La fecha límite para arrancar con los trámites de aprobación de los Presupuestos Generales de 2017 termina el 30 de septiembre. Antes, sin embargo, el Ejecutivo debe haber establecido el techo de gasto, un proceso que burocráticamente toma alrededor de un mes. Por consiguiente, en caso de que no se haya investido presidente antes de finales de agosto, todo apunta a que habrá que prorrogar los presupuestos de 2016.
El actual Gobierno en funciones ha insistido en la necesidad de desbloquear la legislatura para disponer de tiempo suficiente para aprobar las cuentas públicas; en caso contrario, argumentan, no podrán mejorar las condiciones salariales de los funcionarios o incrementar las transferencias por pagos a cuenta a las comunidades autónomas. Prorrogar los presupuestos implica reproducir casi con exactitud las partidas de gasto existentes en este ejercicio sin posibilidad de enmienda alguna.
Mas mucho me temo que la auténtica razón por la que necesitamos con urgencia aprobar unos nuevos presupuestos no tiene nada que ver con el reparto de unas dádivas clientelares que financieramente ni siquiera podemos permitirnos. De hecho, si el verdadero propósitos de las nuevas cuentas del Reino fuera el de relanzar el gasto público postelectoral, más nos valdría prorrogar indefinidamente los presupuestos de 2016.
No, si necesitamos unos nuevos presupuestos es porque hemos de cerrar 2017 con un déficit público 20.000 millones de euros inferior al registrado en 2015. No en vano, el pasado miércoles España se libró in extremis de una sanción por parte de la Comisión Europea a cambio de que nos comprometiéramos a disminuir nuestro desequilibrio presupuestario desde el 5% del PIB actual hasta el 3,1% a cierre de 2017. Y, de momento, no vamos por el buen camino: esta misma semana conocimos los datos de evolución del déficit del gobierno central hasta el mes de junio y lo que indican es que, transcurrido ya medio ejercicio, el desequilibrio presupuestario de 2016 es exactamente el mismo que el de 2015. Las Administraciones Públicas no están logrando estrechar en nada la brecha estructural entre gastos e ingresos, por lo que previsiblemente cerraremos este año con un desequilibrio similar al de 2015.
¿Acaso cabe pensar que el déficit de 2017, con los mismos presupuestarios de 2016, será sustancialmente distinto al actual? No, y ése es el auténtico problema: volver a incumplir por enésimo año consecutivo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como continuar desbocando el endeudamiento público que pesa sobre los españoles. Necesitamos unos nuevos presupuestos que contengan importantes recortes sobre el gasto estructural del Estado, no un reparto tramposo de nuevos fondos. Pero, ¿acaso semejante escenario resulta verosímil? Aun cuando la aritmética parlamentaria desbloqueara la investidura y pudiera formarse nuevo Ejecutivo, lo que a buen seguro no sucederá es que PSOE o Podemos contribuyan a sancionar unos presupuestos que contengan cuantiosos recortes del gasto.
De ahí que todo apunte a que terminarán prorrogándose las cuentas públicas de 2016 o que, en caso de tramitarse unos nuevos prepuestos, éstos serán notablemente peores a los de este ejercicio. Acaso por ello, y a pesar del despropósito que supone un candado político que impide la aprobación de las reformas y de los ajustes que sigue requiriendo urgentemente España, muchas personas estén empezando a apostar por otros seis meses sin gobierno. Con los actuales mimbres parlamentarios, más vale lo malo conocido que lo muy malo por conocer.
Parón del empleo
Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre de 2016 dejaron un sabor agridulce: si bien la reducción del paro continúa a buen ritmo (hasta el punto de recortar la tasa de desempleo hasta el 20% de la población activa, su nivel más bajo desde 2010), hemos asistido a un frenazo en el aumento del número de puestos de trabajo. La media de creación de nuevos empleos en el segundo trimestre de 2014 y 2015 fue de 407.000 nuevas ocupaciones… un 50% más que los 271.000 que emergieron en 2016. Todavía es pronto para conocer si se trata de un parón coyuntural o, en cambio, nos indica que la economía española está empezando a ralentizarse. En todo caso, deberíamos tomar este dato como una advertencia de que no podemos dormirnos en los laureles y de que, en consecuencia, debemos impulsar un paquete de reformas estructurales liberalizadoras que eliminen los obstáculos a la creación de empleo: vivir de las inercias del pasado podría no ser suficiente.
Bajan los desahucios
El número de desahucios por orden judicial de viviendas habituales y ocupadas se redujo en 2015 a uno de los niveles más bajos de toda la crisis económica: apenas 902, de las cuales sólo seis requirieron de intervención de los cuerpos de seguridad del Estado. El dato es sustancialmente inferior al de 2014 (1.129), al de 2013 (1.890) y al de 2012 (2.872), lo que ilustra que el crecimiento económico y la creación de empleo experimentos desde 2013 sí están repercutiendo positivamente en el nivel de vida de las familias. Justamente, la mejor vía para conseguir que los lanzamientos por impago continúen reduciéndose es la de sentar las bases para una expansión económica más robusta: los parches regulatorios que pretenden establecer todas las formaciones políticas para de facto prohibir las ejecuciones hipotecarias sólo conducirían a restringir la concesión de nuevos créditos hipotecarios, dificultando que miles de familias puedan adquirir un hogar. Combatamos la pobreza reduciéndola, no ocultándola debajo de la alfombra.
Estrés bancario
La reciente publicación de los test de estrés por parte de la Autoridad Bancaria Europea parece reforzar dos mensajes que ya eran ampliamente conocidos: uno, la banca española no se enfrenta a ningún problema inmediato de solvencia; dos, la banca italiana —y muy especialmente la entidad Monte dei Paschi—sí atraviesa importantes dificultades que amenazan seriamente su supervivencia a menos que logre recapitalizarse. Precisamente, la publicación de estos test de estrés fue acompañada del anuncio de un plan de saneamiento por parte de Monte dei Paschi, el cual aparentemente no implicará ninguna ayuda estatal (la entidad italiana venderá su cartera de activos dudosos por un tercio de su valor contable y captará capital en los mercados por importe de 5.000 millones). En verdad, sin embargo, no deberíamos otorgar demasiada credibilidad ni a los test de estrés ni a los planes de Monte dei Paschi: los primeros se han mostrado históricamente poco confiables, pues no han anticipado jamás qué bancos europeos estaban a punto de quebrar; los segundos son meras declaraciones de buenas intenciones que probablemente se verán frustradas y requerirán finalmente del auxilio estatal.
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