Vemos frecuentemente alegatos contra el control de armas basados completamente en una defensa constitucional de la Segunda Enmienda. Mientras que los Padres Fundadores advertían acerca de la importancia de defender la libertad con un pueblo armado son hoy tan importantes como siempre, esta aproximación tiene algunos defectos.
Para empezar, la Constitución no pretende conceder derechos positivos a los ciudadanos, sino que buscaba reconocer los derechos naturales y restringir la capacidad del gobierno federal para limitarlos. Los Padres Fundadores no creían, sin embargo, que estos derechos pudieran ser limitados. Por el contrario, creían que la legislación que restringía los derechos naturales propios debería ser gestionada por los gobiernos más cercanos al propio pueblo, incluyendo estado y municipios.
Por eso la Declaración de Derechos no pretendía ser aplicable al gobierno estatal.
Aunque muchas constituciones estatales compartían similitudes con la Declaración de Derechos, en 1820 solo 9 de 22 estados tenían una redacción que protegía explícitamente el derecho a portar armas de fuego: Massachusetts (1780), Pennsylvania (1790), Kentucky (1792), Tennessee (1796), Ohio (1801), Indiana (1816), Mississippi (1817), Connecticut (1818), Alabama (1819) y Maine (1819). (El número sería de 18 de 33 en 1886).
Por supuesto, esa falta de protección constitucional no significaba que los estados fueran necesariamente hostiles a los derechos a las armas, al menos para los ciudadanos blancos.
No podía decirse lo mismo para los “indios”, “negros libres”, “mulatos” ni indudablemente para los esclavos.[1]
Antes de la aprobación de la 14ª Enmienda, ocho estados[2] tenían legislación de control de armas de fuego que penalizaba la posesión de dichas armas por ciudadanos libre no blancos. Virginia obligaba a esas personas a recibir permiso del gobierno. Tres estados más[3] tenían una redacción constitucional que especificaba que los derechos a las armas estaban reservados exclusivamente para los hombres blancos.[4]
Para mantener la terrible institución de la esclavitud, estado tenía que desarmar a los que más podían empatizar con sus víctimas.
Aunque la “institución peculiar” acabó como consecuencia de la Guerra de Secesión, las leyes de control de armas por motivos raciales no lo hicieron.
Aunque la 14ª Enmienda impedía a los estados mencionar explícitamente la raza en la legislación, los gobiernos estatales todavía encontraban maneras de desarmar a los ciudadanos negros.
Como han señalado David Kopel y Josehp Greenlee, estas incluían leyes que prohibían pistolas que no fuera usadas por exoficiales confederados, grandes discrepancias raciales en la sanción por portar ilegalmente armas ocultas, así como requisitos de licencias de armas que, en palabras de un futuro juez del Tribunal Supremo de Justicia de Florida, se “aprobaban con el fin de desarmar a los trabajadores negros” y “nunca pretendieron aplicarse a la población blanca”.
La motivación racial detrás del control de armas no acabó tampoco en el siglo XIX.
Uno de los ejemplos más evidentes fue la Ley Mulford de California, sancionada en 1967 por el gobernador Ronald Reagan. La ley era una respuesta directa a las patrullas de los Panteras Negras con armas a la vista en algunos barrios de Oakland y prohibía portar armas cargadas. También merece la pena señalar que la NRA, que, a pesar de toda la atención que le han prestado los medios de comunicación, ha promovido a menudo el aumento de las restricciones públicas a los derechos a las armas, apoyó activamente la legislación.
Por supuesto, el resultado de las políticas de control de armas continúa teniendo un efecto desproporcionado sobre las comunidades minoritarias. Todo obstáculo impuesto por el gobierno a la propiedad legal de armas de fuego hace a los ciudadanos más dependientes del estado para su protección. Como hemos visto, no todas las respuestas policiales son iguales.
Por ejemplo, en Chicago la ACLU ha concluido que:
Los barrios afroamericanos y latinos esperan mucho más tiempo a que llegue un agente de policía después de llamar al teléfono de emergencias, tienen menos agentes asignados a distritos minoritarios para cada llamada de emergencia que los barrios predominantemente blancos y los barrios de las minorías continúan teniendo más delitos violentos por agente que los barrios blancos.
El juez Clarence Thomas también señalaba la experiencia propia de los estadounidenses negros en su voto particular en McDonald v. Chicago.
El uso de armas de fuego para autodefensa ha sido a menudo la única manera de que los ciudadanos negros puedan protegerse frente a grupos violentos. Como se dice que ha explicado Eli Cooper, alguien que ha sufrido esa violencia: “El negro ha sido atropellado durante cincuenta años, pero esto debe acabar ya y las pistolas y revólveres son las únicas armas para detener una banda”.
Así que, aunque es fácil para políticos, celebridades y multimillonarios bien protegidos defender la causa del control de armas, es importante recordar que la historia de esa legislación se ha desarrollado a costa de los más vulnerables en la sociedad.
Una población desarmada es más fácil de acosar que una armada.
El artículo original se encuentra aquí.
[1] Como me informa Chris Calton, “el primer reglamento colonial que se dirigía especialmente hacia la gente negra (no solo esclavos, ni indios, ni siervos blancos) fue una ley de Virginia que prohibía la posesión de armas de fuego a los negros en 1639”.
[2] Delaware, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Mississippi, Missouri y Carolina del Norte
[3] Arkansas, Florida y Tennessee.
[4] Frassetto, Mark, Firearms and Weapons Legislation up to the Early 20th Century (15 de enero de 2013). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2200991 o en http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2200991.
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