La jubilación del juez del Tribunal Supremo, Anthony Kennedy, ha multiplicado por once la histeria política de Washington. Cuando vemos a personas adultas llorando en sus oficinas por la jubilación un juez, tal vez sea el momento de cuestionar si algún grupo de nueve personas debería tener alguna vez tanto poder sobre el paisaje político. Ryan McMaken defendía lo mismo después de la muerte de Antonin Scalia:
Expertos y políticos de todo el espectro nos dicen lo indispensable, impresionante y absolutamente esencial que es el Tribunal Supremo. En realidad, deberíamos estar buscando maneras de socavar, paralizar y forzar al Tribunal a la irrelevancia general. (…)
Si los estadounidenses quieren un gobierno que sea más probable que les deje en paz, deberían ignorar las súplicas para elegir a otro político que se limitará a nombrar a otro donante o aliado político para el Tribunal. Por el contrario, gobiernos estatales y locales debería buscar constantemente ignorar, anular y en general no considerar las sentencias del Tribunal cuando vayan contra la ley y las instituciones locales donde (muy al contrario que en el Tribunal Supremo) los ciudadanos comunes tienen alguna influencia real sobre las instituciones políticas que afectan a sus vidas.
Curiosamente, su idea del Congreso imponiéndose a los tribunales (para erosionar la percepción del Tribunal Supremo como un actor apolítico) incluso está ganando enteros en círculos interesantes.
Al ver lo mucho que está ahora en juego, el Partido Demócrata se enfrenta a una gran cantidad de críticas a toro pasado sobre cómo gestionaron la vacante tras Scalia. La mayoría concede ahora que su soberbia les hizo asumir que Hillary Clinton ahora sería presidenta y que el voto de Gorsuch lo mantendría un juez a la izquierda de Merrick Garland. Su clara estrategia ahora es un intento desesperado de retratar a Mitch McConnell como un hipócrita por impulsar una nominación judicial en un año electoral. Esta estrategia evidentemente fracasará porque McConnell es un conocido hipócrita y la política trata sencillamente acerca del poder, no de las normas legislativas.
Cuando este intento demuestre ser inútil, creo que en la próxima estrategia será la confrontación. De forma similar a lo que hemos visto esta mañana con las protestas delante de las oficinas de la Aplicación del Control de Inmigración de Washington, la base activista del Partido Demócrata tomará las calles mientras sus expertos aliados harán del reemplazo de Kennedy el último baluarte del mundo civilizado. Será la tercera o cuarta secuela de una franquicia todavía más cansina que la Guerra de las Galaxias: una batalla entre la valiente resistencia frente a un régimen de un Trump autoritario decidido a erosionar los derechos de todos los estadounidenses que no sean blancos, hombres y heteros.
Este capítulo concreto de la historia de la “amenaza autoritaria” se hace cada vez más entretenido cuando consideramos esta última temporada del Tribunal Supremo. Como señalaba astutamente Sean Davis, de The Federalist, tres de los casos más importantes de la lista de este año mostraban a la rama “liberal” del tribunal votando a favor de una participación forzosa:
NIFLA v. Becerra, una sentencia 5-4, defendía el derecho de los centros de fertilidad contrarios al aborto a no ser obligados legalmente a proporcionar información acerca de servicios de aborto, anulando un decreto de California de 2015. La importancia de esta legislación no es solo grande para el asunto del aborto, sino que tiene muchas más ramificaciones que impiden los decretos del gobierno en otros aspectos médicos.
Janus v. AFSCME, otra sentencia 5-4, protegía a los funcionarios no sindicalizados frente a la obligación de pagar cuotas sindicales contra su voluntad. Evidentemente, ninguna institución debería tener ese derecho (ni siquiera el gobierno), que lleva los dólares de los empleados a ayudar a promover causas (incluyendo campañas políticas) con las que están personalmente en desacuerdo.
Masterpiece Cakeshop v. Colorado, el tristemente célebre caso de la tarta de boda gay fue otro claro ejemplo de participación forzosa. Aunque esta fue una victoria legal para los pasteleros afectados, la propia sentencia se convirtió en bastante estrecha y filosóficamente en un agujero al centrarse en las acciones de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y su clara hostilidad hacia la fe cristiana. Como tal, los jueces Kagan y Breyer se unieron a la mayoría. Esto solo hace que la oposición de los jueces Ginsberg y Sotomayor resulte más alarmante. (En defensa de los cuatro miembros de la izquierda del tribunal, votaron con el juez Roberts en Carpenter v. United States, un importante caso de privacidad electrónica. No hace falta decir que los impulsos autoritarios no residen únicamente en las togas de la izquierda).
Así que repito, lo que debería quedar claro es que a la izquierda no le preocupa el “autoritarismo”, sino sencillamente perder la capacidad de aplicar su voluntad a la gente. En su defensa, esta respuesta es una preocupación justa y razonable: ninguna persona debería verse obligada a vivir bajo un gobierno explícitamente hostil a sus visiones del mundo.
¿Así que qué debería hacer una minoría política? Tal vez empezar leyendo algo de Heff Deist.
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