Aunque el plan de Kobach incluye el National Security Entry-Exit Registration System (NSEERS) de la era de George W. Bush, un sistema que ha permanecido en vigor bajo el presidente Barack Obama hasta 2011 (solo para ser remplazado por un programa más completo), pocos entendieron el hecho de que el NSEERS solo incluye la recogida y cruce de datos pertenecientes a inmigrantes que vienen a Estados Unidos desde países con mayoría musulmana. Pero como nuevas fuentes de noticias han dicho que Trump podría acabar convirtiendo a este en un registro de musulmanes estadounidenses e inmigrantes que ya viven en el país, el portavoz del Presidente electo, Jason Miller reafirmaba al público que no, un sistema de registro para los musulmanes no estaba entre las medidas de la administración Trump.
Sin embargo, hay un acontecimiento en la historia de nuestro país que sirve como precedente para un sistema que podría distinguir y ayudar a reportar eficazmente acerca de estadounidenses e inmigrantes concretos. Pero el gobierno de EEUU nunca sería capaz de ponerlo en vigor si no fuera por la presencia de la Oficina del Censo, una institución que cuesta anualmente miles de millones de dólares del contribuyente.
En un reciente artículo para USA Today, James Bovard explicaba que la oficina del censo envía “su Encuesta de la Comunidad Estadounidense a más de tres millones de familias al año”, recogiendo información personal con respecto a la religión, grupo étnico, historial de empleo del residente e incluso si este tiene “dificultades para recordar, concentrarse o tomar decisiones”.
Mientras que la agencia amenaza a quienes realicen la encuesta con una sanción de 5.000$ por no cumplir con su requerimiento, esta nunca ha tenido que responder por incumplimiento flagrante de la ley en la década de 1940, cuando el gobierno de EEUU tuvo acceso a la información sobre estadounidenses de origen japonés gracias a los datos recogidos por los trabajadores del Censo. Con información detallada en la mano, el ejército acabó rodeando a estos, mandándolos a campos de internamiento y haciendo de este periodo de la historia del país uno de los legados más infames del presidente demócrata Franklin D. Roosevelt.
En su artículo, Bovard añadía que las detenciones hoy día están “ampliamente reconocidas (…) entre las mayores violaciones de libertades civiles de la historia moderna de EEUU”, impulsando al Congreso a votar por indemnizar a las víctimas en 1988. Pero a pesar de la vergüenza a menudo asociada con este episodio, no fue hasta principios de la década del 2000 cuando una investigación desveló documentos que demostraban que la Oficina del Censo había sido una parte importante de esta farsa, llevando a la agencia admitir su culpabilidad, pero sólo hasta cierto grado.
Hasta hoy, la Oficina del Censo afirma que nunca proporcionó nombres ni direcciones de todos los estadounidenses de origen japonés. Pero a pesar de sus afirmaciones, un estudio llevado a cabo por William Seltzer de la Universidad de Fordham y Margo Anderson de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee demostraba que el Servicio Secreto tuvo acceso al menos a todos los nombres y direcciones de personas con antepasados japoneses en el área de Washington gracias a la Oficina.
Así que si os preocupa que el gobierno de EEUU pueda (bajo una administración Trump o una administración futura) detener a cualquier grupo de estadounidenses e inmigrantes basándose únicamente en su religión u otra característica particular, acabar con el poder e inquisición de la Oficina del Censo de EEUU sería un gran primer paso, ayudando a recortar el poder público y a asegurar la privacidad y los derechos de la Cuarta Enmienda de todas las personas a estar adecuadamente protegidas.
El artículo original se encuentra aquí.
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