Los hechos del caso son los siguientes: un aviso anónimo a la policía afirmaba que estaba teniendo lugar “actividad sobre drogas” en una residencia del sur de Salt Lake City. El detective de narcóticos Douglas Fackrell monitorizó la propiedad a lo largo de una semana. Consideró que el número de personas que hacían visitas breves a la residencia era indicativo de tráfico de drogas. Vio a Edward Strieff abandonar la residencia, le siguió a un estacionamiento cercano y le detuvo. Obligó a Mr. Strieff a darle su identificación y contactó con el cuartel de policía, que le informó de que Mr. Strieff tenía una orden de arresto pendiente por una infracción de tráfico. El detective Fackrell procedió a arrestar a Mr. Strieff y, al realizar un cacheo para su arresto, descubrió metanfetamina y material relacionado con drogas y fue acusado de posesión de narcóticos.
Mr. Strieff argumentaba que esta evidencia no debía tenerse en cuenta, ya que no podía haberse obtenido sin la detención ilegal del detective Fackrell. El Tribunal Supremo de Utah estuvo de acuerdo con Mr. Strieff. Pero en lugar de permitir al estado de Utah que mantuviera su policía en un nivel más alto, el Tribunal Supremo de EEUU anuló su decisión.
Para quien esté familiarizado con el Tribunal Supremo, esto no debería resultar una sorpresa. Lejos de defender la Constitución de EEUU y sus límites sobre el poder del gobierno, se podría describir más apropiadamente el papel del tribunal como provisor del gobierno federal de la apariencia de tener controles y equilibrios y creador de argumentos, aunque sean improbables, para justificar sus actividades patentemente inconstitucionales. Por suerte, hay excepciones a esto, pero son precisamente eso: excepciones. De hecho, la sentencia de Strieff es simplemente el último de una larga lista de abusos a partir del cual deberían quedar claras las siguientes lecciones.
El mayor enemigo de la Cuarta Enmienda es la Guerra contra las Drogas
Leer las sentencias del tribunal con respecto a la Cuarta Enmienda, que prohíbe al gobierno realizar pesquisas y aprehensiones arbitrarias, es leer su muerte lenta, con la prohibición de las drogas desempeñando un papel casi a cada paso del camino.
Consideremos, por ejemplo, una de las evoluciones más odiosas en la policía estadounidense moderna: el asalto de SWAT sin llamada. Hay de media más de 100 asaltos diarios y la mayoría de ellos se refieren a órdenes sobre drogas a bajo nivel. Un procedimiento tan peligroso ha llevado inevitablemente a un enorme número de asaltos chapuceros, ocasionando innecesariamente daños en propiedades y muertes. Un principio común del derecho es que los policías llamen y se anuncien antes de entrar en una vivienda, para dar al ocupante tiempo para arreglarse y responder a la puerta. El Tribunal Supremo ha creado excepciones a este principio, como la posibilidad de que los sospechosos destruyan pruebas de drogas, proporcionando así una condición necesaria para un entorno que permite que exista un estilo de policía predispuesto al asalto. Considerando esto, no es difícil imaginar cómo la sentencia de Strieff podría llevar a detenciones y verificaciones de identificación con cualquier pretexto con el fin de hacer redadas en busca de evidencias.
La norma de exclusión protege la culpabilidad objetiva, pero hace poco por los inocentes
La norma exclusión requiere que las evidencias obtenidas bajo ciertas circunstancias (cada vez menos) se anulen en un juicio penal. Por desgracia, no hace nada por proteger a una persona inocente que está siendo investigada ilegalmente. Es decir, como no hay evidencia de actividad ilegal a encontrar en una persona inocente, no hay arresto ni por tanto caso judicial en el cual anular las evidencias. Más bien el mecanismo por el cual la norma de exclusión se supone que protege al inocente es mediante impedir que la policía haga lo mismo en el futuro.
El tribunal argumenta en el caso de Strieff que la norma de exclusión no es aplicable porque la investigación ilegal del detective Fackrell fue un “caso aislado de negligencia” y no “parte de ninguna mala conducta policial sistémica o recurrente”. Para poder aplicarse, su mala conducta tendría que haber sido “a propósito o flagrante” porque el propósito de la norma de exclusión es impedir una mala conducta policial. Aunque este razonamiento debería rechazarse (porque una mala conducta es una mala conducta y tendría que tener consecuencias, ya se haya hecho de buena fe o flagrantemente), también es completamente falso, como señala la juez Sotomayor en su voto particular. El detective Fackrell sabía exactamente lo que estaba haciendo al verificar la identificación de Mr. Strieff (encontrar una orden de arresto para poder cachearle) y esto no es una táctica infrecuente de la policía de Salt Lake City, como reconoce el Tribunal Supremo de Utah, lo que ilustra nuestra siguiente lección.
La norma de exclusión es ineficaz para prevenir el mal comportamiento policial
La policía raramente es castigada por mal comportamiento de este tipo. Y aunque la norma de exclusión pretenda impedir que la policía impida el proceso debido de los sospechosos, no puede considerarse realmente un castigo, ya que, como se ha mencionado antes, no se aplica cuando la policía cachea ilegalmente al inocente. Esto muestra un gran agujero en los mecanismos institucionales para asegurar que la policía obedece a la ley. En casi todas las circunstancias, es extremadamente difícil castigar a un policía. Si su mal comportamiento no llega a ser criminal (lo que raramente genera una acusación), debe ser castigado internamente por alguien en su departamento de policía, si es que es castigado en absoluto. (Hay circunstancias en las que se implica el Departamento de Justicia, pero esto se produce normalmente para reformar las prácticas del departamento de policía en su conjunto, no para sancionar a policías individuales por incidencias concretas de malos comportamientos pasados). Aunque exista supervisión civil para muchos departamentos de policía más grandes, no tiene casi ninguna capacidad para sancionar policías y sólo puede hacer recomendaciones a la dirección de la policía. Sin embargo, contar con que la policía se controlará a sí misma es casi tan tonto como contar con que el gobierno limite su propio poder, lo que nos lleva a la lección más importante.
Nunca debería contarse con que el gobierno límite su propio poder
Deberíamos destacar que el tribunal admite totalmente que la detención del detective Fackrell de Mr. Strieff incumplía la Cuarta Enmienda. Aun así, el juez Thomas, en su exposición de la sentencia del tribunal dice: “aunque que haya una violación de la Cuarta Enmienda, [la] norma de exclusión no es aplicable cuando los costes de exclusión superan sus beneficios disuasorios”. En otras palabras, la aplicación de la Constitución depende de un análisis coste-beneficio ad hoc de nueve (o más bien cinco) burócratas no electos. Pero, parafraseando a Madison, no puedo comprometerme a poner mi dedo sobre ese artículo de la Constitución que garantizaba un derecho del poder judicial a eliminar las protecciones constitucionales cuando lo considerara oportuno.
A pesar de la clara intención de los Fundadores de impedir que los agentes públicos fueran capaces de detener, arrestar e interrogar a cualquiera a voluntad, el tribunal, una vez más, dejó de apoyar la Constitución. Y, de acuerdo con Rothbard, esto es lo que deberíamos esperar cuando el gobierno decide los límites de su propio poder:
Es verdad que en Estados Unidos al menos tenemos una constitución que impone límites estrictos sobre algunos poderes del gobierno. Pero, como hemos descubierto en el siglo pasado, ninguna constitución puede interpretarse o aplicarse a sí misma: debe ser interpretada por hombres. Y si el poder definitivo de interpretar una constitución se entrega al Tribunal Supremo del propio gobierno, entonces la tendencia inevitable es que el tribunal continúe dando su Imprimatur a poderes cada vez mayores para su propio gobierno.
Publicado originalmente el 7 de julio de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
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