Está claro que algunas de las llamadas solo se dirigen a los más ingenuos, como las de algunos “servicios de tarjetas” genéricos, que por alguna razón representan a Visa, Mastercard y todos los grandes bancos y quieren aumentar los límites de crédito.
Tom Woods pudo haber tenido el mismo problema. Hace dos semanas, recibió llamadas supuestamente de Hacienda sobre devoluciones a las que tenía derecho, pero que se resolverían en los tribunales con una tarjeta de regalo de Target de 2.000$, evidentemente. Woods acabó ofreciendo animales del zoo como forma de pago y el estafador se dio cuenta de que le habían pillado.
Donde ha fracasado el Do Not Call Registry del gobierno, ha llegado al rescate una app gratuita de móvil. Mr. Number, de Hiya, bloquea potenciales llamadas de estafa, basándose en reportes de usuario.
Mr. Number bloquea las llamadas cuando un número suficiente de usuarios de la app la señalan como una estafa. Es un proceso muy sencillo y eficaz.
Es un buen ejemplo del uso de conocimiento descentralizado y, con más de diez millones de descargas, hay mucho conocimiento a compartir.
Comparemos este método con el de la FTC. Si recibes una llamada no deseada en tu teléfono, puedes ir a donotcall.gov y rellenar una queja, lo que implica rellenar un largo formulario de tres páginas, con tu información personal y todo lo que sepas acerca del que llama. El formulario probablemente se incluya en una gran base de datos para no ser usado o visto nunca de nuevo. Es un proceso muy complejo e inútil.
También mantienen los números de teléfono de la gente en una lista que prohíbe legalmente las llamadas de publicidad. Sin embargo, al igual que cualquier tipo de prohibición legal (armas, drogas, alcohol, etc.), eso sólo detiene a los publicistas que obedezcan la ley.
Sin embargo, incluso las empresas que tratan de cumplir con todas las normas a veces tienen problemas. Sprint tuvo un fallo en un servidor que hizo que perdiera los datos de su lista interna de teléfonos a los que no llamar, lo que hizo que tuviera que pagar una enorme multa de 7,5 millones de dólares.
Mr. Number es también un gran ejemplo de la eficacia de la aplicación privada de normas. Si el gobierno descubre que la gente no está siguiendo sus normas y es una prioridad que esas normas se apliquen, casi invariablemente responde (1) aumentando los recursos de aplicación de la ley dedicados a detectar y arrestar personas y/o (2) aumentando la severidad de los castigos mediante multas mayores y condenas a prisión más largas. Si no es una prioridad, como parece ser Do Not Call Registry, entonces el gobierno hace poco o nada.
Un error común de percepción es que el estado tiene una ventaja comparativa en la aplicación de la norma, porque tiene un monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Pero, cuando se piensa en ello, solo una cantidad relativamente pequeña del orden que observamos se debe al uso o amenaza de uso público de fuerza. Los economistas tienen parte de la culpa en este error de percepción.
Gary Becker, un pionero en el campo de la economía del delito modelaba el comportamiento criminal como una simple comparación de los beneficios de la actividad criminal frente a los costes del castigo, en concreto, la probabilidad de ser arrestado y la longitud del encarcelamiento.
Sin embargo, todos podemos pensar en oportunidades que hemos tenido, ya sea un paquete dejado delante de la puerta de alguien o viendo objetos valiosos en un garaje desatendido, en las que decidimos no cometer delitos, aunque sepamos que nuestra probabilidad de ser capturados sea cercana a cero. De hecho, la inmensa mayoría de los delitos reportados a la policía no se resuelve.
Tomando literalmente los modelos de Becker, la mayoría deberíamos de cometer muchos más delitos. Pero, como no lo hacemos, debe ser que otros factores distintos de la amenaza de castigo público nos influyen con respecto a la propiedad.
La mayoría de las empresas no cometen fraudes, no porque teman el castigo público, sino porque es una mala estrategia de negocio a largo plazo. La reputación es mucho más valiosa que cualquier tipo de ingresos a corto plazo obtenidos mediante fraude.
Hay otra área en la que los esfuerzos privados, especialmente en las apps de los móviles, han hecho uso de conocimiento descentralizado para aplicar normas de una forma mucho más eficaz de la que podría hacerlo la fuerza bruta. Los creativos diseñadores de apps han encontrado modos innovadores de resolver problemas y han hecho que varios servicios públicos sean irrelevantes u obsoletos. Apps como Yelp! probablemente hayan hecho más por asegurar la calidad de la comida de los restaurantes que todos los inspectores de sanidad alimentaria juntos.
¿Con esa cantidad de dispositivos y apps de información al consumidor como Mr. Number, necesitamos siquiera una FTC? ¿Qué tipo de app reemplazará a nuestros actuales agentes de seguridad?
El artículo original se encuentra aquí.
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