La deuda pública española alcanzó en junio su máximo histórico: 1,107 billones de euros, a saber, 23.850 euros por español o 60.350 euros por familia. Desde que comenzó la crisis, allá por finales de 2007, tal cuantía se ha disparado en 723.500 millones de euros (15.500 euros por persona y 39.500 por hogar).
Suele decirse, con parte de razón, que la deuda pública jamás se paga, sino que sólo se refinancia. Pero para lograr refinanciar la deuda pública necesitamos colocarla en los mercados a intereses suficientemente atractivos para los inversores… y esos intereses sí se pagan cada año con cargo al presupuesto. A día de hoy, el tipo de interés medio de la deuda en circulación ronda el 3%, lo que significa que cada ciudadano promedio está abonando por año unos impuestos extraordinarios de 715 euros sólo en concepto de intereses de la deuda pública (cada familia, unos 1.810 euros). Tales importes son prácticamente el doble de los que soportábamos antes de la crisis.
Pero el horizonte es caso más inquietante: si en el futuro tuviéramos que refinanciar los actuales volúmenes de deuda pública a tasas históricamente más habituales —entre el 4,5% y el 5%—, el gasto anual de intereses aumentaría hasta una horquilla de entre 1.075-1.190 euros por español (o de 2.715-3.020 euros por familia). Todos aquellos que durante estos días han querido minimizar la importancia del estallido de la deuda pública así como sus efectos adversos sobre la economía deberían plantearse si esta extraordinaria mordida en concepto de pago de intereses resulta irrelevante o si, en cambio, constituye un oneroso lastre —y un elevado riesgo potencial— para las espaldas financieras de los españoles.
Acreditado el despropósito que ha supuesto el hiperendeudamiento del sector público durante los últimos años, queda por resolver quién ha sido el culpable de este desparrame obsceno de los pasivos estatales. Y atendiendo a las frías cifras, parece que las culpas son absolutamente compartidas entre Zapatero y Rajoy: entre 2004 y 2011 (etapa Zapatero), la deuda pública se disparó en 360.000 millones de euros; entre 2011 y mediados de 2016 (etapa Rajoy), lo hizo en 363.000 millones de euros. Es decir, en cuatro años y medio, el hiperaustero Rajoy ha disparado la deuda pública un poquito más de lo que lo hizo el hipermanirroto Zapatero en ocho años.
Los hinchas ciegos de Rajoy, sin embargo, tratan de excusar su pésima gestión de las finanzas públicas aseverando que la mayor parte del aumento de la deuda pública durante su legislatura fue responsabilidad de los pasivos ocultos que legó Zapatero: facturas en los cajones (lo que forzó a aprobar el plan de pago a proveedores), descapitalización de la banca (lo que obligó a aprobar el plan de rescate bancario), pagos comprometidos por la administración socialista (como parte de las aportaciones a los rescates de Grecia, Irlanda o Portugal o la participación estatal en el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico), etc. Dicho de otro modo, todas esas deudas ya existían con anterioridad al advenimiento mesiánico de Rajoy por mucho que no se hallaran reconocidas en la contabilidad del sector público: por consiguiente, es injusto imputárselas al presidente popular.
No negaré que el argumento para eximir a Rajoy de haber endeudado a los españoles más que Zapatero tiene su parte de razón: no sería justo imputarle al PP el afloramiento de deudas contraídas previamente a su llegada a La Moncloa. Ahora bien, seamos conscientes de que este argumento también presenta sus debilidades. A la postre, las dos principales emisiones extraordinarias de deuda con las que ha tenido que cargar Rajoy han sido el rescate a las cajas y el plan de pago a proveedores: el rescate a las cajas ha estado en buena medida motivado por la bancarrota de entidades controladas por el PP (como Bankia) y el plan de pago a proveedores también se vinculaba en parte con administraciones (autonomías y ayuntamientos) regentadas por el PP. Dicho de otro modo, si es injusto imputarle al PP de Rajoy toda la deuda oculta que tuvo que reconocer tras la salida de Zapatero, también es injusto eximirle de la totalidad de esa deuda.
Pero no importa. Con tal de blindarnos frente a esta objeción, vamos a efectuar el siguiente ejercicio: excusaremos a Rajoy de toda la emisión de deuda no vinculada directamente con sus desequilibrios presupuestarios (es decir, por la emisión de deuda para rescatar a la banca, para financiar el FADE, para participar en el MEDE y el FEEF, para sufragar el plan de pago a proveedores y para otro conjunto de cuestiones menores) e imputaremos todas esas emisiones extraordinarias al último año de la etapa Zapatero (como si el líder socialista se hubiera dedicado a aflorar tales pasivos ocultos antes de abandonar La Moncloa). Para ello, echaremos mano de la exhaustiva recopilación al respecto efectuada por el Banco de España.
Pues bien, con esta metodología extremadamente favorable para Rajoy, la deuda pública española se incrementa en 410.000 millones de euros durante los ocho años de Zapatero (51.250 millones por año) y en 331.000 millones de euros durante los cuatro años y medio de Rajoy (73.500 millones por año). En otras palabras, Zapatero recupera el puesto de campeón de la emisión de deuda pública (aunque en términos anuales lo sigue siendo Rajoy), pero la distancia con respecto al presidente del PP no es desbocadamente acusada como para calificar al primero de salvaje manirroto y al segundo de paladín de la austeridad.
Y, de hecho, si corrigiéramos estos datos por las variables antes mencionadas —no toda la quiebra de las cajas es responsabilidad de Zapatero; el PP podría haber optado por no salvar a las cajas con capital público sino aplicando el bail-in; el retraso de pagos a proveedores también era responsabilidad de administraciones populares, etc.—, a buen seguro ambos dirigentes quedarían empatados en prodigalidad deudora. En materia de endeudamiento público, tanto monta, monta tanto, Zapatero como Rajoy.
Si algo ha faltado en España desde 2007 ha sido austeridad estatal: y, justamente por ello, el volumen de pasivos estatales se ha prácticamente triplicado en dos legislaturas. Un desastre sin paliativos del que son corresponsables los socialistas y los populares: un desastre sin paliativos que, pese a ello, pagaremos todos los españoles.
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