Una de las muchas consecuencias desafortunadas de la politización de Estados Unidos es la reacción natural de las facciones políticas para que se refugien con puntos de discusión confiables inmediatamente después de una tragedia. Tal vez no haya ningún tema en el que esto sea más obvio que el control de armas, en el que el discurso político se haya transformado efectivamente en compartir memorias sin sentido antes incluso de que se conozcan los hechos más básicos. Obviamente, la lectura repetida de los guiones políticos se presta a la perpetuación de conclusiones falsas y análisis erróneos.
Uno de los mejores escritores que corrigen el disco es nuestro propio Ryan McMaken. Su trabajo ha destacado que hay mucha evidencia que muestra que simplemente no hay correlación entre las tasas de posesión de armas y la violencia armada, el mal uso de las comparaciones internacionales con Estados Unidos, y que es un error general considerar una tasa colectiva de violencia armada en Estados Unidos.
Más allá del tema de la política de armas en sí, hay otra falacia básica cuando hay una discusión sobre soluciones políticas a un problema en particular – un enfoque estrecho sobre la acción federal.
Por ejemplo, después de los tiroteos de este fin de semana, ha habido mucho ruido con respecto a la falta de respuestas federales a los tiroteos masivos del pasado. Ignorando las cuestiones de si cualquier tipo de respuesta legislativa sería deseable o constitucional, existe un problema fundamental al considerar que el gobierno federal es el único órgano legislativo que crea la política pública.
Si consideramos a los gobiernos estatales, por ejemplo, hemos visto un aumento dramático en las medidas de control de armas desde el tiroteo en Parkland High School en 2018.
Como señaló Pew Research en agosto del año pasado, 50 proyectos de ley diferentes centrados en las armas fueron firmados como ley por gobernadores demócratas y republicanos apenas cinco meses después de la tragedia. Esta tendencia continuó en 2019, con numerosos proyectos de ley en todo el país, en particular las leyes de»bandera roja» que incluso han ganado el apoyo de la NRA.
Fuente: Investigación Pew
(Para una tabla práctica de la legislación aprobada para el 2018, haga clic aquí.)
Como era de esperar, los estados han adoptado enfoques dramáticamente diferentes al respecto, basados en su población y en la inclinación ideológica de la legislatura. California, por ejemplo, ha aprobado algunas de las leyes más restrictivas del país, incluyendo la verificación de antecedentes en la compra de municiones y la prohibición de revistas de gran capacidad que ha sido objeto de un recurso legal. En contraste, el gobernador de Oklahoma firmó un proyecto de ley del «porte constitucional» este mismo año.
Las ventajas de este enfoque descentralizado son numerosas.
Uno, hay claras diferencias en las necesidades y deseos de un estado como California y un lugar como Wyoming o Montana.
En segundo lugar, ayuda a desactivar el juego de dominación política de alto riesgo que ha contribuido a erosionar la sociedad civil estadounidense. Si la mitad del país considera el derecho a portar armas como un derecho natural que sirve de baluarte vital contra la tiranía del gobierno, y el otro lo ve como una defensa inmoral de la normalización de las armas de guerra, hay muy poco espacio para el compromiso. En cambio, estos desacuerdos políticos se convierten en una batalla de los políticamente poderosos contra los políticamente vencidos, y los bandos se determinan cada dos años. El control sobre el senado o el sistema judicial se convierte en una cuestión de autodefensa. El resultado es que el dicho de «la política como guerra por otros medios» adquiere una lectura muy literal.
Una tercera ventaja surge cuando observamos el desempeño de estas leyes de armas aprobadas por el estado, permitiendo que las consecuencias inesperadas de estas políticas se manifiesten en la vida real.
Por ejemplo, hemos visto cómo las leyes de luz roja en Maryland han llevado a la muerte de un hombre que nunca fue condenado por un crimen. De manera similar, hemos visto la anulación a nivel de condado de leyes más estrictas de control de armas en el estado de Washington, con los sheriffs de los condados rurales negándose a hacer cumplir las leyes promovidas por los políticos urbanos que ellos ven como violaciones inconstitucionales de la segunda enmienda (y un ejemplo de descentralización política más allá del nivel estatal).
Una consecuencia menos obvia es que presionar por una legislación a nivel federal ayuda a alimentar el teatro político del absurdo.
Por ejemplo, si los políticos republicanos saben que el control de armas es extremadamente impopular en su base, pero no quieren ser vistos como indiferentes a una tragedia nacional, su respuesta es encontrar objetivos más fáciles de alcanzar. Esto ha ocurrido este fin de semana con muchos líderes Republicanos, incluido el presidente, que regresan a la vieja y cansada cruzada de despotricar sobre los videojuegos y los medios sociales como los verdaderos villanos de las tragedias de este fin de semana.
Por supuesto, no debemos subestimar la capacidad de un político para convertir un absurdo evidente en ley. Es fácil prever que haya suficientes imbéciles en el Congreso dispuestos a actuar como chivos expiatorios desesperados.
De hecho, como algunas formas de control de armas logran ganar apoyo bipartidista, la mejor protección contra la violación federal de los derechos de los estadounidenses a las armas es la disfunción política que a menudo lamentan la prensa y otras «personas serias».
Cualquier estadounidense que valore sus derechos de armas debe esperar que algún nuevo twitter escupido entre Trump y «el Escuadrón» pueda impedir la cooperación bipartidista hacia el deseo del presidente de «tomar las armas primero, pasar por el debido proceso después».
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