[Fragmento de La idea de una sociedad de derecho privado]
Es muy difundida la visión liberal clásica con respecto a la necesidad de la institución del Estado como proveedor de la ley y del orden, sin embargo, argumentos bastante elementales, económicos y morales, muestran como esta visión puede estar enteramente sesgada.
Entre economistas y filósofos políticos, una de las tesis más extensamente aceptadas es la de que todo “monopolio” es “malo” desde el punto de vista de los consumidores. Aquí, el monopolio es entendido como un privilegio exclusivo otorgado a un sólo productor de bienes o servicios, o como la ausencia de “libre entrada” en una línea particular de producción. Por ejemplo, sólo una agencia, A, puede producir un bien dado o servicio, X. Tal monopolio es “malo” para los consumidores porque, protegido contra la entrada de nuevos participantes potenciales en un área dada de producción, el precio del producto será más alto y de calidad más baja que en condiciones competitivas. Por consiguiente, es de esperarse que la ley y el orden proporcionados por el Estado sean excesivamente costosos y de calidad particularmente baja.
Sin embargo, este es sólo el más leve de los errores. El monopolio del gobierno no es como cualquier otro monopolio, tal como el de la leche, ni como el monopolio de coches que saca productos de baja calidad con precios altos. La agencia del gobierno es extraordinaria entre todas las otras agencias porque produce no sólo cosas buenas sino también malas. En realidad debe producir cosas malas para poder producir algo que pudiéramos considerar un bien.
Como hemos anotado, el gobierno es el juez último en todo caso de conflicto, inclusive en conflictos en que él mismo está implicado. Consecuentemente, en vez de prevenir y resolver conflictos, un monopolio de última instancia provocará conflictos adicionales para resolver el caso a su favor. Eso es, si uno sólo puede apelar al gobierno por justicia, la justicia estará pervertida en favor del gobierno, a pesar de la constitución y los tribunales supremos. De todas maneras, se trata de constituciones y tribunales del gobierno, y cualquier limitación en la acción del gobierno que ellos puedan encontrar será decidida invariablemente por agentes de la mismísima institución. Previsiblemente, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas continuamente y la escala de la jurisdicción ampliada en favor del gobierno. El concepto de una ley eterna e inmutable que debería primar, desaparecerá y será reemplazada por la idea de la ley como legislación – una ley tan flexible como toda ley emanada del Estado.
Todavía peor, el Estado es un monopolio de impuestos, y mientras los que reciben los impuestos – los empleados del gobierno – la consideran como algo bueno, los que deben pagar los impuestos consideran el pago como algo malo, como un acto de expropiación. Como agencia en términos de protección de vida y propiedades, sostenida con impuestos, la mera institución del gobierno no es nada menos que una contradicción. Es un expropiador protector de propiedades, que “produce” cada vez más impuestos y siempre menos protección. Incluso si el gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de la propiedad de sus ciudadanos, como los liberales clásicos han propuesto, surgiría la pregunta adicional de cuánta seguridad debe producir. Motivados, como están todos, por intereses personales y la inutilidad del trabajo, pero equipados con el poder extraordinario de imponer tasas e impuestos, la meta de un agente de gobierno será invariablemente llevar al máximo los gastos en protección, y es concebible que gran parte de la riqueza de una nación pueda ser consumida por el costo de dicha protección, reduciéndose al mismo tiempo su alcance. Mientras más dinero pueda uno gastar y menos deba uno trabajar para producir, mejor se estará.
En suma, la estructura de los estímulos inherentes a la institución del gobierno no es una receta para la protección de vida y propiedad, sino una receta para maltratos, opresión, y explotación. Esto es lo que nos muestra la historia de los Estados. Es primordialmente la historia de incontables millones de vidas humanas arruinadas.
Errores multiplicados: Liberalismo democrático.
Una vez que el liberalismo clásico asumió erróneamente que la institución del gobierno era necesaria para la conservación de la ley y del orden, surgió la siguiente pregunta: ¿Cuál forma convencional de gobierno es mejor para la tarea entre manos? Mientras la respuesta liberal clásica a esta pregunta no fue de manera alguna unánime, fue aún perfectamente fuerte y clara. La forma tradicional de gobierno señorial o real era aparentemente incompatible con la idea añorada de derechos humanos universales, porque se trataba de un gobierno basado en el privilegio. Por consiguiente, fue excluida. ¿Cómo, entonces, podría encuadrarse la idea de universalidad de los derechos humanos con el gobierno? La respuesta liberal fue la de abrir la participación y la entrada en el gobierno de igual a igual, para todos, por la vía de la democracia. A cualquiera – ni siquiera se limitó a alguna clase hereditaria de nobles – le fue permitido llegar a ser funcionario del Estado y ejercitar todas las funciones del gobierno.
Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo enteramente diferente e incompatible con la idea de una ley universal, igualmente aplicable a todos, en todas partes, y en todos los tiempos. De hecho, el cisma y la desigualdad objetables anteriormente de la más alta ley de los reyes versus la ley subordinada de sujetos ordinarios se preservan completamente bajo la democracia en la separación del derecho público versus el derecho privado y la supremacía del anterior sobre el último. Bajo la democracia, todos son iguales en lo que se refiere a que la entrada está abierta para todos en términos igualitarios. En una democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. Sin embargo, existen los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas. Siempre y cuando actúen en calidad oficial, los funcionarios públicos son gobernados y protegidos por la ley pública, con lo cual ocupan una posición privilegiada en relación con personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado, fundamentalmente en que les es permitido sostener sus propias actividades por medio de impuestos cargados a sujetos de derecho privado. El privilegio y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. Antes que estar restringidos a príncipes y nobles, el privilegio, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán disponibles para todos y pueden ser ejercitados por todos.
Previsiblemente, entonces, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio de aumentar los precios y disminuir la calidad es más pronunciada.
Como monopolio hereditario, el rey o el príncipe consideraban el territorio y las personas bajo su jurisdicción como sus bienes muebles y se dedicaban a explotar monopolísticamente su “propiedad”. Bajo la democracia, el monopolio, y la explotación monopolística no desaparecen. Incluso si a todos se les permite entrar el gobierno, no por eso se elimina la distinción entre gobernantes y gobernados. El gobierno y el gobernado no son uno y la misma persona. En vez de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un guardián temporal e intercambiable es puesto monopolísticamente a cargo del país. El guardián no es dueño del país, pero mientras esté en su oficio le es permitido utilizarlo para ventaja de si mismo y de sus protegidos. Tiene el uso actual – el usufructo – pero no su capital social. Esto no elimina la explotación. Al contrario, hace la explotación menos calculada, llevada a cabo con poca o ninguna consideración del capital social. La explotación es miope y se promueve sistemáticamente el consumo del capital.
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