En tiempo de guerra, siempre nos definimos como los chicos buenos, ennoblecidos por nuestra causa moral. “Ellos” son los malos, a los que hay que menospreciar y deshumanizar, de tal manera que poco se preocupen por lo que se les hace. Igualmente, en política interior los representantes de cada grupo se retratan a sí mismos como especialmente nobles o necesitados, haciendo moralmente superior su defensa, frente a sus oponentes a los que califican como egoístas o faltos de principios.
Sin embargo, los defensores de esas causas no siempre ocupan la elevada posición moral que tanto intentan crear. Defienden la coacción hacia aquellos que no han hecho ningún daño a otros que la justifique. Además, las políticas propuestas a menudo benefician a los miembros existentes de un grupo, pero dañan a aquellos que serán los miembros de ese grupo en el futuro.
En esos casos, justificar el saqueo político para atender las demandas de un grupo porque se lo merezcan especialmente es una contradicción. Si la membresía de un grupo justifica un trato especial, lo mismo debe aplicarse también a miembros futuros del mismo. Por tanto, las políticas que benefician a los miembros actuales mientras que dañan a miembros futuros que merezcan lo mismo, violan necesariamente su propia justificación.
El primer ejemplo de cómo funciona esto es el uso de las leyes de salario mínimo.
En muchas de las últimas noticias, estas leyes se promueven como una ayuda para los trabajadores de baja cualificación. Es verdad que aquellos que tienen la suerte suficiente como para mantener sus trabajos, horarios, condiciones laborales, formación sobre el empleo, posibilidades de promoción existentes, etc. pueden mejorar. Pero otros trabajadores actuales de baja cualificación, que pierden empleos, horarios o formación, se ven dañados. Sin embargo, más allá de eso, al aumentar los costes de contratar a trabajadores de baja cualificación, llevan a los empresarios a reducir el número de empleos y oportunidades de formación disponibles para trabajadores futuros de baja cualificación, con las peores consecuencias para los menos cualificados. Igualmente los argumentos para las leyes de salario vital o prevalente para proporcionar “buenos” empleos, aumentan los costes de contratar trabajadores en relación con alternativas como la automatización, reduciendo el número de futuros “buenos” empleos disponibles.
Otro buen ejemplo es el control de rentas.
Una propuesta de ley recientemente presentada en el parlamento de California, la AB 1506, permitiría a los ayuntamientos extender enormemente el control de rentas en California, donde yo vivo.
Es verdad que el control de rentas beneficiaría a muchos arrendatarios actuales, al rebajar lo que pagan y fijar sus ganancias demasiado buenas como para renunciar a ellas durante años. Pero al producirse a costa de los dueños de propiedades, reduciría progresivamente la oferta de vivienda en alquiler a lo largo del tiempo. Y esos efectos finales son muy grandes. Como comentó una vez el economista sueco Assar Lindbeck: “después del bombardeo, el control de rentas parece muchos casos ser la técnica más eficaz hasta hoy conocida para destruir las ciudades”. Esa futura reducción de la vivienda en alquiler, particularmente para viviendas no ocupadas, daña a todos los futuros arrendatarios.
Un tercer ejemplo son los impuestos al capital.
Hay quien afirma que gravar o regular más duramente el capital beneficiaría a los trabajadores. Pero al reducir los beneficios del ahorro y la inversión con mayores cargas se reduce la tasa de crecimiento de las existencias de capital. Con menos herramientas, los trabajadores futuros serán menos productivos, reduciendo sus ganancias y bienestar.
Otros grupos de intereses especiales sigan el mismo patrón. Los que ahora son viejos quieren que otros paguen más de su jubilación, atención sanitaria, etc., porque afirman necesitarla o merecerla de una manera especial. Pero el coste debe entonces imponerse sobre otros que todavía no son viejos. Dejarán peor a generaciones futuras cuando estos sean viejos. Igualmente, se proponen licencias y otras restricciones para beneficiar a los suministradores actuales, pero dañan a potenciales suministradores futuros al negarles la entrada en el negocio.
Los que quieren que el gobierno meta mano en los bolsillos de otros hacen grandes alharacas para afirmar su especial merecimiento. Sin embargo, hacer lo que quieren estos no solo daña a partes inocentes, sino que muchos de los dañados son miembros futuros (a menudo un grupo mucho mayor) de los grupos “especiales” cuyos defensores afirman preocuparse tan profundamente por ellos. El daño no pretendido y la evidente incoherencia entre retórica y realidad futura justifica pensar mucho más cuidadosamente acerca de dichas políticas antes de caer víctimas de la propaganda.
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