Es común que los populistas de derechas –como Trump- carguen contra los extranjeros, mientras que los de izquierdas lo hagan contra ‘los ricos’ (cualquier cosa que ellos quieran que eso signifique).
Así las cosas, el proyecto de Constitución de la capital del país contempla específicamente en los incisos 7 y 9 de su Artículo 21, una artera confiscación de la propiedad privada, que se disfraza de ‘recuperación de plusvalías’ derivadas del proceso de urbanización.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió a los constituyentes que consideraran modificar el artículo del proyecto constitucional referido, a fin de que no haya dudas “de que jamás ha existido la intención de crear un nuevo impuesto o de cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la Ciudad de México.”
Está por verse cómo se modifica y qué aprueban los legisladores, pero es un hecho que el embate contra la llamada ‘plusvalía’, va con todo de cualquier modo.
Para comprobarlo, basta ver la nueva Ley de Vivienda (LdV) de la CDMX aprobada el martes en la Asamblea Legislativa.
De entrada, la fracción XX del Artículo 26 –dedicado a la política de vivienda de la CDMX-, establece como uno de sus principios el de “Crear mecanismos para combatir los procesos de acaparamiento, subutilización y especulación de los terrenos, que tiendan a revertir a favor de la sociedad las plusvalías generadas por el crecimiento urbano”. Así que si a criterio de la autoridad capitalina, usted está ‘acaparando’, ‘subutilizando’ o ‘especulando’ con su propiedad, le aplicará las medidas que considere convenientes para confiscarle su ‘plusvalía’.
La cosa no para ahí. El Artículo 94 de esa ley establece que “El Gobierno de la Ciudad de México, deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México.
“La Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular y la producción social del hábitat y vivienda.”
La diputada Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, aseguró en un Comunicado publicado en Twitter que es falso que la LdV genere un nuevo impuesto, y que los ‘mecanismos para la captación de plusvalías’ ya existen bajo la forma del impuesto predial, contribuciones de mejoras, entre otros.
Agrega que la nueva ley busca que dichos mecanismos ‘ayuden a redistribuir la riqueza en las colonias que han sido impactadas o donde provienen los recursos, a través de la Secretaría de Finanzas.’ Más claro, imposible.
Ahora, si no es la intención gravar la plusvalía, ¿qué necesidad había entonces de referirse de manera explícita a ella en la nueva LdV, y hacerlo igual que en el proyecto de Constitución de la CDMX?
No. La diputada dice una verdad a medias. Es cierto que no es todavía un impuesto, pero también que la nueva LdV abre la puerta para su implementación, lo que en el extremo, llevaría al colapso del mercado inmobiliario de la ciudad.
En fin. Malas señales se mandan a los inversionistas en un momento en el que necesitamos atraer más capitales para crecer, pero nuestros políticos insisten en ahuyentarlos.
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