España es un país altamente deficitario en cultura emprendedora, reflejo inequívoco de nuestra baja competitividad, así como del voraz intervencionismo estatal y la rigidez económica que padecemos (Manuel Llamas).
La situación del “Autónomus Hispanicus”, o autónomo español, bien podría explicarse empleando el título de la famosa película de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, pues tres son los actores que intervienen en este juego de suma cero. A saber:
Por un lado tenemos al Bueno, que es el autónomo que paga religiosamente todas las cuotas e impuestos que le impone el Estado. Este sujeto es tan bueno que paga todos los tributos, gane o no gane dinero. Para el lo primero es ser legal; tener dinero para comer y para otros gastos básicos es importante pero secundario; los tributos por encima de todo.
Por otro lado tenemos al Feo, que es el autónomo que cobra en B. Aquí cabrían aquellos que no declaran su actividad porque no quieren pagar impuestos, pero también, aquellos que deciden no pagarlos porque necesitan ese dinero para comer o adquirir otras cosas esenciales para la supervivencia personal, familiar o de su propio negocio.
Por último tenemos al Malo, papel que protagoniza el Estado, concretamente sus brazos recaudadores: la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, quienes exprimen al autónomo todo lo que pueden y más.
Hecha esta clasificación, pasemos a ver ahora como interactúan estos actores en la vida real.
Caza de brujas
El expolio fiscal al que está sometido un autónomo en España es un freno importante, no sólo a la hora de iniciar un negocio, sino también a la hora de salir adelante con el. Debemos tener en cuenta, que de todo lo que factura debe descontarse tres conceptos: la cuota de autónomos, IVA e IRPF.
Actualmente, la cuota mínima de autónomos es de 265 euros mensuales; además, al ser una cuota fija no tiene en cuenta si se ha facturado mucho, poco o nada. Por lo tanto, si el trabajador factura 3.000 euros paga 265 euros (un 8,8% de lo facturado); si factura 1.000 euros sigue pagando igualmente 265 euros (un 26,5% de lo facturado); o si factura 200 euros, estos irán íntegros para el Estado y el trabajador aun tendrá que sacar los 65 euros restantes de donde sea (asumimos en este ejemplo que el autónomo es un buenazo).
Ante esta situación tan absurda, preguntémonos lo siguiente: ¿acaso el trabajador por cuenta ajena tiene que pagar por buscar trabajo?, ¿por qué entonces el autónomo tiene que pagar cuando busca a sus clientes y no ha facturado nada? esto es un despropósito y un atentado contra el sentido común (en otros países esta cuota es simbólica (Inglaterra) o se calcula en función de lo que se ha facturado (Francia).
A esto tenemos que añadirle el IVA, que se lleva un 21% de lo facturado; y aunque el trabajador tiene derecho a reembolsarse el IVA que ha pagado a otros vendedores, en España no te lo devuelven directamente (es un descuento para la siguiente declaración anual). En otros países, como en Alemania, lo devuelven en la cuenta bancaria cada mes y el trabajador está exento de pagarlo si se ingresan menos de 1.700 euros mensuales.
Y por si toda esta rapiña no fuera suficiente, al trabajador autónomo aun le quedará por pagar el IRPF, que se llevará como mínimo un 15% de lo facturado. Y aunque le devuelvan una parte, no podrá contar con ese dinero, ya que el Estado no se lo devolverá hasta el año siguiente.
Tenemos así, que un trabajador autónomo que logre facturar en un mes 1.500 euros, tras la rapiña estatal, conservará en su cuenta corriente 695 euros, aproximadamente.
El Estado del bienestar como justificación del expolio
Este es quizás uno de los temas más delicados de tratar, pues supone poner a examen a nuestro intocable Estado del Bienestar. Sin embargo, es de rigor hacerlo para sacar a la luz los fallos e incoherencias del sistema.
Y es que hay que decirlo alto y claro: el problema que sufre el autónomo (pero también el trabajador por cuenta ajena) deriva del mantenimiento del propio sistema que dice protegerle; esto es, del Estado del Bienestar (que en realidad es el bienestar del Estado); el cual no olvidemos, se mantiene a costa del contribuyente (los servicios gratuitos no existen).
Tenemos así, que el Estado del Bienestar hace posible situaciones de total desprotección, por el propio hecho de anteponer el pago de unos tributos a las necesidades más básicas de las personas. Veamos porqué: si un autónomo quiere ser legal al 100%, tendrá que sacrificar, para empezar, 265 euros. Esto implica que si un mes no cobra nada, tendrá que pagar antes ese tributo que la comida o cualquier otro bien básico que necesite para sobrevivir. Y eso por no hablar de todos los impuestos indirectos que tendrá que abonar por consumir esos bienes.
Esto, en el caso de que el autónomo no logre cobrar nada; pero ¿que pasa si consigue facturar 1.000 euros al mes? pues que seguirá sumido igualmente en la pobreza: quitemos a esos 1.000 euros el 21% de IVA, el 15% de IRPF y los 265 euros de cuota de autónomos. Eso dejará su sueldo en 375 euros mensuales. ¿Puede una persona con ese dinero satisfacer sus necesidades más básicas? evidentemente no.
Y es que para que un autónomo sea mileurista, es decir, para que gane 1.000 euros limpios, debe facturar más de 2.000 euros al mes.
Por esa razón afirmo, y con total contundencia, que el Estado del bienestar prioriza el pago de unos tributos a las necesidades más básicas de las personas;y aquellas más pobres son precisamente las más perjudicadas. Preguntémonos si no: un autónomo que malviva con 375 euros/mes (que recordemos, es lo que le queda de facturar 1.000 euros) ¿cuánto podría comer de más si el Estado no le hubiera quitado todo ese dinero? pues prácticamente el triple.
¿Se entiende ahora por qué existen autónomos cobrando en B? precisamente es eso lo que incentiva el Gobierno, pues ser legal en este país cuando no se ha facturado lo suficiente como para cubrir las necesidades más básicas de la persona, expone al autónomo a una situación de pobreza y le impide prosperar.
Cuando el Gobierno expolia vilmente a las personas, las posibilidades de salir adelante disminuyen; por lo tanto, no es de extrañar que la solución por la que opten muchos sea la evasión fiscal. Mientras la gente no pueda satisfacer sus necesidades más básicas, es lógico que no quieran declarar ni un sólo euro.
Al final, si nos limitamos a obedecer sin más, sin poner en duda de si lo que es legal es justo, dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en esclavos.
Autónomos tirando piedras en sus tejados
Pero aquí no acaba la cosa; entre los propios autónomos existen también personas (y colectivos) que parecen estar dispuestas a justificar tal expolio y empeorar aun más las cosas. Dos ejemplos muy ilustrativos:
El CEO de una de las webs de autónomos más conocida en España, Infoautónomos, justifica claramente el expolio fiscal al que estamos sometidos los propios autónomos; y para ello, no duda en emplear la misma retórica engañosa que la Agencia Tributaria exhibe en sus deplorables anuncios (minuto 9:00-10:30 de este vídeo).
A mi, y a otros muchos autónomos, nos irrita oír esas cosas; por no hablar luego de la poca coherencia mostrada, pues por un lado justifica el expolio fiscal, pero luego por otro, se dedica a hacer ponencias para pagar menos impuestos.
Otra barrera la encontramos en las propias asociaciones de autónomos. Como muy bien denuncia el Think Tank liberal, El Club de los Viernes, estas asociaciones repiten machaconamente que los autónomos quieren ser como los demás, como los trabajadores por cuenta ajena; porque según ellos, los autónomos están discriminados y reciben menos prestaciones que el resto de trabajadores.
Sin embargo, detrás del mantra “los autónomos estamos discriminados”, se persigue la falaz equiparación del autónomo al asalariado, cuando son figuras sustancial y conceptualmente distintas. Pero lo peor es que esa carrera en pos de derechos, en realidad no es más que una carrera hacia la imposición de obligaciones y la pérdida de libertad en la autogestión por parte de los trabajadores autónomos.
Así, el autónomo ha perdido la gran libertad que tenía para elegir su base reguladora, que marcaba la base sobre la que quería cotizar a la Seguridad Social. “Gracias” a estas asociaciones, el tipo de cotización de los autónomos se ha encarecido un 30% a lo largo de la crisis. Si antes de la Gran Recesión se movía en niveles del 26,5%, ahora vemos que dicho umbral se ha elevado hasta el 34,5%.
Las continuas reformas legislativas han ido limitando la libre elección de la base de cotización a base de introducir nuevas prestaciones (prestación por incapacidad temporal, cobertura por accidente de trabajo desde el primer día, prestación de cese de actividad -paro de autónomos- y formación) que, o bien son prescindibles para muchos autónomos, o bien se pueden contratar también de manera privada. Todo eso mina el consumo y el ahorro de los autónomos, al tiempo que aumenta la carga fiscal que soportan.
Al final, el encarecimiento de estas obligaciones resta 859 euros anuales a los autónomos que cotizan por la base mínima y 3.505 euros por ejercicio a quienes lo hacen por la base máxima.
El hecho es que las asociaciones de autónomos avalan estas medidas, en medio de su preocupación por recibir subvenciones en vez de ayudar a sus asociados. Esto es, en vez de luchar por la libertad de sus asociados y la reducción de sus costes, se dedican a pelearse por ver quién de ellos se sienta en los Consejos del Trabajador Autónomo y de la Pyme y en las Juntas Directivas de las Mutuas de la Seguridad Social.
Todas esas conquistas del trabajador autónomo son en realidad conquistas para las propias asociaciones y no para quienes tendrán que pagarlo: sus asociados. No en vano, los fondos de formación vienen siendo un jugoso negocio y fuente de chanchullos para los sindicatos de “clase”, organizaciones a las que las asociaciones de autónomos quieren equipararse a toda costa.
Estas asociaciones se han arrogado una representatividad de la que carecen, pero que los Gobiernos han reconocido, deseosos de encontrar un interlocutor único con el que negociar y repartir promesas y dádivas electorales entre este colectivo.
Soluciones al problema
Al final queda claro, que la solución al problema de los autónomos no pasa por las asociaciones que dicen representarlos, sino que debe articularse mediante partidos políticos que defiendan realmente a este colectivo. El problema es que PP y PSOE tienen un gran negocio montado a costa de ellos y eso ha propiciado que mucha gente pierda la esperanza y no espera ya nada de los políticos.
Pero afortunadamente hay esperanza; gracias a la aparición de nuevos partidos, la dictadura fiscal a la que se han visto sometidos los autónomos (y también los trabajadores por cuenta ajena) podría llegar a su fin.
Veamos por tanto cuáles son las propuestas de estos partidos, centrándonos para ello en los tres puntos principales que más afectan financieramente a este colectivo: cuota de autónomos, IVA e IRPF (puedes ampliar la tabla haciendo clic sobre ella).
Al final es evidente que las propuestas de estos partidos suponen un paso adelante con respecto a la situación que han dejado PP y PSOE (con la excepción de Podemos, que a pesar de mejorar la carga de la cuota de autónomos, propone endurecer aun más el IVA, IRPF e impuesto de sociedades).
De entre estos partidos, merece la pena destacar las propuestas del Partido Libertario, el cual propone eliminar la cuota de autónomos, reducir IVA, IRPF y sociedades a sus niveles más bajos, y progresivamente, lograr su completa abolición (en IRPF y sociedades).
Por lo tanto, siendo totalmente objetivos, el Partido Libertario se proclamaría como la mejor opción para el trabajador autónomo, pues al final es el que más dinero dejaría en sus manos (y no en las del Estado), para que este lo emplease como mejor dispusiese.
En nuestras manos queda por tanto tomar la decisión política que mejor se ajuste a nuestro bolsillo. Y es que al final, cuando más dinero conservemos en nuestras manos, menos problemas económicos tendremos para sacar nuestro negocio adelante.
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