Uno: eliminar todas las agencias a nivel del gabinete federal relacionadas con la regulación de la vida económica.
De las actuales oficinas a nivel de gabinete, deberían eliminarse inmediatamente las siguientes, incluyendo todos los departamentos dentro estas oficinas, como el OSHA (dentro del departamento de trabajo) y la EPA (habitualmente con rango de gabinete):
- Agricultura
- Comercio
- Trabajo
- Energía
- Educación
- Vivienda y Desarrollo Urbano
- Transporte
Las siete agencias anteriores gastaron 667.000 millones de dólares en 2010, lo que representa un 23% de todo el gasto federal.
Dos: Eliminar el banco central (la Fed) y acabar con las leyes de curso legal.
Por supuesto, un mercado libre debe incluir libertad para sus participantes de usar cualquier medio de intercambio (dinero) que elijan. El dinero es parte integral de la economía de mercado. Aparece naturalmente para acabar con las limitaciones de una economía de trueque, también conocida como intercambio directo. El dinero material lo convierte en intercambio indirecto, por el cual los participantes en el mercado comercian con el producto más ampliamente aceptado en lugar de directamente para satisfacer sus objetivos finales. No hay necesidad de que el estado dicte qué puede usarse para el intercambio indirecto. Los propios participantes del mercado están en la mejor situación para determinar qué producto constituye el mejor dinero.
Además, el dinero fabricado y controlado por el banco central ha permitido al gobierno actuar como un falsificador común, creando dinero de la nada para financiar sus propios programas de gasto o recompensar a sus patrocinadores, todo a costa de la sociedad en su conjunto. Es mucho más fácil financiar guerras y programas sociales con dinero impreso en lugar de con impuestos o tomando prestado ahorro real. La constante erosión del poder adquisitivo del dinero daña más a los jubilados, disminuyendo su capacidad para planificar una jubilación cómoda y digna. Además, la teoría austriaca del ciclo económico coloca la expansión del dinero fiduciario como la causa raíz del ciclo de auge/declive que asigna erróneamente y acaba destruyendo el capital.
Tres: Eliminar las licencias públicas de ocupaciones y productos.
El mejor regulador de la calidad en productos y servicios sigue siendo el mercado. Las agencias públicas protegen el status quo, erigiendo barreras innecesarias a servicios alternativos más baratos y asequibles. No hay un patrón objetivo para determinar la cualidad del servicio. Es un juicio de los propios participantes del mercado. En un mercado libre, los practicantes incompetentes y sin escrúpulos son erradicados por la competencia y el derecho ordinario comercial y de daños.
Cuatro: Eliminar la presencia de terceros en los tribunales.
Los grupos ecologistas y otros grupos antiempresas y antidesarrollo presentan demandas para detener proyectos de los que no son parte. Estos terceros no poseen propiedades afectadas ni pueden demostrar que estén sufriendo un daño real (salvo un daño hipotético o psicológico como la pérdida de paisajes). Por ejemplo, en el caso de los “paisajes”, esos grupos siempre tienen la posibilidad de reclamar fondos a sus miembros para comprar y preservar los que consideran paisajes especiales. Igual que las licencias de ocupación bajo la bandera de la protección al consumidor, no hay un patrón objetivo de qué es y no es un paisaje o un área especial. Solo los propios consumidores, actuando en el mercado, pueden decidir esas cosas. Los grupos ecologistas no pueden suponer tener una posición superior o más inteligente fuera del mercado, porque no hay patrón para determinar cosas como la belleza. Son evaluaciones subjetivas que cambian constantemente. Si pensáis que nos así, podéis estudiar el movimiento de los cementerios rurales en el siglo XIX en el que los mejores arquitectos de paisajes del mundo eran contratados para diseñar cementerios donde las familias dedicarían muchas horas cada fin de semana entre sus antepasados.
Cinco: Restringir los receptores de indemnizaciones monetarias por violación de leyes comerciales, pleitos y otros daños.
Solo las partes en una disputa que hayan demostrado en un tribunal haber sufrido daños reales deberían ser indemnizadas financieramente por violaciones del derecho común y estas indemnizaciones deberían ir enteramente a las partes afectadas, no a terceros denunciantes o a sus abogados. Las actuales normas de amigos en el tribunal permiten la intromisión de terceros que pueden retrasar proyectos empresariales casi indefinidamente o elevar los costes hasta que dichos proyectos se abandonan. Quienes sufren son los desarrolladores de proyectos, por supuesto, además de todos los empleados que no se ven que nunca se convirtieron en empleados y todos los felices clientes de los proyectos que nunca se convirtieron en dichos felices clientes.
Seis: Acabar con todas las subvenciones.
Si un negocio no puede producir un beneficio aceptable para sus inversores, los inversores deberían cerrarlo e invertir su capital escaso en un negocio cuyo producto sea más deseable. Los negocios que producen pérdidas son prima facie evidencia de que el capital se está consumiendo lugar de acumularse. Los inversores privados han de cerrar esos negocios o perderán todo su capital. Las subvenciones públicas saquean el capital existente para potenciar esos negocios que lo están consumiendo. Pero las subvenciones no detendrán esa desacumulación de capital. Normalmente son empresas de alto nivel, aquellas con muchos trabajadores sindicados o políticamente bien conectadas las receptoras de capital proporcionado por la gente común y trabajadora. En otras palabras, las subvenciones son un robo.
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