El movimiento por la soberanía alimentaria en Maine empezó en el pueblo de Sedgwick, que aprobó su propia ley de soberanía alimentaria, y la idea se extendió rápidamente a veinte pueblos en todo el estado. La ley de Sedgwick daba explícitamente a los ciudadanos del pueblo el derecho a “producir, procesar, vender, comprar y consumir alimentos locales a su elección”, como leche cruda y carnes sacrificadas localmente en mataderos que no cumplen las costosas regulaciones federales que crean barreras de entrada para instalaciones pequeñas.
Al principio, el estado de Maine reaccionó demandando los ciudadanos de los municipios que aprobaron las leyes de soberanía alimentaria, con el Tribunal Supremo del estado sentenciando en contra del granjero Dan Brown por vender leche cruda en el pueblo de Blue Hill, que había aprobado una ley igual que la de Sedgwick. Fue este caso el que ayudó a ganar tracción al movimiento de soberanía alimentaria y en junio el gobierno estatal capituló ante los granjeros aprobando la ley de ámbito estatal que protegía a los ciudadanos de cualquier municipio que aprobara una ley así. Esencialmente, el estado de Maine está reconociendo el derecho a la regulación de local de su sector alimentario.
Las medidas de descentralización con respecto a la regulación alimentaria no son exclusivas de Maine. Hace dos años Wyoming aprobó una ley protegiendo el derecho de los ciudadanos a vender comida “casera” sin licencia sin miedo a ser perseguidos. La ley de Wyoming no es tan completa como las leyes de soberanía alimentaria de Maine, pero representa igualmente la creciente voluntad de los estados de anular regulaciones federales con respecto a la comida. Sin embargo, Maine es el primer estado en aprobar una ley dirigida de forma general a todas las regulaciones alimentarias, en lugar de una sola regulación específica.
El movimiento de soberanía alimentaria es indudablemente una respuesta a las regulaciones cada vez más duras sobre los pequeños productores de alimentos. La respuesta de los granjeros de Maine que apoyan de la ley indica que el movimiento es una reacción a los costes impuestos sobre los pequeños productores por las regulaciones federales. Jordan Pike, un granjero de Lebanon, Maine, decía sobre la ley:
Proporcionar este servicio a los miembros y vecinos de la comunidad puede significar la diferencia entre mantener la vaca (incluso mantener la granja) o tener que venderla. Significa ser capaz de pagar la factura del veterinario por un animal en lugar de acabar con él o pagar al techador para arreglar la gotera en el granero o al pintor y mantener alto del valor de nuestras propiedades.
En otras palabras, como muchas instituciones públicas (si no la mayoría de ellas), el Departamento de Agricultura en la práctica regula en beneficio de las grandes empresas a costa de los competidores más pequeños. Maine está liderando la carga contra este tipo de proteccionismo y está usando el principio anulación para hacerlo.
La ley prevé su puesta en marcha el 1 de noviembre, pero el gobernador ha convocado una sesión especial del gobierno estatal antes de esa fecha para ocuparse de las objeciones del gobierno federal. El Departamento de Agricultura ha amenazado con “advertir” a la Inspección de Carnes y Aves de Maine si la nueva ley no se enmienda para excepcionar de la protección de la nueva ley a los mataderos de ganado y aves. Tener el “estatus de advertencia” significa que cualquier carne o ave sacrificada en el estado se vería obligada por ley federal a “ser transferida al programa de inspección federal de carne y aves supervisado por el Servicio de Sanidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos”.
No es sorprendente que el gobierno federal no esté dispuesto a devolver ningún poder regulatorio a los gobiernos estatales y locales del país y si Maine elige responder y mantener la anulación de las regulaciones federales el Departamento de Agricultura estará en disposición de usar el poder del gobierno federal para obligar al estado a someterse. Tal y como están las cosas, el gobernador LePage está animando al gobierno estatal a atender las demandas federales. Esperemos que el parlamento decida otra cosa y el movimiento por la soberanía alimentaria se extienda por el resto del país.
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