Los Kirchner gobernaron Argentina entre 2003 y 2015, un período que estuvo caracterizado por los peores rasgos del peronismo: populismo, clientelismo, inflacionismo, intervencionismo y parasitismo. Uno de los casos más sonados de degeneración institucional se produjo a comienzos de 2007, cuando el gobierno utilizó los cuerpos policiales para tomar el control del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y relevar a los encargados de calcular la inflación. La autonomía del INE argentino frente al dirigismo político se vio totalmente socavada desde entonces, de modo que las estadísticas oficiales perdieron cualquier credibilidad de manera irremisible.
Las razones de este salvaje intrusismo político no son difíciles de comprender: incluso creyéndonos los datos del INDEC gubernamental, los precios se multiplicaron por cinco desde finales de 2006 a finales de 2015… una media del 19% anual. La inflación es un robo del gobernante sobre el ciudadano inocente, pues le arrebata parte del poder adquisitivo de sus ingresos sin que se haya aprobado oficialmente ninguna subida de impuestos. Lógico, pues, que la cleptocracia kirchnerista quisiera ocultar estadísticamente el desastre inflacionista que estaba perpetrando con el propósito de multiplicar el tamaño del Estado a costa de pauperizar a los argentinos.
Pero la magnitud de la mentira peronista no termina en haber enmascarado la inflación. Al cabo, no es posible manipular estadísticamente la evolución de los precios sin, a su vez, afectar a las cifras del PIB. Y es que el PIB es el valor de mercado de los bienes y servicios producidos en un año dentro del país, de manera que la elección de una cifra de inflación u otra juega un papel esencial en su determinación. Por ejemplo, si el valor de mercado de los bienes y servicios fabricados dentro de un país pasa de 100 a 150, diremos que el PIB nominal ha crecido un 50%: si suponemos que en ese período la inflación ha sido del 10%, el crecimiento económico real del PIB habrá sido del 40%; si, en cambio, calculamos que la inflación ha alcanzado el 30%, entonces el crecimiento económico real habrá sido sólo del 20%.
Pues bien, la semana pasada, el INDEC argentino publicó su nueva estimación del PIB desde 2004 y los resultados son desoladores: a día de hoy, la economía argentina es un 24% más pobre de lo que creíamos. La razón principal detrás de este corrección es que el país creció 18 puntos menos de lo manifestado por los Kirchner entre 2004 y 2014: es decir, que la recuperación económica posterior al colapso de 2001 fue bastante menos intensa de lo que se nos transmitió durante años. Especialmente significativo es el desfase que se da entre el crecimiento real y el oficial en el período 2011-2014, esto es, durante la segunda y terrible legislatura de Cristina Fernández de Kirchner: mientras que el INDEC politizado había publicado un crecimiento débil pero positivo del 4,2% durante estos años, la realidad fue que la economía se contrajo un 1,5%. Lejos de expandirse, la Argentina de Kirchner y Kicillof llevaba cuatro años en un estancamiento recesivo.
En suma, la recuperación argentina fue mucho más débil de lo que nos contaron, sobre todo a partir de 2011. Muchos de nuestros políticos quisieron convertir al país sudamericano en una referencia a seguir para España: por ejemplo, Alberto Garzón reivindicó las políticas peronistas posteriores a 2001 frente a la austeridad de la Troika, y el propio ministro de Economía argentino que contribuyó a amañar las cuentas del PIB, Axel Kicillof, estuvo el 26-J dando apoyo a Unidos Podemos. Pero no, el peronismo no ofrece ningún modelo económico acerca de cómo desarrollarnos: sólo constituye un modelo político de cómo robar a la población mediante la inflación y de cómo embaucarla sistemáticamente para mantenerla ciega ante ese expolio.
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