¿Qué demonios son las externalidades?
En economía se conoce como externalidad impacto sobre terceros no compensado de las decisiones económicas de los participantes del mercado. En términos simplificados, el impacto que nadie paga o por el que nadie recibe una compensación. Las externalidades negativas son un impacto negativo, por el que nadie recibe una compensación. Por ejemplo, el humo de las fábricas contamina las propiedades y el aire de los residentes locales, y nadie recibe una compensación por ello. Huelga decir que el estado ve esto como un fracaso del mercado y lo utiliza para justificar intervenciones de todo tipo y ampliar aún más su esfera de influencia. En la norteamérica (o la Alemania) de la década de 1830 y 1840, cuando existía un concepto de derecho cuasi-libertario, esta contaminación de las casas habría dado lugar a un proceso judicial en el que el dueño de la casa tendría que probar que la fábrica y sus humos dañaban su propiedad y su salud. Si el dueño era capaz de probar esto, los dueños de las fábricas hubieran tenido que pagar por los daños y, si se negaban, habrían terminado en la cárcel o rechazados por la sociedad, lo que equivaldría a una multa o mayores costos de oportunidad.
Como resultado de esta forma de aplicar la ley, había pocos casos de contaminación ambiental, la “mano invisible” del mercado libre se habría encargado de, por ejemplo, que las fábricas usasen carbón más limpio aunque éste fuese más caro que el carbón con mayor proporción de compuestos del azufre. Otro ejemplo serían los incendios de terrenos privados provocados por los trenes debido a la emisión de chispas ígneas; el libre mercado, gracias al principio de responsabilidad por causar daños aportó la solución vía acción judicial, de manera que los fabricantes de locomotoras y proveedores de servicios ferroviarios se vieron obligados a reducir la emisión de chispas, protegiendo así la propiedad privada de los colindantes con las vías férreas.
El principio de responsabilidad.
Debido a la acción reguladora de los gobiernos, el principio de responsabilidad de quien contamina ha quedado poco menos que en agua de borrajas y el uso del carbón limpio o filtros de humo, etc. ya no provoca un aumento de la competitividad o una reducción de los costes. Desparecida la amenaza de elevados costes de compensación a “daminificados” , la asunción de costes adicionales obligatorios por parte del empresario (con conciencia ecológica o no) sólo suponen un encarecimiento del producto y pérdida de competitividad. Esto es siempre una desventaja para el consumidor. Vean el ejemplo de la industria de la generación de energía y las constantes subidas del precio de la luz. Son los habitantes de un monopolio territorial estatal quienes, vía impuestos y mayores precios asumen los costos adicionales, y no quien realmente contamina. Hablar del fracaso del mercado es absurdo por cuanto vemos que se trata del fracaso de los gobiernos.
Si los derechos de propiedad en una sociedad no son siempre absolutos, aparecen arbitrariamente bienes públicos para subsitituir aquellos que supuestamente el mercado ofrece en cantidad insuficiente o a precio excesivo, con lo que se justifica la intervención del gobierno como la única manera de asignar mejor los recursos. Este es el principio en el que se basa toda la ideología “sandía” (verde por fuera, rojo por dentro). La justificación para el intervencionismo estatal la proporciona el teorema de Coase.
Coase y la eficiencia.
El teorema de Coase nace con la ambición de lograr la mayor eficiencia y garantizar los más bajos costos de transacción posibles. Este objetivo, de acuerdo con el teorema, no podía ser alcanzado por el mercado mediante los precios y la libertad de sus millones de participantes que se esfuerzan por conseguir su propio interés de la manera más eficaz (barata y accesible), sino que es el estado el que debe garantizar el menor costo posible y dirigir la asignación de recursos al productor “más adecuado” para que éste pueda producir los servicios y productos de manera especialmente eficiente. El problema del teorema radica en las asimetrías de la información: nadie puede saber qué recursos son los necesarios ni dónde su uso será más eficiente.
Tomemos el ejemplo de un robo con el fin de ilustrar la teoría de Coase. Resulta que he robado una cartera y me llevan preso al juzgado donde el juez aplica justicia según el teorema de Coase. El juez me pregunta cómo llegué a la cartera y yo, que soy ladrón honesto, respondo que se la he robado a alguien. En lugar de castigarme de alguna manera o de condenarme a reponer lo robado a las víctimas, la siguiente pregunta del juez será sobre qué pretendía hacer con el dinero robado. Si yo ahora digo que pretendo usar el dinero para algo de uso útil como, por ejemplo, hacer una carretera y la víctima del robo dijese que iba a utilizar el dinero para comprar drogas , entonces el juez deberá absolverme según Coase, porque mi uso del dinero es mucho más útil que el que le quería dar la víctima y tiene el costo más bajo posible para mí. Aquí se pone de manifiesto cómo el teorema de Coase se utiliza para violar los derechos de propiedad y para poder extender el poder de la política y el estado. Los ataques de los gobernantes a cualquier propiedad están sujetos a la opinión arbitraria sobre un supuesto mayor beneficio para el mayor número de personas y por lo tanto cimienta la aparición de un sistema totalitario de gobierno en el que no hay lugar para la libertad del individuo.
¿Y la contaminación?
El punto de partida es, dos vecinos están en sus pisos y el vecino A mete ruido, pero no tan fuerte como para que el vecino B se de cuenta de nada. Un buen día el vecino B decide cambiar el dormitorio a otra habitación y entonces sí: ahora el ruido del vecino A sí le molesta. ¿Cómo sería el enfoque del tribunal según el teorema de Coase? El tribunal debería dar la razón a la parte que vaya a soportar en el futuro el costo más bajo. Debido a que estos costos s¡olo pueden ser estimados, pero nunca sabidos como ciertos, cada decisión así tomada sería arbitraria. El enfoque liberal- libertario en una sociedad de derecho privado, podría ser que, mediante la asignación de derechos basada en el „first come, first serve“, el derecho de hacer ruido ruido del vecino A sea el que prevalezca. Ello no le excluye de las otras consecuencias de su acción, como son la exclusión social, por lo que el contaminador que abusa con su ruido, sufrirá las consecuencias de la negativa de intercambio con él. Por ejemplo, viendo cómo le prohiben usar ciertas carreteras, ya que el propietario de la carretera, no tolerará que las personas que se comportan como el vecino A usen su carretera, o le impondrá una tasa de peaje mayor por ser un alborotador. Si en lugar de ruido hablamos de humos tóxicos, el caso es más gráfico si cabe: todos los afectados denunciarían por daños y perjuicios contra su salud y su propiedad, siendo el contaminador condenado a pagar indemnizaciones multimillonaris, de manera que su “producto” pierde atractivo en el mercado, obligándole, o a cerrar, o a eliminar la emisión de humos. Además, en el mercado, el comprador tiene siempre su papeleta de voto y su identificación de juez: su cartera. Es fácil llevar a una empresa a la quiebra no comprando sus servicios.
No existe ninguna excusa que justifique la coerción y la violencia aplicadas por los estados para alcanzar propósitos tales como mayor eficiencia o mejor asignación de los recursos. Es el carácter arbitrario y apriorista de ambos “deseos” el que convierte a la acción estatal en arbitraria, apriorista y totalitaria.
Publicado originalmente en Desde el Exilio (23 de octubre de 2015).
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