Mientras que ella puede pretender proteger a los consumidores en un momento, la senadora estadounidense Elizabeth Warren (D-MA) apoya sin complejos medidas destructivas y socialistas a lo próximo. En un nuevo proyecto de ley del Senado, Warren introdujo la “Ley de Capitalismo Responsable”, que busca establecer una “Oficina de Corporaciones de Estados Unidos”, que sería una junta federal creada para la tarea de emitir (o no emitir) cartas a corporaciones adineradas, corporaciones corporativas, políticas corporales, sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada (en lo sucesivo denominadas únicamente “corporaciones”). Estas cartas se requerirían de empresas corporativas con “más de 1.000.000.000 de dólares en ingresos brutos” para operar; sin uno, no se ajustaría a la definición legal de corporación. Las cartas corporativas no se entregarían indiscriminadamente a las empresas que las requirieran, ya que esto sería redundante y daría lugar a pocos cambios sociales. Por el contrario, el gran plan de Warren para “salvar” el capitalismo es utilizar estas cartas para destruir el motivo de la ganancia, en última instancia destruyendo el mercado de uno de sus mecanismos más esenciales.
Conforme a la ley, la Oficina de Corporaciones de los Estados Unidos tendría la facultad de restringir la emisión de cartas fiduciarias únicamente a aquellas empresas que se considera que “crean un beneficio público general; y equilibrar … los intereses pecuniarios de los accionistas de la corporación de los Estados Unidos con los mejores intereses de las personas que se ven materialmente afectadas por la conducta de la corporación de los Estados Unidos.” Como la mayoría de los sentimientos progresistas, sin embargo, las ideas de crear un público en general el beneficio y el equilibrio de los intereses en conflicto no está del todo claro y depende de caprichos arbitrarios. ¿Qué califica un beneficio como “general” o “público” y en qué punto se consideran los intereses como equilibrados? Por supuesto, la Oficina de Corporaciones de los Estados Unidos es el juez que decide sobre estos temas, y si determina que una empresa en particular busca demasiadas ganancias o no es lo suficientemente beneficiosa para la sociedad, utilizará su autoridad para paralizarlas por completo. En el mejor de los casos, obligará a las compañías a asegurarse de que reciban menos de 1 mil millones de dólares en ingresos brutos por año, lo que obstaculizará significativamente sus asuntos productivos, si no puede eliminar por completo su funcionamiento. Más pragmáticamente, simplemente obligaría a la mayoría de las grandes corporaciones a abandonar Estados Unidos y encontrar un país más adecuado para operar.
Según el proyecto de ley, lo que debe tenerse en cuenta en la emisión o no de una carta es la conducta de las empresas con respecto a los intereses de los “accionistas”, “los empleados y la fuerza de trabajo”, “los clientes y las filiales de la corporación en los Estados Unidos”, “factores comunitarios y sociales”, “el entorno local y global” y la propia corporación en “el corto y el largo plazo”. Dado que este es el caso, la ley permite que cualquier corporación importante sea cerrada debido a los agravios de cualquier accionista, empleado, cliente o incluso miembro de la sociedad. La cuestión de qué reclamos son legítimos y tienen prioridad, por supuesto, se deja a la Oficina de Corporaciones de los Estados Unidos, un poder peligroso que se otorgará.
La Ley del Capitalismo Responsable finalmente pondría al gobierno federal en control de las empresas más grandes de la economía, administrándolas de manera que se ajusten a sus planes y trabajen para su beneficio. Sería, esencialmente, un sistema de planificación central de la economía, o más exactamente: las concesiones centralizadas. Peor aún, imagine el estado del mercado después de que la Oficina de Corporaciones de los Estados Unidos se viera inevitablemente infestada de cabilderos corporativos; cada gran empresa estaría luchando por la supervivencia en el coliseo del Congreso. Tal escenario sería económicamente ruinoso, afectando a las empresas no solo a nivel corporativo, sino también afectando a todo el resto del resto de la economía.
La ley de Warren hace más que crear una nueva burocracia reguladora y establecer pautas maleables que la rijan. También crea requisitos definitivos para las empresas con el marco de la filosofía de extrema izquierda de Warren. El proyecto de ley establece: “No menos de 2/5 de los directores de una corporación de los Estados Unidos serán elegidos por los empleados de la corporación de los Estados Unidos”, lo que significa que los empleados tendrán control democrático sobre casi la mitad de la composición directiva de su empresa. En una nota a pie de página de Poder y Mercado, Murray N. Rothbard explica brevemente por qué esa democracia en el lugar de trabajo está condenada al fracaso, y por qué rara vez aparece en el mercado sin la interferencia del gobierno. Como él dice:
si cada propietario recibe un solo voto, independientemente de la cantidad de dinero que haya invertido en un proyecto (y las ganancias se dividen de la misma manera), no hay ningún incentivo para invertir más que el siguiente hombre; de hecho, cada incentivo es a la inversa. Esta obstaculización de la inversión milita fuertemente en contra de la forma [democrática].
No todos los empleados tienen la misma participación en un negocio determinado. Algunos pueden haber trabajado allí durante décadas, preocuparse por su reputación y tener mucho dinero invertido en ella como accionistas, mientras que otros pueden ser empleados recientes sin dinero invertido en él. Este último, en comparación con el primero, tiene mucho menos interés en determinar quiénes serían los mejores directores para un negocio. Incluso si tuvieran el mismo interés e interés en hacerlo, aún no serían necesariamente buenos responsables de la toma de decisiones. La democracia en el lugar de trabajo, incluso si se instituyera para determinar solo el 40% de los directores de una corporación, causaría estragos en la economía. Hay una razón por la cual algunas personas son solo empleados y no simultáneamente accionistas; a saber, debido a que no pueden tomar decisiones inteligentes y eficientes con respecto a la composición del personal de la empresa. Sin embargo, la Ley del Capitalismo Responsable aún haría oír las voces de los empleados por el bien de la democracia y la igualdad, incluso si el resultado fuera desastroso. El incumplimiento de este requisito del 40% daría lugar a una sanción monetaria civil contra la corporación de entre 50.000 dólares y 100.000 dólares por día, que se cobraría después del cierre de un período de 180 días.
Aunque Warren afirma que la Ley del Capitalismo Responsable ayudaría a los consumidores, en realidad hace lo contrario. Por la naturaleza del mercado, las corporaciones solo pueden existir en la medida en que sirven a los consumidores. Si los clientes no están contentos con una empresa en particular, nunca tendrán que volver a visitar la empresa. Del mismo modo, si los accionistas o empleados no están contentos, pueden desvincularse por completo de la empresa. Este proceso, que se coordina a través de la recepción de ganancias o pérdidas, permite que las empresas mejores, más productivas en valor prosperen y, para peor, las empresas menos eficientes fracasen, y que finalmente cierren si persisten sus ineficiencias. Al darle al estado la capacidad de controlar a las empresas adineradas, el proyecto de ley de Warren restringiría las opciones para los consumidores, dejándolos con una peor calidad de los productos a precios más altos. El capitalismo ya es responsable, y no hay nada que el gobierno pueda hacer sino destruir esto.
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