Por supuesto, los izquierdistas denunciaron inmediatamente la idea considerando que es beneficiarse de la guerra y que socava corporativamente la autoridad estatal. Prince tiene razón en señalar el tremendo desperdicio de dinero que está costando la coalición liderada por EEUU a los contribuyentes de los países participantes. Después de más de dieciséis años de ocupación, la campaña militar se ha convertido en un atolladero e impedir el aumento de futuras amenazas desde Afganistán requiere una revisión completa y una aproximación filosófica. Citando las inversiones previstas de 45.000 millones de dólares para 2017, Prince afirma que su plan de seguridad privada bajo un gobernador unificado costaría solo 10.000 millones de dólares. Aunque este sería un ahorro importante y una mejora de la situación, sigue atacando al contribuyente estadounidense para que subvencione la seguridad de otros, sin que mejore en nada la suya. Sigue basándose en una idea justificada de intervencionismo exterior que hace de cada estadounidense un cómplice de una invasión agresiva.
Estados Unidos no afronta ninguna amenaza existencial desde Afganistán. El potencial de tramas terroristas lanzadas desde Afganistán es minúsculo comparado con los costes, la degradación militar y el fomento del odio revanchista que producen allí las acciones de EEUU. Los ataques del 11-S, diseñados y lanzados desde Afganistán, fueron ciertamente importantes, pero, como enseña Sun Tzu en su capítulo ocho de El arte de la guerra, no deberíamos contar con que el enemigo no venga, sino con estar preparados para defendernos. Impedir un ataque del estilo del 11-S no requiere invadir otro país, sino eliminar las restricciones artificiales que impiden, capitanes, tripulaciones y viajeros defenderse a sí mismos y a lo que es suyo mientras están en tránsito.
Además, como los estadounidenses están obligados constitucionalmente a proveer su propia seguridad, en el mejor de los casos, con esfuerzos suplementarios organizados por la arquitectura federal, el mandato defensivo no permite gasto público que beneficie a otros que no sean los votantes contribuyentes. En otras palabras, y parafraseando a Madison, el gobierno federal de Estados Unidos no tiene autoridad para gastar el tesoro público en objetos de benevolencia para los afganos. La erradicación de Al Qaeda la través de ataques dirigidos o recompensas pudo haber sido en algún tiempo un objetivo político legítimo, pero ese tren hace mucho tiempo que partió y ahora la aventura estadounidense se está hundiendo en el pantano de la construcción de naciones.
Si Afganistán es tan rico en minerales y recursos valiosos como se indica, realmente la división internacional del trabajo se beneficiaría de un entorno mejorado de seguridad que permita su extracción. Aun así, invertir en una aventura comercial para primero asegurar y luego operar en estos sectores es el campo adecuado para los actores del mercado, idealmente cumpliendo la normativa local y cooperando con los dueños legítimos de las propiedades que vean los beneficios de dichos empeños. Repito, los contribuyentes de las naciones de la coalición no tienen ninguna obligación de financiar de estos esfuerzos. De esta manera, quienes inviertan y asuman riesgos para operar en entornos austeros merecerán la recompensa por hacer aquello que otros no tuvieron la visión y fortaleza de hacer. De esta manera, los beneficios serían merecidos.
Es por la naturaleza insidiosa de la asociación público-privada por lo que el corporativismo confunde la creación real de bien social y la corrupción desvía el propósito de la producción de la fabricación de productos para el mercado hacia objetivos intangibles y sin sentido como detener la táctica del terrorismo o extender la democracia. La única manera de mantener claros los objetivos es a través de asegurar que inversores, actores y resultados se mantienen únicamente dentro de la esfera privada.
A quienes critican las actividades de Blackwater en Irán y el lamentable incidente de Nisour Square les gusta indicar que los contratistas militares operan sin ninguna supervisión responsable, pero solo prestan una escasa atención al hecho de que las fuerzas militares regulares y de operaciones especiales, particularmente en forma de ataques con drones, también producen habitualmente bajas civiles y otros resultados perversos.
Además, mientras los críticos de las empresas militares privadas disfrutan denigrando a los mercenarios, a menudo se olvidan de los privilegios estatales conferidos a Blackwater durante la irónicamente llamada campaña de la Libertad Iraquí, que permitieron usos excesivos de la fuerza. En ausencia estos privilegios estatales, una empresa privada que actuara para asegurar operaciones comerciales en Afganistán tendría que actuar de acuerdo con las leyes, costumbres y estándares del sector local. La responsabilidad de todas las violaciones recaería sobre los actores e inversores de esas compañías y esta es otra razón para eliminar completamente todas las conexiones de autoridad entre gobiernos exteriores y empresas militares privadas: dejemos que los riesgos y las recompensas recaigan exclusivamente sobre quienes se dejan la piel en el juego.
Así que la propuesta de Mr. Prince, al señalar los resultados perversos producidos por burocracias derrochadoras, es un pequeño paso en la dirección correcta. Solo tiene que cortar el cordón umbilical, liberar al contribuyente y dejar que la producción de seguridad sea realmente privada como medio para acabar con la tragedia mal concebida y ejecutada de la ocupación de Afganistán liderada por Estados Unidos.
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