Este “tsunami de las pensiones” ya ha llevado a la quiebra a poblaciones como Stockton, California, y Detroit, Michigan. Tal vez ningún gobierno ha gestionado suspensiones tan mal como Puerto Rico, donde una deuda en pensiones de 43.000 millones de dólares obligó a la comunidad a buscar la protección del gobierno federal después de haber impagado sus obligaciones a los tenedores de bonos, un impago que se espera que se extienda a los jubilados en forma de recorte de prestaciones.
Aunque el desastroso resultado del plan de pensiones de Puerto Rico (del que se prevé que se quede sin activos en 2019) representa el peor escenario, la misma serie de acontecimientos que llevaron a su desastre puede encontrarse en la mayoría de los planes de pensiones públicas de toda la nación.
Hay tres culpables principales que puede encontrarse en un casi todos los estados que sufren una crisis de pensiones públicas:
- El uso de trucos contables pensados para trasladar los costes a las generaciones futuras, una aproximación prohibida para los planes privados de pensiones y rechazada tanto para los planes públicos como los privados en Canadá y Europa.
- Legisladores que actúan en su propio interés político, que han atendido las reclamaciones pasadas de sindicatos públicos para enriquecer las prestaciones de sus miembros, pasando al tiempo los costes a las generaciones futuras.
- Una estructura pública quebrada en la que los miembros del consejo de las pensiones públicas se ven en realidad penalizados de manera tangible por actuar responsablemente y son recompensados por elegir retrasar el día del juicio.
Tal vez evaluación más concisa de las pensiones públicas la ha realizado el exactuario jefe del mayor fondo público de pensiones de la nación (CalPERS), que advirtió sencillamente que: “Política y pensiones simplemente no encajan”.
No son solo los estados “progresistas” como California los que han sucumbido a los cantos de sirena de las pensiones públicas. Mi estado de origen, Nevada (del que se piensa que históricamente es un bastión del pensamiento del gobierno limitado) está en un agujero proporcionalmente más profundo que nuestros vecinos californianos.
El problema de Nevada
Entras que la mayoría los expertos financieros advierten sobre futuras escaseces de profesores, carreteras en decadencia, impuestos más altos y recortes en la seguridad pública, el Public Employees’ Retirement System of Nevada (PERS) confía un poder evitar todo eso haciendo algo sencillo: ¡producir retornos inversión más altos de los que incluso espera conseguir Warren Buffett!
Como el PERS ha fallado en cumplir sus objetivos de inversión en los pasados periodos de 5, 10, 15, 20 y 25 años, los costes de jubilación de los funcionarios públicos han aumentado al máximo actual del 28% de la paga (un 40,5% para policías y bomberos), que ahora consume más del 12% de todos los ingresos fiscales públicos estatales y locales de Nevada combinados.
Y cuanto más dinero se envía al PERS, menos hay disponible para salarios como los solo 34.684 dólares ofrecidos a los nuevos maestros de la escuela del condado de Clark el pasado año, casi con seguridad un factor decisivo para la permanente escasez de maestros del distrito.
Lo que es peor, más del 40% de lo que pagan al PERS todos los empleados públicos (salvo policías y bomberos) seguir hasta en la deuda del sistema previamente acumulada, en lugar de en financiar las prestaciones futuras de dichos empleados.
Consecuentemente, todas las nuevas contrataciones se espera que sean perdedores netos bajo el se PERS (obteniendo un beneficio menor que su coste total), lo que, de forma no sorprendente, “afectará negativamente a la calidad y retención del maestro actual”, según investigadores de la oficina de trabajo y estadística.
Los costes de jubilación para la policía y los bomberos son aún más altos: Pagar al PERS una cantidad igual al 40,5% de su salario significa menos policías en la calle.
Por ejemplo, el departamento de policía del área metropolitana de Las Vegas ha ocultado aproximadamente 100 millones de dólares en fondos destinados explícitamente a contratar nuevos policías durante más de una década, probablemente anticipando la futura explosión por venir de los costes de jubilación. De hecho, a pesar del superávit, la policía está impulsando otra subida de impuestos, alegando sus siempre crecientes costes de personal.
Pero eso es solo la punta del iceberg.
La deuda del PERS se prevé que explote a lo largo de la próxima década aumentando de aproximadamente 11.400 millones de dólares a más de 38.000 millones si la previsión de retorno anual de inversión del 5,85% del consultor contratado por el PERS (Wilshire Associates) es precisa:
Para dar una idea de su dimensión, en 2013 Nevada gastó en total menos de 3.000 millones de dólares en policía, carreteras y bomberos.
Pagar una deuda de este tamaño requeriría aumentos igualmente masivos de tasas de contribución, requiriendo inevitablemente salarios más bajos para los trabajadores públicos, recortes en servicios vitales e impuestos más altos
En ese momento es probable que sencillamente no haya suficientes impuestos a subir ni servicios a recortar para hacer solvente al PERS, lo que no dejaría otra alternativa que recortar las prestaciones prometidas a los jubilados.
Para evitar ese destino y salvar al PERS, los legisladores de Nevada deben actuar con la urgencia que requiere esta situación.
Cómo llegamos hasta aquí
El PERS es distinto de las cuentas de jubilación del sector privado, en las que las contribuciones de los trabajadores se depositan directamente en cuentas de propiedad individual.
En el PERS, las contribuciones de jubilación de los trabajadores se agrupan en un gran fondo con la promesa a sus miembros de una pensión futura fija basada en el salario y la experiencia laboral, algo similar a cómo funciona la Seguridad Social.
Consecuentemente, el PERS debe hacer una serie de proyecciones para determinar en cuánto deben contribuir los trabajadores para garantizar que están completamente financiadas las prestaciones futuras prometidas. Una de las proyecciones más importantes que hace el PERS es su supuesto retorno anual de inversión del 8%.
En otras palabras, el PERS considera que un pago de 10$ dentro de 30 años estaría completamente financiado con solo 1$ hoy, ya que las ganancias esperadas de invertir ese dólar cubrirían esa diferencia de 9$ a lo largo de ese tiempo.
Por desgracia, siguen las inversiones del PERS rinden por debajo de ese objetivo, contribuyentes y trabajadores públicos de rescatarlo a través de mayores tasas de contribución.
Pero utilizar retornos esperados de inversión para descontar prestaciones futuras garantizadas equivale a una mala práctica grave y por eso esa manera actuar es rechazada por los planes privados de pensiones de EEUU, los planes públicos y privados de Canadá y Europa y el 98% de los economistas financieros. Los planes públicos de pensiones de EEUU son los únicos disidentes de este consenso.
La forma más fácil de ver por qué está mal esto es ver qué pasa aumentando ese tipo. Imaginemos que el gobernador y el parlamento reclaman al tiempo al consejo del PERS que para inmediatamente el pasivo no financiado de aproximadamente 11.000 millones de dólares que reporta actualmente.
Suena a tarea imposible, ¿verdad?
Pero debido a la defectuosa metodología contable del PERS, el consejo podría aparentar liquidar toda esa cantidad en un distante. Bastaría que el asesor de inversiones del PERS afirmara que en lugar de un retorno anual del 8%, ahora que que el PERS puede lograr un retorno del 10,5%.
¡Voilá! ¡El PERS habría eliminado toda su deuda de11.000 millones de dólares e incluso dispondría de un pequeño superávit!
Por supuesto, su pasivo real no financiado (más de 50.000 millones de dólares utilizando una contabilidad correcta) no ha cambiado.
Si os escama esa aproximación, ésta es en buena compañía.
Pero dado que esta es la aproximación que emplean los miembros del consejo del PERS, deberían tener un cuidado extremo en asegurar que su retorno supuesto de inversión sea uno que puedan esperar alcanzar con confianza.
Por el contrario, ignoran tanto su lamentable rendimiento pasado como las proyecciones de sus propios consultores elegidos con cuidado, que están advirtiendo que la tasa anual de retorno asumida por el consejo es demasiado alta.
Después de un cuidadoso proceso de selección, el PERS encargó una segunda opinión a Wilshire Associates, quienes, el 20 de agosto de 2015, informaron al consejo de que lo más probable era conseguir solo un retorno anual medio del 5,85% a lo largo de la próxima década, no el mínimo del 8% que debe lograr el PERS para evitar tener más deuda.
La evaluación de Wilshire de menores retornos futuros esperados es compartida por prácticamente todos los expertos importantes del sector.
Por ejemplo, el McKinsey Global Institute advertía que: “Después de una época de rendimiento por la nubes, los retornos de inversión probablemente vuelvan a caer a tierra a lo largo de los próximos 20 años”. Basándose en las proyecciones de McKinsey, el PERS puede esperar un retorno a 20 años que vaya desde un mínimo del 4,6% bajo una recuperación de “crecimiento lento” hasta un máximo del 7,4% en un escenario de “crecimiento-recuperación”.
Incluso el gurú de la inversión Warren Buffett usa un mero porcentaje del 6,5% como tasa supuesta de retorno a largo plazo para el plan de pensiones de Berkshire Hathaway.
Debido a esto, la mayoría de los planes públicos de pensiones de EEUU están rebajando ahora mismo sus objetivos de inversión. Por ejemplo, el mayor plan público de pensiones de la nación (CalPERS) implantó un el año pasado un plan para rebajar gradualmente su objetivo del 7,5% al 6,5% a lo largo de los próximos años.
Una estructura quebrada de gobernanza
¿Entonces por qué el PERS (desafiando a sus iguales, a expertos y a sus propios consultores) continúa empleando una supuesta tasa de retorno del 8%?
Por interés político propio.
Después de que el asesor de inversiones del PERS, Ken Lambert, ofreciera unas pocas razones deslavazadas para justificar rechazar el informe Wilshire, el consejo pidió un cálculo preciso de lo que significaría rebajar su tasa al 7%.
Ese movimiento aumentaría la tasa de contribución del 28 al 38% de la paga, momento en el cual, según Lambert, “Todos nos iremos a casa”, prediciendo aparentemente una rebelión masiva de los empleados públicos que echaría del cargo al consejo actual y su personal.
El PERS ilustra aquí el error nuclear que tiene la estructura de gobernanza de los planes públicos de pensiones de EEUU: miembros del consejo a corto plazo, que no arriesgan nada, se enfrentan a una serie de incentivos donde son en la práctica castigados por hacer lo correcto y les beneficia pasar los costes a las generaciones futuras.
Una vez entendido esto, es fácil ver por qué el PERS calificaba al informe Wilshire como no merecedor “de prisa, ni de urgencia real” y decía que no contenía “nada [que] sea factible” cuando el presidente de la Nevada State Education Association, Rubén Murillo, presionaba repetida y correctamente al consejo en busca de respuestas.
El PERS se encuentra ahora ante un dilema sin salida: Como los miembros del consejo han estado tanto tiempo sin afrontar la realidad, los costes se dispararían si ahora tuvieran que adoptar suposiciones correctas. Pero no hacerlo sólo empeoraría su error inicial (y generaría la carnicería resultante) cuando llegue finalmente el momento de la verdad.
Es significativo que, debido a que el PERS solo tiene a mano aproximadamente 72 centavos de cada dólar de prestaciones prometidas, el sistema en realidad debe superar su objetivo de inversión del 8%. Solo así el sistema tendría suficiente dinero para cumplir con sus promesas.
El hecho de que el PERS tenga ahora un flujo de caja negativo (paga más en prestaciones de lo que recauda en aportaciones de contribuyentes y empleados) empeora las cosas.
Si esta tendencia persiste y se producen los retornos inversión proyectados por Wilshire, es fácil que el PERS se encuentre aproximándose a una relación de financiación de solo el 50%, que se considera un “punto de crisis” del que es “muy difícil salir”, según el jefe de inversiones de CalPERS, Ted Eliopoulos.
La reclamación de reformas disfrutar de un apoyo amplio bipartidista que incluye al menos a un antiguo miembro del consejo del PERS, la evaluación de Warren Buffett las pensiones públicas sigue sonando a tristemente cierta en Nevada:
Probablemente haya más ignorancia directiva sobre los costes de las pensiones que sobre cualquier coste de una magnitud remotamente similar. Y, como quedará gravosamente claro para los ciudadanos en décadas futuras, ha habido incluso una mayor ignorancia electoral de los costes de las pensiones públicas.
Gracias a Dios, sigue habiendo tiempo para salvar al PERS, pero los detalles de la reforma son mucho menos importantes que el reconocimiento de los problemas fundamentales. Como declararon los cargos públicos con respecto al plan de pensiones de Oregón acerca de una crisis similar: “Se está convirtiendo en un asunto moral. No podemos limitarnos a hablar solo de cifras”.
Conclusión
En teoría, el gobierno está ostensiblemente destinado a superar la naturaleza supuestamente miope y avariciosa de los actores individuales con políticas que están orientadas al largo plazo y pensadas para maximizar el bienestar general.
Pero, como revela el caso de las pensiones públicas (por no mencionar el gasto en infraestructuras, la deuda nacional, los derechos, etc.), el proceso político hace exactamente lo contrario: en realidad recompensa a quienes financian poco en el presente y difieren los costes hacia generaciones futuras.
Así que pedir a los legisladores que “sean más responsables” es un error. Todos somos actores interesados. En lugar de desear que no sea así, sería mucho más eficaz aceptar esta realidad y restringir el papel del gobierno a solo aquellas áreas para las que está dotado para atender.
Como decía Ron Seeling: “Política y pensiones simplemente no encajan. Solo es eso”.
El artículo original se encuentra aquí.
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