley de aranceles de 1890, aprobada sólo tres meses después de la ley Sherman, fue nada menos que al propio senador Sherman.
A finales del siglo XIX, la mayoría los economistas veía la competencia como un proceso dinámico de rivalidad, de forma muy parecida a la teoría austriaca contemporánea. Consecuentemente, se oponían casi unánimemente al antitrust, porque una ley así sería inherentemente incompatible con la rivalidad. Una vez la profesión económica adoptó la teoría de la competencia “perfecta”, que, como ha dicho Hayek, significa “la ausencia de toda actividad competitiva”, también adoptó la regulación antitrust. Pues una vez la competencia pasó a significar “muchas” empresas y la ecuación de precio y costes marginales, en lugar de rivalidad dinámica, la mayoría de los economistas se convencieron de que se necesitaban leyes antitrust para forzar a los mercados en la dirección de su modelo ideal de competencia “perfecta”. Consecuentemente, el antitrust ha sido durante más de un siglo una enorme rémora sobre la competencia, haciendo a la industria estadounidense menos productiva y menos competitiva en los mercados mundiales. Robert Bork podrían no haber estado exagerando cuando, al escribir en su libro The Antitrust Paradox, señalaba que si el gobierno forzara a la economía hacia un “equilibrio competitivo”, tendría aproximadamente el mismo efecto sobre la riqueza personal que varias explosiones nucleares colocadas estratégicamente.
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