Las aspiraciones presidenciales de Elizabeth Warren para 2020 pueden haber terminado antes de que comenzaran esta semana gracias a la extraña decisión de su equipo de transmitir con orgullo los resultados de una prueba de ADN que muestra que pudo haber tenido un pariente de hace 10 generaciones de herencia indígena estadounidense. Como la Senadora Warren fue promovida una vez como “la primera mujer de color de la Facultad de Derecho de Harvard“, los resultados parecen confirmar que representó mal su ascendencia en su carrera anterior como profesora de derecho.
La decisión no solo se ha recibido con una despiadada condena de la Nación Cherokee, sino que una vez más la ha convertido en el blanco de los chistes del presidente Trump.
Muerto de la risa a costa de Warren, sin embargo, es un problema más grande que existe sobre cómo los políticos estadounidenses siguen tratando la soberanía tribal.
Después de todo, si Warren hubiera usado su posición como senadora para defender el derecho a la autodeterminación de la Nación Cherokee, su historia de distorsionar su conexión genética con la tribu quizás sería más justificable. Di lo que quieras sobre Rachel Dolezal, a ella al menos le importaba ser una defensora de la comunidad afroamericana. En cambio, el historial político de Warren es uno que ha promovido regularmente el continuo gobierno imperial de Washington en tierras que solo tienen de tribal el nombre.
Aunque nunca fue oficialmente el jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés), Warren ha sido ampliamente reconocida como la fuerza que guía la creación de la agencia. El CFPB fue creado como parte de la respuesta de la Administración Obama a la crisis financiera, un poderoso regulador financiero que carece de los controles tradicionales de otras agencias ejecutivas. Bajo la dirección del ex director Richard Cordray, el CFPB comenzó a trabajar para convertirse en un regulador de mano dura en su lucha contra las prácticas “injustas, engañosas y abusivas”.
Pronto, varias empresas de servicios financieros tribales se encontraron en la mira del entusiasta CFPB. El resultado es que la agencia ha sido descrita por el Dr. Gavin Clarkson, un experto en finanzas tribales, como “la agencia federal más hostil hacia las tribus indias desde que Asuntos de la India estaba en el Departamento de Guerra”.
Un ejemplo es una variedad de operaciones de préstamo a corto plazo que varias tribus iniciaron para intentar capitalizar el crecimiento del comercio electrónico. En teoría, la soberanía tribal debería haber otorgado a estas empresas una ventaja competitiva sobre otros prestamistas estadounidenses que tuvieron que lidiar con la burocracia de Washington. Desafortunadamente, el Departamento de Justicia de Obama decidió que estas operaciones representaban un “riesgo de seguridad nacional” y trabajaron con el CFPB para cerrarlas como parte de la Operación Choke Point, a pesar de los alegatos de los defensores tribales de que hacerlo sería económicamente devastador.
Si bien sería injusto culpar a Elizabeth Warren por todas y cada una de las acciones tomadas por el CFPB y el DOJ, se desempeñó como defensora principal de la Operación Choke Point cuando la presión legislativa aumentó para ponerle fin.
Del mismo modo, ha sido la voz principal en el Senado que ataca a la industria de préstamos de día de pago, que se convirtió en un punto de especial énfasis en el CFPB de Cordray. Esto ha puesto al campo de Warren-Cordray en un conflicto legal en curso con varias tribus sobre si la regulación financiera federal debería aplicarse a las tierras tribales, lo que lleva al CFPB a demandar a varios prestamistas tribales.
Si bien la Corte Suprema se negó a abordar el caso, que podría haber proporcionado un precedente legal a favor de la soberanía tribal, la demanda finalmente se retiró a principios de este año después de que Mick Mulvaney asumiera el cargo de director interino del CFPB. Warren escribió una carta a Mulvaney criticando la decisión.
La indiferencia de Warren a la causa de la soberanía tribal apareció nuevamente este año con un voto sobre la Ley de Soberanía Laboral Tribal.
El problema aquí era si las empresas de propiedad de las tribus deberían ser obligadas a seguir las leyes laborales federales en materia de negociación colectiva. El tema ha sido importante para varias tribus estadounidenses, molesto porque los gobiernos tribales están sujetos a leyes laborales de las que los gobiernos estatales y federales están exentos.
Como Jefferson Keel, el presidente del Congreso Nacional de Indios Americanos, escribió en The Hill:
Soberanía significa que a las tribus se les debe permitir tomar sus propias decisiones sobre sus propias políticas de fuerza laboral. La verdad es que muchas naciones tribales acogen abiertamente a los sindicatos en las empresas que poseen; otros eligen no hacerlo. Y un número creciente han diseñado y hacen cumplir sus propias regulaciones laborales. Pero la NLRB ignora todo esto y, en cambio, obliga a los gobiernos tribales a adherirse a la NLRA. Solo nosotros. Nadie más. Esto es una clara violación de nuestros derechos inherentes como naciones y gobiernos soberanos.
Desafortunadamente, la lealtad de la senadora Warren residía en los sindicatos por la soberanía tribal y ella se unió a otros 41 senadores para matar con éxito una votación sobre el proyecto de ley.
Si bien Warren ha hecho que sea fácil reírse de los “fauxocahontas” y los memes del 1/1024, su desprecio político por la soberanía tribal es lo que debería hacer que sus afirmaciones falsas de la herencia cherokee sean verdaderamente insultantes.
Elizabeth Warren y sus compañeros progresistas creen que los nativos americanos están mejor siguiendo sus reglas, en lugar de otorgar a las tribus la autodeterminación política para tomar tales decisiones por sí mismos. Es una forma de imperialismo ideológico, impulsado por su propia creencia en su superioridad moral y la creencia en “el lado correcto de la historia”. La carga de la persona progresista es usar el poder del Estado para imponer la justicia social, regular la “justicia” En el mercado, e imponer normas sociales igualitarias.
Esta es precisamente la razón por la que es importante para aquellos que reconocen los peligros de la extensión federal y la centralización política que deben tomar el tema de la soberanía tribal tan seriamente. El objetivo de una sociedad más civil y libre no debe ser el objetivo de un gran orden político universal, sino el respeto por la autodeterminación política. Con ese fin, el respeto por los derechos tribales es tan importante como cualquier otra lucha en favor de la descentralización política.
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