El otro día mientras andaba por la calle me encontré una pequeña manifestación, no eran más de 7 personas con carteles en alto y 2 policías controlándoles. Cuando pasé a su lado un chico se me acerco y me dio una hoja. Yo había pensado en un primer momento romperla y decirles que hicieran algo más productivo, pero al leer el título de su hoja decidí guardar mi vena cuñada para otra ocasión y hacer una crítica más constructiva. La hoja se titulaba las 5 de la PAH, las cuales son cinco propuestas que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigen que se implementen desde el gobierno, por ello, veamos qué proponen y por qué estas propuestas provocarían un mayor daño del que quieren solucionar.
- DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
Con esto se pide que se activen mecanismos de segunda oportunidad y condonación de la deuda, con carácter retroactivo. Es decir, que no se aplicaría sobre las nuevas hipotecas, sino que tendría efecto sobre las ya firmadas. Además, no se podrá embargar las viviendas habituales de los avalistas.
Lo primero que provoca esto es una enorme inseguridad jurídica, debido a su carácter retroactivo, ya que si se pueden cambiar constantemente las reglas del juego se genera un clima de desconfianza, por lo que pondría en compromiso inversiones y proyectos. Provocaría también un aumento del coste a la hora de pedir una hipoteca, ya que si el banco se equivoca con la inversión tendrá que cargar con una casa con problemas para revenderla, por lo que se encarecería el precio de la vivienda. Además, crea un peligroso incentivo: el de dejar de pagar la hipoteca sin ninguna consecuencia, por lo cual si mucha gente deja de pagarla los bancos y las cajas tendrán serias dificultades, que posiblemente pagaremos todos en el caso de las cajas porque ya están nacionalizadas, y por lo tanto las perdidas serán a cargo del contribuyente, y en el de los bancos seguramente recibirán ayudas públicas para compensar estos impagos. O sea, que la irresponsabilidad de unos la pagaríamos entre todos, en forma de mayores impuestos, encarecimiento de la hipoteca, inseguridad jurídica…
- ALQUILER ASEQUIBLE
En este punto la plataforma exige reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar seguridad y estabilidad, aparte de ampliarlo a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia. Y por si esto no fuera poco, establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.
Vale, aunque algunas de estas ideas son un poco genéricas, está claro en qué dirección van, en la de complicar de forma regulatoria que se realice un desahucio de un alquiler y regular el precio de los alquileres, ambas ideas muy difíciles de implementar sin cargarte absolutamente el mercado de los alquileres. Si promulgas lo primero, lo que se provocará es una reducción del número de casas en alquiler debido a la inseguridad de poder recuperar tu casa, como sucede en Venezuela, donde está prohibido desahuciar y por ello es misión imposible alquilar y la escasa oferta que existe se paga a precios desorbitados. Si aparte de esto quieres fijar precios, esa escasa oferta que se arriesga debido a los altos precios desaparecería. Por eso, llevar este tipo de medidas a la práctica llevaría o a la destrucción del sector del alquiler o a un duro palo en tanto se implemente de forma más o menos radical.
- STOP DESAHUCIOS
Con esto no se aplicará moratoria sobre los desahucios de primera y única vivienda, sino que se les debe ofrecer un alquiler social si es un banco o gran tenedor, se le ayudará a pagar el alquiler si es un pequeño tenedor y será obligatorio un realojo incluso en caso de ocupación. Además, se aplicará el Derecho de Arraigo, ofreciéndoselo en el mismo municipio y barrio.
Por lo cual no es que solo puedas perder tu inversión, sino que no puedes recuperar la casa para intentar revenderla o sacar beneficio hasta que las administraciones públicas encuentren una casa en el mismo municipio y barrio, lo cual puede ser complicado. Además, da igual que veas una oportunidad de recuperar tu inversión pues no pagan, deberás ofrecer un alquiler social o entre todos los contribuyentes deberemos ayudar a pagar el alquiler en caso de que seas pequeño propietario. Y aunque sea una ocupación, deberá haber un realojo, lo cual es un incentivo muy perverso debido a que ahora la administración tendrá la obligación de buscar otro lugar antes de desalojarles, lo cual es como si alguien comete un robo y no tiene que devolver el dinero hasta que el ayuntamiento le dé una subvención.
- VIVIENDA SOCIAL
Se deberá movilizar vivienda vacía mediante cesión obligatoria para incrementar el parque público de viviendas y que los Alquileres Sociales no superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
En este cuarto punto lo que se dedican es a revindicar cosas que ya se realizan o como mucho exigen una ampliación de medidas que ya se han mostrado ineficientes. Para empezar, el Fondo Social de Viviendas ya cuenta con 9866 viviendas, y cuando se ofertaron casi 6000 las solicitudes apenas fueron 1500 a las que luego se unieron otras 500 más, por lo cual la demanda es claramente inferior a la oferta. Además, el 70% de los demandantes de vivienda protegida renuncia al piso adjudicado, y entre las razones que argumentaron fueron: no gustar el piso (21%), no gustar la zona (14%), ya disponen de piso (5%)… por lo que no parece gente con una gran necesidad de acceder a una vivienda. Por último, ya está fijado que el alquiler del Fondo Social de Viviendas esté entre 150 y 400 euros, añadiendo un tope máximo que limita el pago al 30% de los ingresos familiares en casos cumpliendo ciertos requisitos de vulnerabilidad.
- SUMINISTROS GARANTIZADOS
Por último, se tendrá que garantizar que no se pueda cortar los suministros de agua, luz y gas sin tener la información de los afectados. Se creará un Bono Social para que se pague en función de la capacidad adquisitiva y las deudas no se pagarán por parte de las entidades públicas, sino que serán los suministradores los que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.
Estas medidas estimulan el impago de la factura, aunque se disponga de los medios para hacerlo. Además, ya existe un bono social desde 2009 que supone una cuantiosa rebaja para las rentas más vulnerables. El año pasado 2,4 millones se acogieron a dicho bono. Es más, la gente que no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada se ha reducido en el 2015 y llega a niveles muy similares de 2006, cuando no había una “emergencia social”. Por último, si se pagan las facturas de las familias por parte de las empresas, ese coste al final repercutirá en el consumidor, por lo cual perjudicara a las rentas más sensibles.
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