Irving Shipbuilding Inc. (con sede en Halifax, Nueva Escocia) tiene contratos multimillonarios (ver aquí y aquí) para suministrar varios barcos al gobierno canadiense. Los principales medios de comunicación (Postmedia, Globe y Mail) han planteado preguntas al Estado sobre diversos aspectos de estos contratos y han expresado su preocupación al respecto. El Estado se ha apresurado a alertar a Irving sobre estas investigaciones de los medios de comunicación. A su vez, Irving se ha apresurado a amenazar a los medios de comunicación con demandas judiciales.
The Globe and Mail «recibió una carta de un abogado de Irving amenazando con emprender acciones legales si el artículo contenía alguna acusación de conducta impropia». El presidente de Irving, Kevin McCoy, informó a varios funcionarios del Estado sobre el litigio que se iniciaría si Postmedia «publicaba cualquier cosa que pusiera en tela de juicio nuestra reputación profesional». El litigio se vio amenazado, según el portavoz de Irving, Sean Lewis, porque estos dos medios de comunicación «tenían información altamente inexacta que causaría a nuestra compañía y a la reputación de nuestros empleados, un daño considerable a la reputación».
El problema de los litigios por difamación
El litigio por difamación es un completo desperdicio de recursos. La libertad de expresión incluye la libertad de hacer acusaciones de conducta impropia, y la libertad de publicar información inexacta. Nadie está obligado a aceptar tales acusaciones e información a su valor nominal. Además, ninguna persona, ninguna empresa, ni el Estado, tiene derecho a una reputación. Una reputación es simplemente un reflejo de los pensamientos en las mentes de otras personas. Ya que soy dueño de mi mente y pensamientos, pero no de las mentes y pensamientos de otras personas, no puedo tener una reputación. Como Murray Rothbard (economista/historiador/filósofo) escribió en La ética de la libertad:
Smith tiene un derecho de propiedad sobre las ideas u opiniones en su propia cabeza; también tiene un derecho de propiedad para imprimir lo que quiera y difundirlo. Tiene el derecho de propiedad de decir que Jones es un «ladrón» aunque sepa que es falso, y de imprimir y vender esa declaración. El punto de vista contrario, y la base actual para sostener que la difamación y la calumnia (especialmente de declaraciones falsas) son ilegales es que cada hombre tiene un «derecho de propiedad» sobre su propia reputación, que las falsedades de Smith dañan esa reputación y que, por lo tanto, las calumnias de Smith son invasiones del derecho de propiedad de Jones sobre su reputación y deberían ser ilegales.
Sin embargo, una vez más, si se analiza más de cerca, se trata de una visión falaz. Porque cada uno, como hemos dicho, posee su propio cuerpo; tiene un derecho de propiedad en su propia cabeza y en su persona. Pero puesto que cada hombre posee su propia mente, no puede, por lo tanto, poseer las mentes de nadie más. Sin embargo, la «reputación» de Jones no es ni una entidad física ni algo que esté contenido dentro o sobre su propia persona. La «reputación» de Jones es puramente una función de las actitudes y creencias subjetivas sobre él contenidas en las mentes de otras personas. Pero como estas son creencias en las mentes de otros, Jones no puede de ninguna manera poseerlas o controlarlas legítimamente. Jones no puede tener ningún derecho de propiedad en las creencias y mentes de otras personas.
Por supuesto, podemos admitir fácilmente la gran inmoralidad de difundir falsas calumnias sobre otra persona. Pero, sin embargo, debemos mantener el derecho legal de cualquiera a hacerlo. Pragmáticamente, una vez más, esta situación puede redundar en beneficio de la gente que está siendo difamada. Porque, en la situación actual, cuando se prohíben las falsas calumnias, la persona promedio tiende a creer que todos los informes despectivos que se difunden sobre la gente son ciertos, «de lo contrario demandarían por calumnias». Esta situación discrimina a los pobres, ya que las personas más pobres son menos propensas a entablar demandas contra los difamadores.
Por lo tanto, la reputación de las personas más pobres o menos ricas puede sufrir más ahora, cuando la difamación es proscrita, entonces lo harían si la difamación fuera legítima. Porque en esa sociedad libertaria, como todo el mundo sabría que las historias falsas son legales, habría mucho más escepticismo por parte del público lector u oyente, que insistiría en muchas más pruebas y creería menos historias despectivas de las que cree ahora. Además, el sistema actual discrimina a las personas más pobres de otra manera, ya que su propia expresión es restringida, ya que es menos probable que difundan información verdadera pero despectiva sobre los ricos por temor a que se presenten costosas demandas por difamación contra ellos. Por lo tanto, la proscripción de la difamación perjudica a las personas de recursos limitados de dos maneras: haciéndolas presas más fáciles de la difamación y obstaculizando su propia difusión de conocimientos precisos sobre los ricos.
Consecuencias económicas
Cuando el Estado prohíbe acciones que no perjudiquen a otras personas o a sus bienes, el resultado inevitable es una mala asignación de recursos, lo que a menudo da lugar a un cierto grado de regresión económica. Por ejemplo, los litigios por difamación requieren un compromiso de tiempo por parte de los demandantes, demandados, testigos, abogados, jueces, jurados, etc., todos los cuales deben dedicar su tiempo a actividades más productivas.
Otro ejemplo, como señaló Rothbard, cuando la difamación es ilegal, es probable que una víctima pobre de la difamación no contrate a un abogado. Por lo tanto, debido a que la víctima no se está defendiendo, la gente puede tender a creer que las mentiras son verdaderas. Esto podría limitar sus perspectivas de empleo y/o la angustia emocional que experimenta podría afectar negativamente su desempeño laboral, ambos con consecuencias económicas obvias.
Conclusión
En una sociedad libre, la difamación no sería un problema. Nadie podría usar a las cortes para castigar a otras personas por las cosas que dicen o escriben. La única excepción sería si una persona firmara voluntariamente, y luego violara, un contrato u otro documento (por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad) en el que aceptara no revelar información específica.
La difamación y la calumnia —la mentira— son ilegales. Pero fíjese en la doble moral. Estas leyes están hechas por políticos que, a lo largo de la historia, han demostrado ser los mentirosos más prolíficos entre nosotros. Como escribió Andrew Coyne en el National Post: una buena definición corta de una campaña electoral sería «un estallido sostenido, intenso y de todos los partidos de falsedad, calumnia y tergiversación».
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