miércoles, 31 de agosto de 2016

No todas las políticas malas son socialistas, por Mises Hispano.

Beware_pickpockets

Beware, PickpocketsNo todas las críticas de los mercados o los derechos de propiedad son socialistas. Esto podría ser evidente, pero a menudo se pierde en las redes sociales en las incesantes peleas a gritos que rodean la política económica. En círculos de libre mercado, prácticamente cualquier intervención pública se rechaza en estos días por ser “socialista”, con el resultado predecible de que el término haya perdido mucho de su significado.

En cierto sentido, es una desgracia que el socialismo ya no tenga tanto peso como palabra crítica. Si lo tuviera, podría haber hecho algún bien a la hora de compensar la reciente ola de entusiasmo por el “socialismo democrático”. Pero la falta de actitudes críticas hacia la propia palabra socialismo debería en realidad servir como una llamada de atención, un recordatorio de que una sociedad libre no puede defenderse simplemente usando el tipo de argumentos de culpabilidad por asociación que invocamos gritando indiscriminadamente y y el “¡socialismo!” cada vez que alguien propone aumentar los impuestos.

En otras palabras, las etiquetas no son argumentos, y calificar a una política como “socialista” no es lo mismo que criticarla.

Primero, usar la palabra socialismo de una forma acrítica y despectiva disminuye su eficacia. De hecho el abuso del término por parte de los críticos probablemente sea parte de las razones por las que ya no molesta, especialmente entre los jóvenes interesados por el socialismo democrático.

Segundo, el problema no es solo que el abuso del término sea una mala estrategia: también es inapropiada. Para que el socialismo signifique algo, tenemos que restringir su definición y limitar las formas en que lo aplicamos. Sí, eso sí significa sacrificar algunos momentos ocasionales de “¡te pillé!”, pero la recompensa por centrarse menos en las palabras es que podemos a menudo concentrarnos más en las ideas sustanciales que representan.

Por ejemplo, probablemente la idea más común asociada con el socialismo sea el igualitarismo, especialmente las políticas de redistribución de riqueza. De hecho, a menudo parece que los defensores de los mercados libres definan simplemente el socialismo como un tipo de redistribución de riqueza. Pero hay formas importantes en las que dichas políticas no son socialistas (aunque sean objetables desde otra perspectiva).

Una fuente útil sobre este tema es la sección del libro de Mises Socialismo, que explica sistemas económicos “pseudosocialistas”. Estos sistemas incluyen “varias propuestas de expropiación” que pretenden lograr una distribución más igualitaria de la riqueza. Con respecto a estas políticas, Mises señala que:

Los movimientos [históricos] para la reforma la propiedad generalmente culminan con la demanda de igualdad de la riqueza. Todos deberían ser igualmente ricos, nadie debería poseer más o menos que los demás (…) Está claro que esto no es socialismo (…) El socialismo no quiere dividir los medios de producción en absoluto y quiere hacer más que meramente expropiar: quiere producir sobre la base de la propiedad común de los medios de producción. Por tanto, todas esas propuestas, que solo pretendan expropiar los medios de producción no han de considerarse como socialismo; en el mejor de los casos sólo pueden ser propuestas para una vía al socialismo (Mises, 1951, pp. 266-267; cursivas añadidas).

Mises está sugiriendo que la redistribución de riqueza está relacionada con el socialismo, pero no lo abarca completamente. Por supuesto, hay muchos enlaces entre socialismo y políticas de redistribución, pero el núcleo del socialismo es la cuestión de cómo organizar y llevar a cabo la producción cuando los factores de producción son de propiedad pública. Es posible que la redistribución de riqueza sea parte de una estrategia mayor para instituir el socialismo, pero no es eso lo que quieren decir normalmente los economistas cuando discuten políticas económicas socialistas. El punto de vista de Mises en realidad se suma a nuestra comprensión, al darnos un modo más detallado de pensar acerca de cómo interactúan diferentes tipos de políticas y  sistemas económicos.

Por supuesto, podríamos desperdiciar un montón de espacio discutiendo sobre qué significan “realmente” términos como socialismo. Pero no quiero decir que haya una definición correcta del socialismo que deba usarse en todo momento y en todo contexto (aunque sí encuentro que la definición de Mises es la más útil). Por el contrario, estoy sugiriendo que tenemos que evitar usar estas palabras tan ampliamente que se aplican casi universalmente.

Además, deberíamos tener cuidado con las definiciones que elegimos. Aplicar los términos coherentemente significa que debemos a veces refrenarnos y a la hora de usarlos cuando hacerlo puede hacernos ganar puntos retóricos. Al mismo tiempo, nos anima a pensar acerca de los asuntos más profundos implicados. También es importante que nos evita trivializar ejemplos importantes, al igualarlos con otros menores.

Utilizar palabras como socialismo coherente y moderadamente asegura que tendrán más peso cuando necesitemos invocarlas. Es también una respuesta eficaz para oponentes que usen mal su propia terminología, por ejemplo, definiendo términos como “mercado libre” como “todo lo que no me gusta del mundo”.


Publicado originalmente el 22 de agosto de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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La rotunda hipocresía de Tim Cook y Apple, por Mises Hispano.

Tim Cook - Apple

Apple Inc., la empresa de EEUU matriz de docenas de entidades legales extranjeras, ha sido objeto de una sanción fiscal de 14.600 millones de dólares por parte de una comisión de la Unión Europea. Lo esencial de la sanción de la comisión es una supuesta violación de las leyes antitrust, en lugar de una disputa fiscal en sí: se acusa a Apple de negociar un acuerdo conveniente con Irlanda, a cambio de crear allí miles de nuevos empleos. Bajo este acuerdo, Apple supuestamente desvió millones de beneficios internacionales a sus oficinas irlandesas, donde dichos beneficios se gravaban a un tipo muy bajo. Así que otras naciones de la UE en las que operaba o vendía Apple sufrieron pérdidas fiscales, debido a la injusta ventaja competitiva de Irlanda (es decir, a sus tipos fiscales menores). O, como podría decir un burócrata, Apple recibía beneficios fiscales ilegales en Irlanda.

Los políticos y las élites odian visceralmente cualquier forma de competencia fiscal, al menos para la plebe. Véanse, por ejemplo, los actuales trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en busca de la “armonización fiscal” entre sus miembros nacionales. Véase también el odio furioso contra los refugios fiscales “offshore”, que generalmente son países isleños pequeños y relativamente pobres que tratan de atraer clientela bancaria o registros de grandes empresas. El periodista David Cay Johnston, por ejemplo, que nunca vio un impuesto que no le gustara, ha desperdiciado litros de tinta en el New York Times atacando a los estadounidenses ricos que se atreven a tener una cuenta bancaria en las Islas Caimán sin notificarlo apropiadamente al Tío Sam.

Pero al final la competencia fiscal tiende a recompensa a los países sensatos y a castigar a los rapaces. De ahí la necesidad de una casi gobernanza supranacional de organizaciones como la OCDE y el Parlamento Europeo: para impedir que las irlandas del mundo traten a sus contribuyentes un poco mejor.

Aparte de la transferencia extravagante e inoperativa de soberanía nacional a un cuerpo de la UE con difusos poderes fiscales y regulatorios, los problemas de Apple plantean preguntas acerca de su hipocresía y en general de su poder político corporativo. Es muy gracioso ver al CEO de Apple, Tim Cook, repentinamente preocupado por la “soberanía de los estados miembros de la UE”. Cook, después de todo, es un declarado progresista, que probablemente esté a favor del tipo de cuerpos fiscales regulatorios activistas internacionales ejemplificados por los burócratas de la UE. Cree en poner a la gente (y al medio ambiente) por delante de los beneficios, diciendo a los negadores del cambio climático que “no usen” los productos Apple. Y está claro que suscribe la teoría del “stockholder” de la responsabilidad corporativa.

Presumiblemente también está a favor de la distribución de la renta de los ricos a los pobres y Apple ciertamente puede calificarse como lo primero: su misterioso fondo de inversión está plagado de miles de millones en efectivo. Sin embargo, el uso expreso de Apple de refugios offshore para defender sus rentas frente a Hacienda difícilmente se ajusta a su imagen de empresa como innovadora de alta tecnología preocupada por los asuntos sociales (por ejemplo, fijémonos en sus críticas a su estado de origen, Alabama). Y ahora la empresa, a través de un portavoz, se limita a repetir que “paga lo que debe”. No lo que tendría que deber, ni una cantidad necesaria para sostener una robusta red de seguridad, ni su parte justa, solo lo que debe. No me suena muy progresista. Después de todo, Mr. Cook, ¿no son todos los europeos stockholders en Apple?

Hipocresía aparte, el dilema de Apple plantea algunos puntos básicos pero importantes acerca de los impuestos, puntos que el Congreso y los progresistas nunca parecen entender:

Nuestro sistema “mundial” de impuesto de la renta es particularmente malo

EEUU es un uno de sólo un puñado de países con un sistema fiscal “mundial”. Esto significa que los ciudadanos de EEUU, los residentes de EEUU y las organizaciones establecidas en EEUU deben pagar impuestos al IRS basándose en su renta mundial y, en lugar de solo en su renta de origen estadounidense. La única salida a este caluroso abrazo, al menos para los ciudadanos, es directamente de la expatriación.

Pensemos en un canadiense nacido de padres ciudadanos de EEUU, que es por tanto ciudadano estadounidense de nacimiento. ¡Este hipotético canadiense (que nunca ha puesto un pie en EEUU, ni tiene propiedades ni inversiones en EEUU, ni tiene tratos comerciales con nadie en EEUU) debe hacer una declaración del impuesto de la renta de EEUU y pagar dicho impuesto de la renta durante toda su vida! (Por supuesto, hay desgravaciones disponibles para impuestos extranjeros pagados, pero el principio se mantiene). Esta sorprendente realidad ha desempeñado un papel importante a la hora de convertir el pasaporte de EEUU de una de las posesiones más buscadas del mundo a una rémora fiscal.

Por el contrario, la mayoría del mundo (incluyendo la mayoría de las naciones de la OCDE) tiene sistemas fiscales “territoriales”. En un sistema territorial, Reino Unido grava a los británicos solo por su renta con origen en Reino Unido. Si un británico abandona el país, es libre de vivir y trabajar en el exterior sin preocuparse por pagar los impuestos de su nación. Imaginaos eso: el concepto de que una jurisdicción política solo debería gravar actividad que se realice dentro de sus fronteras.

Los impuestos de EEUU crean un incentivo para no repatriar ganancias en el exterior

Las empresas de EEUU con operaciones multinacionales no quieren atesorar efectivo en las filiales en el exterior. Por el contrario, la dirección generalmente quiere repatriar las ganancias en el exterior para gastos de capital, innovación, I+D o incluso (glup) para pagar dividendos a los accionistas.

Aun así, el incentivo abrumador es dejar las ganancias extranjeras en el país extranjero. A pesar de nuestro sistema mundial, la matriz de EEUU no paga impuestos sobre esas ganancias hasta que se producen realmente, es decir, cuando se paga realmente un dividendo de la filial a la matriz. Al contrario que los dividendos pagados por las filiales nacionales a las matrices de EEUU, los dividendos extranjeros generalmente no pueden emplearse para deducciones.

Los directores corporativos son juzgados por el rendimiento financiero general de la entidad en todo el mundo y no quieren que las ganancias se vean gravadas tres veces: primero en la jurisdicción, luego en el impuesto de sociedades de EEUU y finalmente en el impuesto de la renta de los accionistas. Así que normalmente esperan al momento oportuno (digamos un año en que la matriz de EEUU tiene pérdidas fiscales) para repatriar las ganancias en el extranjero. Es un caso sencillo de consecuencias fiscales que afectan a decisiones de negocio. El aplazamiento de los impuestos es la segunda mejor cosa que se puede hacer después de no pagarlos en absoluto.

El Congreso no lo ha ignorado del todo, pero, como era predecible, prefirió el palo a la zanahoria cuando aprobó las ahora denostadas normas “Subparte F” (llamada así su posición subordinada en un capítulo del Código de Ingresos Internos) a principios de la década de 1960. La Subparte F trataba de imponer un régimen terriblemente complejo contra los aplazamientos a las corporaciones multinacionales, pero en su mayor parte lo que hizo fue crear enormes oportunidades para los abogados fiscales. Hoy el Congreso está más dispuesto a considerar la zanahoria, en forma de vacaciones fiscales de un solo año, con tipos reducidos para los dividendos repatriados (como hizo en 2004).

El único tipo fiscal que importa es el tipo fiscal efectivo

La complejidad antes mencionada del sistema fiscal de EEUU ayuda a ocultar un punto muy importante: los tipso fiscales efectivos son los únicos tipos que importan. La confusión sobre tramos y tipos marginales graduales solo actúa como una pantalla de humo.

El tipo fiscal efectivo de una corporación puede definirse como los impuestos realmente pagados divididos por las ganancias antes de impuestos (en términos generales, el ingreso bruto menos las deducciones disponibles). Los gestores empresariales se fijan realmente en los tipos fiscales efectivos (no en los tipos legales). Así que aunque el impuesto de sociedades de EEUU esté entre los más altos del mundo en el 35%, ese porcentaje se devenga solo sobre rentas por encima de cierta cantidad. Y si una empresa o sector concreto tiene cabilderos eficaces, las deducciones fiscales favorables pueden llevar los tipos fiscales efectivos por debajo del 15%.

Discutir sobre tipos y deducciones solo nos distrae de enfocarnos en la imagen real: el coste general del cumplimiento, incluyendo los impuestos pagados, los costes de oportunidad y las decisiones empresariales alteradas. Los impuestos son el precio que pagamos por un leviatán federal muy poco civilizado, avaricioso y propenso a la guerra.


Publicado originalmente el 31 de agosto de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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Atraco a Apple: hacia el infierno fiscal europeo, de JuanRallo.com

La Comisión Europea ha obligado a Apple a devolverle al Estado irlandés 13.000 millones de euros en concepto de ventajas fiscales “ilegales”. Dejemos bien claro este punto desde el comienzo: la presunta víctima de este caso es el Fisco irlandés, no el erario del resto de Estados europeos donde a muchos les gustaría que Apple estuviera tributando por la venta de sus productos. La Comisión no está condenando a Irlanda por practicar dumping fiscal con su Impuesto de Sociedades, beneficiando a Apple a costa de las haciendas del resto de Estados miembros: y no lo está haciendo porque, en esencia, la Comisión no es competente para emitir semejante diktat acerca de la política fiscal de un Estado miembro. No, se está condenando a Apple por haber dejado de pagar impuestos en Irlanda, no en el resto de Europa.

Y claro, lo primero que debería llamarnos la atención de este culebrón es que la supuesta víctima del caso —el Estado irlandés— haya alzado su voz contra la resolución de Bruselas hasta el punto de anunciar que la recurrirá ante los tribunales europeos. Según el Ministerio de Hacienda irlandés, Apple ya ha pagado todos los impuestos que tenía que pagar de acuerdo con la legislación tributaria del país y, por tanto, la Comisión está atacando de plano la soberanía fiscal de un Estado miembro.

¿Por qué, entonces, la Comisión ha entrado en este asunto cual elefante en una cacharrería (o, mejor, cual atracador en un banco)? Según la versión oficial, porque el régimen fiscal al que se acoge Apple en Irlanda podría haber afectado a la competencia entre empresas europeas —Apple recibe “privilegios” que el resto de compañías no— y la Comisión puede pronunciarse en materia de competencia intracomunitaria. La realidad, como más adelante expondré, es muy otra: Bruselas está usando sus atribuciones en materia de competencia para arrogarse potestades tributarias de las que carece con el único propósito de cartelizar a los Estados miembros en su cruzada por convertir a la UE en un infierno fiscal sin fisuras internas.

Así las cosas, la Comisión ha determinado que la tributación de Apple en Irlanda constituía un caso de ayudas estatales a empresas, algo expresamente prohibido por el artículo 107 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (tratado firmado y aceptado por el Estado irlandés). Pero, ¿cómo diferenciar entre las legítimas particularidades del régimen fiscal de un Estado miembro y las ilegítimas ayudas estatales a empresas? La Comisión exige que concurran cuatro criterios para calificar una determinada política pública como “ayuda estatal”: que la medida suponga un coste para las arcas estatales, que distorsione el comercio intraeuropeo, que proporcione algún tipo de ventaja a las empresas afectadas y que posea un carácter “selectivo” (es decir, discriminatorio).

No es difícil observar que en el caso de Apple concurren, al menos, tres de estas cuatro características: el régimen fiscal de Apple tiene repercusión sobre el erario irlandés, le confiere a la empresa de Cupertino una indudable ventaja fiscal y distorsiona el comercio intraeuropeo a favor de las empresas instaladas en Irlanda y en contra de las compañías radicadas en los páramos tributarios del resto de la UE. Pero… ¿es el régimen fiscal de Apple discriminatorio? Nótese que por discriminatorio no nos referimos a si lo es con respecto a los regímenes fiscales de otros Estados europeos: cada Estado miembro es soberano para determinar su sistema impositivo. No, la cuestión es si Apple recibe dentro de Irlanda un trato tributario privilegiado frente a otras empresas irlandesas.

Y aquí la posición de la Comisión Europea es mucho más endeble: a su juicio, Apple se benefició de un trato discriminatorio porque su particular estructura fiscal en Irlanda —refrendada por sendas consultas a la Agencia Tributaria irlandesa en 1991 y 2007— le permitió pagar menos impuestos que al resto de empresas irlandesas. Pero con ese argumento Bruselas no está demostrando trato discriminatorio alguno. La cuestión a la que debería haber respondido la Comisión, y a la que no responde en absoluto, es si el resto de empresas irlandesas que hubiesen adoptado una estructura fiscal similar a la de Apple podrían haber accedido, o no, a su mismo régimen tributario. Tal como ha criticado el Tesoro estadounidense, la Comisión se está saltando en este caso la propia jurisprudencia europea al reputar “discriminatorio” todo régimen fiscal que beneficie a alguna empresa y que a la Comisión no le parezca adecuado (en este caso, no le parece adecuado porque la estructura fiscal de Apple carece “de justificación económica objetiva” según el criterio de la Comisión). En otras palabras, ¿por qué la Comisión dice que Apple recibe un trato fiscal discriminatorio dentro de Irlanda? Pues porque a la Comisión no le gusta el régimen fiscal de Irlanda al que puede acogerse Apple. Ni más ni menos. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, lo ha resumido con particular lucidez: “Usando el criterio de la Comisión Europea, cualquier empresa en Irlanda y en Europa puede verse sometida repentinamente a nuevos impuestos en virtud de leyes que jamás existieron”.

Acaso algunos se nieguen a admitir que la Comisión Europea —compuesta, recordémoslo, no por ángeles imparciales sino por políticos de carne y hueso con sus propias agendas, intereses, sesgos e ideologías— pueda estar actuando de manera caprichosa y arbitraria en un caso tan relevante como éste. Pero, por desgracia, sí lo está haciendo. El criterio de selectividad (de discriminación) que es clave para enjuiciar si Apple ha recibido ayudas de Estado es un criterio que los propios expertos califican de (parcialmente) arbitrario: “El problema reside en la misma naturaleza del criterio de selectividad. Uno no puede evitar un cierto grado de discrecionalidad, incluso de arbitrariedad, a la hora de buscar el equilibrio adecuado entre objetivos políticos ‘buenos’ y ‘malos’. Dicho de un modo más sencillo: no existe un criterio bien definido al respecto”.

El sentido común parecería indicar que no basta con un capricho administrativo para imponerle retroactivamente una multa de 13.000 millones de euros a una empresa que, según le acreditaron durante décadas las autoridades fiscales del Estado miembro en el que operaba, cumplía a rajatabla con sus obligaciones tributarias (sean éstas muchas o pocas: la cuestión es que se ajustaba a la ley nacional competente). Para tomar una decisión de este calibre —una decisión que, además, tiene implicaciones sobre la misma naturaleza constitucional de la UE—, la Comisión debería haber alcanzado una resolución más allá de toda duda razonable: pero, como decimos, el principio de selectividad es por definición un principio ambiguo sobre cuya aplicabilidad siempre cabrán dudas razonables.

Pero precisamente eso es lo que busca la Comisión: retorcer el acervo comunitario para arrogarse por la vía de los hechos unas competencias fiscales que no le son propias según los propios tratados de la UE. El propio Tesoro estadounidense ha denunciado que la Comisión se está convirtiendo por la puerta de atrás en una “autoridad fiscal supranacional” con potestad para alterar arbitrariamente los sistemas impositivos de los Estados miembros. Lo que se busca, más allá del caso concreto de Apple, es destruir cualquier atisbo de competencia fiscal dentro de las fronteras europeas. El primer ministro irlandés, Michael Noonan, lo ha entendido perfectamente y por ello ha llamado a “combatir la utilización (espuria) de las reglas comunitarias referentes a las ayudas estatales con el propósito de invadir la soberanía fiscal de los Estados miembros”. Lo que ambicionan es cargarse la independencia del sistema tributario irlandés —y cualquier otro sistema europeo que consagre un marco de fiscalidad moderada dentro del que pueda florecer la creación de riqueza— sin que haya habido una cesión expresa de soberanía para ello.

Luego, claro, los eurócratas se sorprenderán del expansivo euroescepticismo que ya ha arrastrado hacia el Brexit a la sociedad británica y que bien podría espolear el Irexit. No en vano, el sistema fiscal irlandés que la Comisión quiere aniquilar es una de las ventajas competitivas que le han permitido a Irlanda pasar, en apenas 35 años, de ser uno de los países más pobres de la actual Eurozona al país más rico sólo por detrás de Luxemburgo.

Mientras los ciudadanos sigan observando a la Unión Europa como un factor pauperizador y no como un catalizador de nuestra prosperidad, el euroescepticismo crecerá. En Irlanda, la Comisión acaba de dar un golpe de estado fiscal entre los aplausos irresponsables del resto de europeos, complacidos sádicamente con la ilegítima mordida de 13.000 millones de euros a una de las compañías que más ha revolucionado nuestras vidas en las últimas dos décadas. Pero el caso de Apple no será el último: resoluciones similares se están preparando contra Starbucks, Google, Fiat o Amazon. El propósito último, como digo, es estrangular la competencia fiscal intraeuropea para convertir el Continente en un parasitario infierno tributario donde medren las burocracias estatales.

Si de verdad la Comisión Europea estuviera preocupada por armonizar las reglas fiscales a las que se someten todas las empresas y todos los ciudadanos europeos, evitar así competencias desleales desde el lado tributario, a lo que se dedicaría no es a perseguir matonilmente a aquellos Estados miembros que se salen del redil y a aquellas empresas que, evidentemente, se acogen al régimen fiscal más favorable. No, a lo que se dedicaría es a recomendar a los Estados miembros con fiscalidades más agresivas que las armonizaran por abajo, extendiendo así la prosperidad irlandesa al resto de la Unión. Pero no: el objetivo no es la armonización fiscal, sino la rapiña fiscal a través de la armonización infernal. Apple es sólo la primera e inocente víctima de un megalómano proyecto europeo opuesto a los ideales de libertad y de prosperidad que una vez definieron a Europa.

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Análisis económico del pacto PP-Ciudadanos en Al Rojo Vivo – 29/08/2016, de JuanRallo.com

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Revista austrolibertaria de prensa: 31-VIII-2016, por Mises Hispano.

  • Luis Ventoso menciona a Hayek en su análisis de la actualidad política en ABC.
  • Hayek “ultraliberal” en el artículo de Manuel Sutherland en Aporrea.

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Yo estoy con Apple, por Libertario.es

Finalmente ha ocurrido. La Comisión europea y todo el circo burocrático que le envuelve, se ha quitado la máscara y ha mostrado su verdadera cara en materia fiscal: Prohibido tener impuestos bajos. El complejo de inferioridad de Bruselas frente a las multinacionales americanas sigue incólume y las instituciones europeas continúan en su travesía de no permitir una competencia fiscal entre los Estados miembros.

Tras la reclamación por parte de la Comisión Europea de 13.000 millones de € al gigante tecnológico, APPLE lanzó un comunicado defendiendo su honradez fiscal y su gran aportación a la economía de la eurozona. Y nos le falta motivos para pensar así. El contenido del mensaje decía entre otras cosas: ‘…En octubre de 1980 Apple abrió una fábrica en Cork (Irlanda) con 60 empleados. … En aquellos años Cork sufría una alta tasa de desempleo y un volumen de inversiones económicas extremadamente bajo. Desde entonces hemos continuado trabajando ininterrumpidamente en Cork…, y hoy damos empleo a casi 6.000 personas en toda Irlanda.  … Este éxito nos ha ayudado a crear y a mantener más de un millón y medio de puestos de trabajo en toda Europa. Nuestro crecimiento a lo largo de los años nos ha convertido en el mayor contribuyente fiscal de Irlanda, el mayor contribuyente fiscal de Estados Unidos y el mayor contribuyente fiscal del mundo.’ (mensaje Apple).

Y así es, APPLE vino a Europa, aportó bienestar del bueno, el de valor añadido, no el del Estado. Ha generado más de un millón de puestos de trabajo, y son los que más contribuyen al bien confiscatorio común. Todo ello mediante un tipo impositivo acordado en el lugar donde se sitúa la empresa, nada raro y de dudosa legalidad. Lo insospechable era que Papá Bruselas llegara dispuesto a romper la soberanía de Irlanda y su política fiscal. El primer paso para una europeización estatal con décadas de conspiración.

¿Por qué Europa teme tanto a la libre competencia fiscal entre Estados miembros? ¿Qué hay de malo en bajar impuestos y atraer inversión y, por consiguiente, prosperidad? ¿Por qué tanta obsesión por parte de la Comisión Europea en controlar la fiscalidad de los colegas comunitarios? La competencia fiscal nos beneficia a todos. La planificación impositiva desde las instituciones europeas es un cáncer para la competitividad y el libre mercado. Si no permites que los Estados compitan entre ellos con políticas fiscales atractivas para la inversión y la actividad económica, estás mandando un claro mensaje al exterior: No vengan a Europa, les vamos a freír a impuestos.

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Un pacto echo por y para socialdemócratas, por Libertario.es

Ya se ha firmado el tan esperado pacto entre PP y Ciudadanos, lo cual permitirá que los de naranja voten a favor de los populares con intención de impedir unas terceras elecciones, pero juntos no suman; por ello Rivera nada más firmarlo ya estaba declarando: El pacto está tan abierto que 100 puestos de los 150 ya los firmamos con el PSOE. Tal vez por ello al final este pacto tenga el mismo destino que el acuerdo PSOE-C´S, porque al final no va a ser un problema de medidas sino de egos, pero aun así debemos tenerlo en cuenta ya que podrían ser las líneas sobre las que se movería el próximo gobierno, en caso de que al final alguien cediera. Por ello, vamos a ver y analizar algunos de los puntos más importantes de este pacto.
Mercado laboral
En este terreno Ciudadanos tenía algunos de sus mayores eslóganes de su campaña y por ello se han esforzado en colocar alguno a pesar del inmovilismo del PP. Primero, se dotará un complemento salarial que costará 1300 en 2017 y, a partir de ese año, 2100 todos los años que resten de legislatura, el cual es en verdad, como se ha demostrado en los países que se aplicado, una subvención a las empresas menos productivas que se aprovechan de ello para rebajar salarios. Segundo, aunque no se consigue el contrato único propuesto por ciudadanos se simplificarán los contratos a tres: fijos, temporales y de formación; pero los temporales se encarecen, por lo que se reducirá la creación de nuevos empleos. También se modificará la legislación de los autónomos, que no cotizarán si no llegan al salario mínimo, se ampliará la tarifa de 50 euros al mes para nuevos autónomos de los 6 meses actuales a un año, así como permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización. Por otro lado, se les aumentarán las prestaciones, aunque esto no tiene mucha base en la realidad ya que el sistema es actualmente deficitario, con lo que o se aumenta los impuestos que sufragan o un aumento de prestaciones es imposible. Por último, se igualarán los permisos de maternidad y paternidad, con un coste de 800 millones todos los años.

Fiscal

En el tema fiscal plantea la desaparición de las deducciones del impuesto de sociedades sin aumentar el nominal, o sea, un nuevo sablazo a las grandes empresas, con el que se espera recaudar 4000 millones más (en 2015 el impuesto recaudado entre las grandes empresas es de unos 19 000 millones, por lo que “solo” se está intentando recaudar un 21% más). Por otro lado, lo que no podía faltar en todo programa: recuperar dinero de aumentar la tributación de los amnistiados fiscalmente (rompiendo toda seguridad jurídica y lo que podría ser inconstitucional) y de la lucha contra el fraude fiscal. Gracias a esto se espera recaudar 2000 millones. También se perseguirá a las SICAVs que no sean “auténticas” instituciones de inversiones colectivas, de forma que no tributen al tipo del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades (ya vimos en Navarra el efecto de parecidas persecuciones). En lo referente a otros tributos, el IRPF se bajará cuando el déficit este por debajo del 3% (algo irreal con estos presupuestos) y también se bajará el IVA cultural, aunque solo a los espectáculos en directo.

Reforma del CGPJ, Diputaciones y Senado

Ambos partidos han pactado la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, y los otros ocho restantes los elegirán el Congreso y Senado. Además, el PP se ha comprometido, no ha eliminar como pedía Rivera, sino a reducir el gasto en las diputaciones y el Senado.

Gasto social

Se aprueba una batería de nuevos gastos sociales, desde un nuevo programa de Activación para el Empleo dotado de 500 millones y aumentos del gasto en Educación, Sanidad y Dependencia. En concreto, el sanitario tiene que volver a niveles previos a la crisis progresivamente. También se presupuestan numerosos planes para áreas más concretas, como Plan de Refuerzo Educativo, Plan de Educación Infantil 0 a 3 años, Plan de Gratuidad de los Libros de Texto… que aumenta el gasto estructural en más de 2500 millones.

Competencia

Lo de que las innovaciones surgen de abajo arriba y no desde una oficina de un burócrata parece que no ha llegado a los oídos de los negociadores de este acuerdo, en el que solo se leen nuevos organismos burocráticos para “promover la competencia” y nueva legislación para defender a los consumidores, así como numerosos Pactos Nacionales por las Infraestructuras Estratégicas, por la Energía o por la I+D+i. Ni un atisbo de liberalizaciones para reducir la maraña burocrática que lastran el crecimiento de nuestras empresas.

Este acuerdo no plantea las grandes reformas que necesitamos para superar los problemas estructurales de este país, y lo peor es que es en teoría es lo mejor a lo que podíamos aspirar. Ambos partidos han sido los que más han apelado al electorado más liberal, pero luego esto no se ha transformado luego en medidas. Ninguno plantea ni grandes rebajas de impuestos ni adelgazar el peso del Estado, tan solo pequeños parches o aumentos de gastos. Por lo cual, este pacto no es liberal ni se acerca a ello: es pura socialdemocracia.

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Revocatorio liberticida, por Libertario.es

El revocatorio es un procedimiento democrático para cesar anticipadamente a un gobernante cuando se estime que ha incumplido el mandato de las urnas. En su forma más participativa, el revocatorio se activa por petición popular a través de la recolección de un determinado número de firmas, por lo que se lo considera un mecanismo para “empoderar” al pueblo frente a la casta política. Acaso por ello, muy pocos Estados reconocen a sus ciudadanos el derecho a destituir a sus mandatarios, si bien algunos —Suiza o EEUU— cuentan con una tradición democrática enormemente asentada. Aún menos Estados —apenas Venezuela, Bolivia y Ecuador— extienden el revocatorio popular a la figura del presidente. En España, Podemos es el único de los grandes partidos que promueve establecerlo en nuestras instituciones. Las ventajas del revocatorio parecen evidentes —monitorizar en todo momento el desempeño de los políticos bajo la amenaza de destituirlos— y sus desventajas, inexistentes. Pero el revocatorio bien puede terminar convirtiéndose en una herramienta no para restringir el poder arbitrario de los mandatarios sobre los ciudadanos, sino para amplificarlo.

En primer lugar, la figura del revocatorio podría servir como excusa para incrementar la duración y las competencias del mandato presidencial: a la postre, si la ciudadanía disfruta del derecho a desplazar en cualquier momento a cualquier cargo público, los riesgos de la concentración de poder parecen difuminarse. La célebre advertencia de Lord Acton contra los autócratas —“el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente— pierde fuerza ante la potestad popular de cesarlos. Por eso, por ejemplo, en Venezuela la figura del presidente concentra tantas atribuciones y cuenta con un mandato extendido de seis años.

En segundo lugar, la activación del revocatorio popular requiere de la recolección de los datos personales y de las firmas de aquellos ciudadanos favorables a su convocatoria: de manera no intencionada, pues, los opositores se destapan como tales ante el público al inscribirse en una lista negra que los autócratas pueden emplear para reprimirlos. “Que cien flores florezcan”, reclamó tramposamente Mao para identificar y aplastar a sus enemigos; asimismo, Nicolás Maduro anunció recientemente la purga de todos aquellos empleados públicos que suscribieron la petición del referéndum revocatorio en su contra. En suma, el revocatorio puede ser un instrumento útil en Estados con gobiernos limitados y con ciudadanías refractarias a la concentración de poder: pero en otras sociedades puede convertirse en un caballo de Troya para erigir despotismos y perseguir a la disidencia.

Artículo Original

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martes, 30 de agosto de 2016

No hay que confundir prisiones “privadas” con prisiones de libre mercado, por Mises Hispano.

jail - prisión

Este mismo mes, el Departamento de Justicia anunció que planea dejar de utilizar prisiones gestionadas privadamente después de que un informe descubriera que a menudo son menos seguras para los recursos que las instalaciones gestionadas federalmente. Aunque sea admirable que el gobierno federal empiece por fin a interesarse por el bienestar de su población reclusa, referirse a estas instalaciones como “privadas” puede resultar muy equívoco.

Una organización verdaderamente privada se caracteriza por la competencia en un mercado libre. Una organización privada no disfruta de ningún poder de monopolio concedido por el estado. Tampoco los contribuyentes se ven obligados a pagar por los servicios de ninguna organización privada mediante sus dólares fiscales. Las prisiones “privadas”, por tanto, no se parecen en nada a una verdadera organización privada.

En concreto, estas prisiones gestionadas privadamente contratan con el gobierno federal para actuar como agentes del estado y se les paga para crear más espacio para nuestra población reclusa ya masiva.

Aunque estas prisiones han tenido una terrible reputación de abuso de prisioneros y malas condiciones de vida, incluyendo reportajes sobre comida contaminada, es importante recordar que el problema no existe porque las prisiones sean de propiedad privada. El problema deriva del hecho de que el estado es la entidad responsable, por favorecer estas instalaciones y crear la demanda de más prisiones en primer lugar.

Por qué hay tantos prisioneros

Durante la época de “dureza con el delito” de las décadas de 1970 y 1980, la población reclusa en Estados Unidos empezó a crecer exponencialmente gracias a la recién declarada guerra contra las drogas y a las nuevas políticas de penas mínimas de obligatorio cumplimiento. Incapaces de seguir el ritmo del número de los estadounidenses encarcelados, el gobierno empezó a buscar soluciones a este problema.

En lugar de cambiar las terribles políticas que estaban creando nuevos prisioneros, el estado decidió mirar en el sector privado en busca de ayuda. Como todos sabemos, una vez una empresa privada se va a la cama con el gobierno, ya no funciona dentro de algo que podamos llamar “libre mercado”. Ningún acuerdo con el gobierno viene sin una serie de condiciones asociadas.

Prometiendo ofrecer servicios de calidad con costes menores, estas instalaciones gestionadas privadamente continuaron creciendo a lo largo de varias décadas. Para empeorar las cosas, muchas de estas instalaciones gestionadas privadamente se construyeron en comunidades rurales y empobrecidas, donde se usaba la promesa de crecimiento del empleo y auge económico para convencer a las ciudades para que accedieran a alojar las nuevas prisiones.

Con el paso del tiempo, la línea entre lo público y lo privado se difuminó aún más, al empezar el gobierno federal a vender las prisiones federales a empresas privadas, afirmando que esto beneficiaría financieramente al estado al corto plazo.

Aunque en teoría esta relación se pensaba que era una forma eficiente en costes de gestionar la creciente tasa de encarcelamiento, nunca ha habido ninguna indicación clara o definitiva de que haya sido así.

El problema del corporativismo

Lo que sí sabemos es que esta alianza corporativista entre el sector público y el sector privado ha hecho que empeoren las condiciones de los reclusos y que haya una menor responsabilidad tanto para el gobierno federal como para las prisiones privadas. A veces, uno señala al otro, dejando pocos o ningún recurso a los prisioneros que protestan por una conducta inapropiada y abusiva dentro de estas instalaciones.

Tal vez lo peor de todo sea el hecho de que el gobierno haya creado tanta demanda de estas prisiones para empezar. En 2014, aproximadamente el 50% de los reclusos en prisiones federales estaba condenado por delitos relacionados con drogas. En otras palabras, sin las guerras contra las drogas del gobierno federal, el sistema federal de prisiones sería una mera fracción de su tamaño actual.

¿Existirían siquiera instituciones como nuestro sistema de prisiones inflado por la guerra contra las drogas en un mundo del que existieran visiones verdaderamente privadas?

Aunque hay distintas opiniones respecto de cómo funcionarían las leyes privadas y las pensiones privadas en una sociedad libre, Robert Murphy hablado extensamente sobre este tema y ha ofrecido su opinión sobre cómo podría ser un sistema legal privado.

Las prisiones privadas podrían existir, pero no las confundamos con las prisiones corporativistas que se benefician de la guerra contra las drogas de la prodigalidad del estado.


Publicado originalmente el 30 de agosto de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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Inflación: Es un plan de redistribución de riqueza, por Mises Hispano.

inflation - inflación

Muchos bancos centrales en todo el mundo tratan de cumplir algún tipo de objetivo de inflación, ya sea como un objetivo político explícito único (como en el caso del Banco de la Reserva Sudafricana) o como parte de una serie de objetivos políticos, como en el caso de la Reserva Federal de EEUU. Pero, lejos de mantener la estabilidad política y promover la prosperidad, poner como objetivo la inflación de precios del consumo garantiza prácticamente una transferencia perniciosa de riqueza un año sí y otro también, un perpetuo engaño a empleados y empresas inconscientes de ello y un punto ciego permanente para una inflación oculta.

¿Qué es la inflación?

Muchos economistas definen la inflación como lo que ocurre cuando los precios de cosas como el pan y los cortes de pelo y las rentas aumentan en términos monetarios y los consumidores experimentan generalizadamente una pérdida global del poder adquisitivo de su dinero. Esto se conoce como inflación de precios del consumo, representado por el índice de precios del consumo o IPC. Esta definición de inflación es razonable para describir el resultado de un proceso general más grande, pero es de poca utilidad al dejar más agujeros que los que rellena. Mirar medias generales no nos dice si todos o solo algunos se están empobreciendo. Tampoco muestra la inflación oculta de precios. La inflación oculta de precios se produce cuando estos permanecen aproximadamente estables cuando deberían haber caído como consecuencia del progreso tecnológico y la mayor productividad. Finalmente, esta definición de inflación no nos dice realmente por qué están aumentando los precios de forma generalizada. ¿Es por imprimir más dinero o por una pérdida de confianza en la moneda o por una gran caída en la producción, por ejemplo durante una guerra?

La medición plantea otro problema. La tasa “oficial” de inflación del IPC se determina midiendo los precios de miles de bienes y servicios de consumo. Aunque el IPC es una estadística económica importante, un enfoque miope sobre él puede que nos haga no ver otras áreas importantes en las que podría manifestarse la inflación de precios, como en inmuebles, bolsa o divisas. El IPC es también una media general que no nos indica si está aumentando un rango de precios pequeño o grande.

La causa monetaria de la inflación

Estos problemas de la definición y la medición pueden resolverse en parte definiendo la inflación como inflación o expansión de la oferta monetaria, en lugar de como una pérdida general del poder adquisitivo del consumidor. Para empezar, es más fácil medir la oferta monetaria en un sistema de divisa nacional supervisada por un banco central (aunque no deje de tener sus dificultades). Además, al ser la causa principal de una inflación general y persistente de precios, medir la oferta monetaria ofrece una perspectiva más esencial sobre fenómeno general de la inflación. Por ejemplo, centrarse en la oferta monetaria puede eliminar nuestro punto ciego con respecto la inflación oculta. Si los precios deberían haber caído por ejemplo un 10% debido progreso tecnológico, pero por el contrario permanecen iguales debido por ejemplo a una expansión compensatoria del 15% de la oferta monetaria, seguiríamos siendo capaces de observar inflación a pesar de que no aumenten los precios.

Mirar la oferta monetaria también puede señalarnos un aspecto importante de la inflación: dónde entra en la economía el nuevo dinero. En el sistema monetario moderno, el nuevo dinero entra en economía como deuda a través del sistema bancario y financiero viva primero a los prestatarios ya ricos y dignos de crédito: familias ricas, grandes empresas y gobierno. Esta clase de gente consigue el dinero para invertir antes de que se filtre a través del sistema y aumente los precios. Una importante transferencia de riqueza tiene lugar de los receptores tardíos a los tempranos del nuevo dinero. A veces se llama a esto efecto Cantillon.

La inflación como proceso de transferencia de riqueza

Es mejor pensar en la inflación como un proceso en lugar de una cifra concreta. El proceso empieza con un tipo concreto de sistema monetario, aparece con una expansión de la oferta monetaria por parte de la imprenta del banco central y préstamos bancarios fluyendo a distintas áreas de la economía, se manifiesta en precios aumentando generalizadamente (aunque de forma desigual) más altos de los que habrían sido un caso contrario, dejando finalmente una estela de ganadores y perdedores.

Esta aproximación nos permite ver a la inflación, no como una fuerza inevitable, sino como un proceso deliberado de transferencia de riqueza incluido en una política estatal.

¿Cómo se transfiere riqueza mediante inflación? El dinero representa poder adquisitivo. Crear dinero de la nada, que es lo que tienen autorizado los bancos centrales y comerciales, confiere poder adquisitivo a quienes son capaces de usar primero dicho dinero. Para que este nuevo dinero tenga poder adquisitivo debe robar pequeñas cantidades de poder adquisitivo al resto del dinero en la economía. Poder adquisitivo se transfiere de los que tienen dinero a quienes crearon nuevo dinero con un coste marginal cercano a cero.

Esto explica cómo y por qué dueños de ricos de activos dignos de crédito se hacen más ricos mientras que mucha gente pobre tiende a recurrir a un exceso de consumo y acaba siendo más pobre. El economista John Maynard Keynes, paradójicamente un defensor de políticas inflacionistas, es sabido que dijo que “mediante un proceso continuo inflación, el gobierno puede confiscar, secretamente y sin testigos, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos”.

La inflación como engaño

Aun así, los economistas de la corriente principal creen que cierto grado de aumento de precios es “óptimo”. Así, los bancos centrales en realidad tratan de asegurar que los precios del consumo sigan aumentando. Pero sus razones para esto giran principalmente en torno al engaño de la inflación sobre la gente ingenua. Por ejemplo, muchos defensores de la inflación argumentan que la mejor manera de rebajar los salarios de la gente para restaurar los beneficios empresariales no es recortar realmente sus salarios, sino más bien crear inflación de forma que no adviertan por completo que sus salarios reales están bajando.

Estos economistas también están a favor de engañar a las empresas para que piensen que los precios de sus productos están aumentando debido a una mayor demanda, cuando en realidad puede deberse a una inflación monetaria y por tanto a auges temporales y equívocos. Las empresas invierten nueva capacidad, y luego se dan cuenta que es redundante, cuando aumentan todos los precios y ven que la demanda de sus productos en realidad no ha aumentado. En otras palabras, el apoyo a la inflación suele girar en torno al corto plazo y las consideraciones estrechas. Pero, como nos ha enseñado Henry Hazlitt, las políticas económicas deben juzgarse por su efecto a largo plazo y para toda la sociedad en su conjunto. Bajo este punto de vista, proceso de la inflación es perjudicial.

Resolviendo el problema

Y la inflación puede ni debe abolir se para librarnos de confiscaciones insidiosas e justas de riqueza. La sociedad puede avanzar hacia este objetivo por los siguientes medios:

  1. Adoptar una perspectiva más amplia sobre la inflación de precios que únicamente el IPC, para incluir precios al por mayor, precios de activos como acciones y viviendas e incluso precios de divisas extranjeras. Esto permitiría a la gente identificar mejor el proceso inflacionista.
  2. Reconocer a los bancos centrales y comerciales como el origen de la inflación de incluir cambios en la oferta monetaria (medida apropiadamente) como una de edición clave de la inflación. Está empezaría a dar énfasis en la compresión de quiénes son los ganadores y perdedores de proceso inflacionista.
  3. Reformar el sistema financiero para acabar con los privilegios especiales de creación de dinero, aboliendo las leyes de curso legal que llevan a la gente a usar divisas manipuladas y permitiendo a cualquier entidad privada emitir moneda en mercados competitivos.

Solo de esta forma holística puede las sociedades empezar a ocuparse de la pestilencia persistente de la inflación que sufren perennemente por parte de las élites financieras y políticas.


Publicado originalmente el 19 de agosto de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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¿En qué beneficia un nuevo gobierno al crecimiento?, de JuanRallo.com

España lleva nueve meses sin gobierno y, de momento, no parece que le haya ido mal: el primer semestre de este año ha sido el mejor de toda la crisis económica (el mayor ritmo de crecimiento y de creación de empleo desde 2008). Sin embargo, es verdad que como ayer manifestó Rajoy “la situación puede cambiar”: si uno examina de cerca el comportamiento del PIB durante el segundo trimestre, comprobará que la inversión privada comienza a desacelerarse a un ritmo, como poco, inquietante: su ritmo de expansión fue el menor en los dos últimos años y medio.
Es difícil conocer todavía a qué se debe este progresivo estancamiento del ritmo de inversión, aunque de persistir en el tiempo no es complicado anticipar sus implicaciones: la inversión es el motor del crecimiento económico a largo plazo; si se paraliza, el crecimiento —y nuestro muy necesario cambio de modelo productivo— también lo hará.
Y, ciertamente, una hipótesis verosímil de por qué se está frenando la inversión es la tan afamada “incertidumbre política”: a saber, las dudas sobre quién y con qué principios gobernará España durante los próximos años. Otra hipótesis, igualmente relevante, es que el patrón actual de crecimiento de nuestro país (basado en el rebote desde lo más hondo de la crisis auxiliado por los famosos “vientos de cola”) pueda estar tocando a su fin a falta de mayores reformas estructurales que permitan la generación de nuevos modelos de negocio hoy penalizados por el exceso de regulación y de fiscalidad. Es cierto que hemos pasado de “la parálisis económica a un modelo más sólido”, pero esa solidez todavía es relativa: dista de abarcar al conjunto de la economía y de ser irreversible.
Ya sea una razón u otra, contar con un gobierno sería potencialmente ventajoso para la economía española: primero, un Ejecutivo estable —y previsible— que explicite cuáles serán sus principios de actuación proporcionaría certidumbre institucional a la inversión; segundo, un Ejecutivo con margen de maniobra parlamentario dedicado a, por un lado, cumplir con nuestros compromisos con Bruselas (elaborar los presupuestos de 2017 con las miras puestas en reducir de verdad el déricit) y, por otro, impulsar una agenda reformista que abriera nuevas oportunidades económicas dentro de nuestro país proporcionaría nuevos estímulos a esa inversión (Rajoy justamente apeló a mejorar la eficiencia del mercado de bienes, servicios e impulsar la empresarialidad o reformar la educación para adaptarla al siglo XXI). De hecho, si se conjugaran ambos enfoques —previsibilidad en la liberalización económica a medio plazo— a buen seguro nuestra economía saldría beneficiada con nuevos bríos expansivos.
Sin embargo, tengamos presente que un eventual nuevo gobierno en España no contaría probablemente con ninguna de esas características. Primero, el acuerdo PP-Ciudadanos contiene una preocupante falta de ambición liberalizadora: se trata de un pacto dirigido a garantizar el sistema institucional tal cual existe hoy en lugar de a reformarlo en la dirección de una mayor libertad económica (ni menos regulaciones, ni menos impuestos, ni mayor libertad educativa). Segundo, aun cuando Rajoy termine saliendo investido presidente, no parece que vaya a contar con una mayoría parlamentaria sólida como para aprobar cambios de calado. Ni voluntad, ni oportunidad.
Por ello, el único beneficio que de verdad aportaría un nuevo Ejecutivo frente a la provisionalidad actual sería actuar como un tapón frente a otras opciones gubernamentales netamente peores: esto es, frente al mentado “gobierno de mil colores, radical e ineficaz”. Y es que, aun cuando el acuerdo PP-Ciudadanos no sea para echar cohetes, tampoco constituye una catástrofe que vaya a ahuyentar a ningún inversor. En cambio, el programa de máximos de otras formaciones, y muy en particular de Unidos Podemos, sí representa una amenaza desestabilizadora en el horizonte (una amenaza que, gracias a la aritmética parlamentaria, es a día de hoy mucho menos fiera que hace unos meses).
Dicho de otra forma, en las condiciones actuales, y con el poco ambicioso acuerdo PP-Ciudadanos encima de la mesa, la mayor contribución en favor del crecimiento económico que podría efectuar la investidura de un nuevo gobierno sería la de despejar cualquier posibilidad a medio plazo de que se constituya un Ejecutivo de izquierdas inspirado en el populismo de Podemos. No es poco para una economía como la española, pero deberíamos aspirar a mucho más.

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Tertulia económica del 30 de agosto de 2016, de JuanRallo.com

Hablamos sobre el discurso de investidura de Rajoy.

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Hablamos del acuerdo de investidura PP-Ciudadanos.

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¿Merecen los Fumadores Sanidad Pública?, por Estado Limitado.

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El jastag más divertido del Año!! #Subvencionando patrocinado por Desfibriladores ACME!.

 

 

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Personal de Universidades, por Estado Limitado.

Storify con el detalle sobre el personal de las universidades públicas.

 

 

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Storify El Aborto en España, por Estado Limitado.

Storify del Aborto en España en 2014

Aquí (o en el primer tuit) tenéis los gráficos completos, pero faltan los detalles contados en los tuieses.

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Casilla Fines Sociales, por Estado Limitado.

CASILLA FINES SOCIALES.

 

 

 

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Likelihood of third elections in Spain has risen (CNBC), por D. Lacalle

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Seis gráficos para explicar el fracaso de Abenomics, por D. Lacalle

En este blog hemos hablado en varias ocasiones sobre el desastre de Abenomics. Sin embargo, un amigo me hacía ver que el “paro es muy bajo”.

Como explicamos en este artículo:

Un país que lleva años perdiendo habitantes, hasta el nivel actual, el más bajo desde el año 2000. No solo pierde habitantes, sino que envejece muy rápido. El segmento entre 15 y 65 años ha caído en cuatro millones de personas desde 2008, mientras que los habitantes con más de 65 han aumentado en la misma cantidad. Por eso el país se deja casi el 30% del presupuesto en Seguridad Social y pensiones.

Estamos viendo una reducción del paro por pérdida de población y envejecimiento, no por mejora evidente del mercado laboral ni mucho menos “gracias” a la política monetaria. Japón ha tenido un paro estructuralmente bajo desde hace décadas (el máximo fue 5,6% en 2009).

Esta es la radiografía de una economía estancada después de 16 años de tipos cero y estímulos monetarios continuados.

a) Las ofertas de empleo no crecen

Japan job offers

b) La participación laboral ha caído al 60%

Japon tasa part

c) Los salarios reales están a mínimos de dos décadas

Real wages Japan

d) Todo esto mientras el Banco Central lleva a cabo el mayor estímulo monetario de la historia y la deuda se dispara al 240% del PIB

Japan ETFJapan-debt-vs.interest-payments

e) y encima las exportaciones caen

Japan exports

 

 

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