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[Una selección de Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, de Jesús Huerta de Soto. Para las notas completas a pie de página, ver la versión en línea, empezando en la página 447]
Está claro que, desde el punto de vista del análisis efectuado en este libro, las semejanzas y similitudes que existen entre monetaristas y keynesianos son mucho mayores que las posibles diferencias que puedan detectarse entre ellos. En efecto, el propio Milton Friedman ha reconocido que “Todos usamos el lenguaje y el instrumental keynesianos. Ninguno de nosotros sigue aceptando las conclusiones iniciales de Keynes”. Peter F. Drucker, por su parte, constata que Milton Friedman es esencial y epistemológicamente un keynesiano:
Su economía es pura macroeconomía, en la que el gobierno es la unidad y fuerza dinámica que controla la economía a través de la oferta monetaria. La teoría de Friedman está completamente centrada en el lado de la demanda. El dinero y el crédito son la única realidad económica que todo lo inunda. El hecho de que Friedman considere la oferta monetaria como el origen y el tipo de interés como la consecuencia no es mucho más que barniz menor sobre las escrituras keynesianas.
Es más, antes incluso de la aparición de La teoría general de Keynes, los principales teóricos de la Escuela de Chicago ya proponían como remedios contra la depresión los típicamente keynesianos, y abogaban por la utilización de grandes déficits de tipo presupuestario.
Con la finalidad de recapitular y sintetizar las diferencias que existen entre la teoría de la Escuela Austriaca y la de las grandes corrientes macroeconómicas, en el Cuadro VII-1, que se incluye a continuación, recogemos doce comparaciones que diferencian radicalmente ambos enfoques:
| Cuadro VII-1 | |
| Dos formas distintas de concebir la economía | |
| Escuela Austriaca | Macroeconomistas clásicos y keynesianos |
| 1. El tiempo juega un papel esencial | 1. Se ignora la influencia del tiempo |
| 2. El “capital” se concibe como un conjunto heterogéneo de bienes de capital que constantemente se gastan y es preciso reproducir | 2. El capital se concibe como un fondo homogéneo que se autorreproduce solo
|
| 3. El proceso productivo es dinámico y está desagregado en múltiples etapas de tipo vertical | 3. Se concibe una estructura productiva en equilibrio, unidimensional y horizontal (flujo circular de la renta) |
| 4. El dinero afecta al proceso modificando la estructura de precios relativos | 4. El dinero afecta al nivel general de precios. No se consideran cambios en los precios relativos |
| 5. Explica los fenómenos macroeconómicos en términos microeconómicos (variaciones en los precios relativos) | 5. Los agregados macroeconómicos impiden analizar las realidades microeconómicas subyacentes |
| 6. Dispone de una teoría sobre las causas endógenas de las crisis económicas que explica su carácter recurrente | 6. Carecen de una teoría endógena de los ciclos. Las crisis se producen por causas exógenas (psicológicas, tecnológicas y/o errores de política monetaria) |
| 7. Disponen de una elaborada teoría del capital | 7. Carecen de teoría del capital |
| 8. El ahorro juega un papel protagonista y determina un cambio longitudinal en la estructura productiva y el tipo de tecnología que se usará | 8. El ahorro no es importante. El capital se reproduce lateralmente (más de lo mismo) y la función de producción es fija y está dada por el estado de la técnica |
| 9. La demanda de bienes de capital varía en dirección inversa a la demanda de bienes de consumo. Toda inversión exige ahorro y, por tanto, una disminución temporal del consumo | 9. La demanda de bienes de capital varía en la misma dirección que la demanda de bienes de consumo |
| 10. Se supone que los costes de producción son subjetivos y no están dados | 10. Los costes de producción son objetivos, reales y se consideran dados |
| 11. Considera que los precios de mercado tienden a determinar los costes de producción, y no al revés | 11. Consideran que los costes históricos de producción tienden a determinar los precios de mercado |
| 12. Considera el tipo de interés como un precio de mercado determinado por valoraciones subjetivas de preferencia temporal, que se utiliza para descontar el valor actual de la corriente futura de rendimientos al que tiende el precio de mercado de cada bien de capital | 12. Consideran que el tipo de interés tiende a estar determinado por la productividad o eficacia marginal del capital, concebida como la tasa interna de retorno que iguala la corriente esperada de rendimientos con el coste histórico de producción de los bienes de capital (que se considera dado e invariable). Se cree que a corto plazo el tipo de interés tiene un origen predominantemente monetario |
Aun cuando, desde el punto de vista elegido en el Cuadro VII-1, son mucho mayores las similitudes que las diferencias existentes entre monetaristas y keynesianos, hay que reconocer que existen algunas diferencias de importancia entre estas dos últimas escuelas. En efecto, aunque ambas carecen de teoría del capital y conciben con la misma metodología “macro” la realidad económica, sin embargo unos, los monetaristas, se centran en el largo plazo y consideran que existe una conexión directa, inmediata y efectiva entre el dinero y los fenómenos reales. Por el contrario, los keynesianos efectúan un análisis basado en el corto plazo y son muy escépticos en cuanto a las posibilidades de que exista una conexión entre el dinero y los fenómenos reales que pueda, de alguna manera, garantizar el que se alcance y mantenga una posición de equilibrio. Frente a estas dos posturas, el análisis de la Escuela Austriaca que hemos expuesto en este libro permite mantener, gracias a la elaborada teoría del capital en que se basa, una sana posición intermedia entre el extremo monetarista y el extremo keynesiano. En efecto, para los austriacos, las agresiones de tipo monetario (expansión crediticia) explican la tendencia endógena a que el sistema se aleje del “equilibrio”, es decir, a que la estructura de la oferta de bienes de capital se separe de aquella que debería formarse en función de la demanda de bienes y servicios de consumo por parte de los agentes económicos (por lo que se explica que temporalmente no pueda cumplirse la ley de Say). Sin embargo, existen fuerzas microeconómicas inexorables que, impulsadas por la función empresarial, el ánimo de lucro y las variaciones de precios relativos, tienden a que los efectos desequilibradores de los procesos expansivos reviertan y la coordinación vuelva a alcanzarse. Por eso, para los austriacos existe una cierta conexión —loose joint, en la terminología de Hayek— entre los fenómenos monetarios y los fenómenos reales que ni es completa, como defienden los monetaristas, ni totalmente inexistente, como dicen los keynesianos.
En suma, para los austriacos, el dinero nunca es neutral (ni a corto, ni a medio ni a largo plazo), siendo imprescindible que las instituciones relacionadas con el mismo (y en especial la bancaria) estén basadas en principios jurídicos universales que hagan imposible que se produzca, por razones estrictamente monetarias, una «falsificación» de los precios relativos que dé lugar a una mala inversión generalizada de los recursos e, inevitablemente, a la crisis y a la recesión. Por eso, para los teóricos austriacos, los tres principios esenciales de la política macroeconómica son, por orden de importancia, los siguientes:
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Hay un montón de rumores sobre la economía compartida. Muchos parecen pensar que es algo nuevo, con algunos que piden una “nueva economía” para explicarlo, mientras que otros se burlan de la “economía de trabajitos” como un nivel más alto de explotación, desigualdad y pobreza. Tampoco es un buen análisis.
Lo primero es lo primero: la economía compartida se vio facilitada por los avances en la tecnología junto a las preferencias de los consumidores que cambiaban de bienes a servicios y, por lo tanto, de propiedad a arrendamiento. Estos no son procesos separados sino cambios mutuamente constitutivos donde cada uno incrementa al otro.
Los avances tecnológicos que generaron la economía compartida son aquellos que permiten una comunicación más económica, rápida y precisa, la verificación de los reclamos fácticos, la confianza/reputación corroborada descentralizada, etc. En general, reducen los costos de transacción al hacer que la información esté disponible y sea confiable. La aterradora idea de “meterse en un automóvil con un extraño” ya no es un problema si la reputación de ese extraño puede rastrearse, está disponible públicamente y está respaldada por las experiencias de muchos otros que hacen lo mismo (como con Uber, Lyft)
La disponibilidad de dicha información también significa que no necesitamos confiar solo en la experiencia de confianza de primera mano (o de segunda mano a través de familiares y amigos) sino que podemos confiar en la experiencia de otros desconocidos, por así decirlo confianza de terceros. Esto cambia nuestro comportamiento porque el costo de cometer un error es mucho menor: subir al automóvil de un conductor sombrío de Uber es, en promedio, mucho menos riesgoso que hacer lo mismo como un autoestopista o incluso tomar un taxi regular. Este cambio de comportamiento en respuesta a la confianza ‘subcontratada’ significa que la tecnología puede progresar aún más.
La economía compartida, como lo implica el término, también significa que podemos ‘compartir’ (poner a disposición) recursos productivos de maneras mucho más efectivas. En cierto sentido, socava la visión materialista de la creación de valor disolviendo la diferencia entre la propiedad “personal” y la propiedad privada de los medios de producción: su automóvil personal ahora puede ser tanto su propiedad personal como su fuente de ingresos, y usted, como el propietario, decide cuándo y cómo. No cambia las categorías económicas, sino que libera el análisis económico de los bienes materiales.
Todo esto es correcto, ya que la economía se trata de la creación y distribución de *valor* y no de cosas materiales. Como el valor es subjetivo, también lo es la distinción entre el bien de consumo y la producción. Todo puede ser ambos y lo que es depende de cómo lo use.
En otras palabras, el efecto de la economía compartida en el estudio de la economía puede (y probablemente sea) la liberación del análisis económico de los sesgos materialistas. La economía se convierte en la ciencia social subjetivista que siempre fue destinada a ser. Entonces, en términos de teoría económica, la economía compartida puede ayudar a hacer del estudio de la economía lo que debería ser y siempre debería haber sido: el estudio de la creación y distribución del valor [subjetivo] y los órdenes sociales no planificados que surgen en la prosperidad- proceso de creación.
¿Pero qué hay de la explotación?
Encuentro el argumento de que la ‘economía de trabajitos’ hace que las personas acepten salarios más bajos, altamente fascinante. De repente, para estos críticos, principalmente de izquierda, es un problema que los “trabajadores” sean dueños de su propio capital.
Cuando la propiedad personal se convierte en capital, una fuente de ingresos, entonces la implicación obvia es una descentralización de la propiedad del capital.
No digo que las compañías como Uber sean perfectas en ningún sentido. Ciertamente podrían ir más allá, por ejemplo implementando precios gratuitos entre conductores y pasajeros. ¿Por qué no permitir que los conductores establezcan el mínimo requerido para dar un paseo? ¿Por qué no permitir que los pasajeros establezcan su máximo para dar un paseo? (Este puede ser realmente el siguiente paso en la economía compartida: una comercialización abierta de tarifas y comisiones). El argumento común de que los controladores (que generalmente es el ejemplo utilizado) no generan un “salario digno” también es un sesgo que permanece de la visión materialista e industrial de la economía. Supone que un trabajo es todo sobre el salario, y que lo que importa es el resultado monetario del mismo. Pero muchos de los que eligen conducir una compañía de viajes compartidos lo hacen porque es un tipo de trabajo *flexible*, que en sí mismo es un valor.
Claro, puede que no sea tan bien pagado como el empleo de “tiempo completo” pero cualquier opción incluye una compensación de valor: para muchos, las horas de trabajo flexibles compensan el salario más bajo; para otros, no es así, por lo que buscan empleo tradicional. La solución a los bajos salarios en la economía compartida no es la regulación, sino una mayor competencia, y los salarios de mercado adecuados. De hecho, la razón por la que las compañías que comparten viajes pueden pagar salarios bajos (que, a juzgar por mis conversaciones con muchos conductores, ¡excede los que ganan los taxistas!) Son las regulaciones ya establecidas: principalmente las barreras de entrada en el viaje compartido y en otros lugares que mantienen bajos los salarios generales al proporcionar a los empleadores influencia artificial (poder). El resultado esperado de la economía de bajo costo de transacción debería ser la economía de trabajitos final, donde todas o la mayoría de las jerarquías (como las empresas) se disuelven en las relaciones de mercado, y donde aquellos que (optan por) trabajar ganan un salario de mercado. Lo que se interpone en el camino para este desarrollo no son los empleadores o incluso los propietarios de capital, sino las restricciones artificiales que producen su privilegio.
Es una triste ironía, en realidad, que esas restricciones -regulaciones- que están destinadas a proteger a los trabajadores de los empleadores (en la era industrial) es lo que se interpone en el camino para la liberación de los trabajadores en la nueva era.
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Neil Peart, el extraordinario batería de la banda Rush, ha publicado otro terrible diario de viaje titulado Far and Wide: Bring that Horizon to Me! Peart ya es un fotógrafo de cierto prestigio, que ha escrito varios diarios de viaje a lo largo de años, llenos de reflexiones e imágenes de la vida en la carreta con un uno de los grupos de rock de más éxito de nuestro tiempo.
Muchos libertarios nacidos en la generación X, incluido el autor de este artículo, son fans incondicionales de Rush. La mezcla característica de un rock progresivo preponderante del trío canadiense suena bien con sonido alto, pero consigue mantener un sonido que no es heavy metal pero es completamente distinto de sus principales influencias: The Who, Led Zeppelin, Cream entre otros. Rush se coloca aparte como la banda de rock cerebral del hombre que piensa en una época de actuaciones en directo de Spinal Tap en los 80, haciendo casi genial ser un fan de Rush (en una de sus primeras giras como teloneros de KISS, se dice que el libertino Gene Simmons entró en su habitación del hotel encontrando al grupo… leyendo).
Los álbumes temáticos nunca buscaban atraer a las radios y sus temas (especialmente en los primeros trabajos de la banda) mandaban mensajes individualistas, antiigualitarios y anticolectivistas en canciones como Anthem, 2112, The Trees y especialmente Freewill.
Esos temas procedían de Peart, que escribía las letras de la banda y contribuía en buena parte de su música. Está considerado uno de los mejores baterías de todos los tiempos, tanto técnica como estilísticamente, en contraste con baterías puntuales que se quedan al fondo. Conocido por haber sido un fan de Ayn Rand (de ahí la canción Anthem), opiniones racionalistas y librepensadores de Peart se mostraban íntegramente en sus primeras obras. Incluso mencionaban a Rand en las notas de agradecimiento del álbum 2112, siendo llamados “jóvenes fascistas” por algunos en la prensa.
Pero Rand fue un interés pasajero para Peart y los años le suavizaron hasta el punto de que en una entrevista en Rolling Stone de 2012 se calificó como algo que Ms. Rand nunca hubiera aceptado: un “libertario compasivo”:
Ahora me califico como un libertario compasivo. Porque sí creo en los principios del libertarismo como ideal: porque soy un idealista. La definición de Paul Theroux de un cínico es la de un idealista decepcionado. Así que cuando dejas de ser un veinteañero, tu idealismo se va a ver decepcionado muchísimas veces. Así que he expresado mi opinión y también (me acabo de dar cuenta de esto) el libertarismo como lo entiendo era muy bueno y puro y todos vamos a tener éxito y ser generosos con los menos afortunados y, para mí, no era algo oscuro ni cínico. Pero luego vi enseguida, por supuesto, la manera en que se ve tergiversado por los defectos de la humanidad. Y es así como evoluciono para ser (…) un libertario compasivo. Eso soy.
Sin embargo, unos pocos años después Peart añadió a esta entrevista una extraña declaración sobre el entonces aspirante a la presidencia Rand Paul (un gran fan de Rush): “odia a las mujeres y a la gente de color”, una calumnia por la que Peart nunca ha pedido perdón. La banda tampoco permaneció inactiva cuando el senador Paul hacía sonar canciones de Rush en los eventos de su campaña, aunque su abogado insistiera en que la carta de cesación y desistimiento trataba de proteger derechos de autor, no de atacar la política de Paul.
Independientemente de la antigua opinión libertaria Peart, Far and Wide es una gran lectura y un ejemplo único del género de diario de un viaje. El libro relata la gira final de despedida de Rush de 2015, llamada “R40” para simbolizar las cuatro décadas de la banda de giras y éxito con los tres mismos miembros. La propia gira es una maravilla de logística y planificación, desplegando un pequeño ejército de conductores, pilotos, directores, cocineros, aparejadores, técnicos de iluminación, ingenieros de sonido y recaderos. Todo el espectáculo requiere mover miles de libras de equipos cada día, siempre una ciudad o dos por delante de la banda. Todo el proceso, perfeccionado durante décadas como mucha prueba y error, podría ser un caso de estudio de descubrimiento y riesgo empresarial. Los costes que implica son desmesurados y hay que contar hasta el último penique. Por suerte para Rush, sus relativamente adinerados y cada vez mayores fans crean suficiente demanda de entradas, especialmente dada la insistencia de la banda en decir que despedida significa realmente despedida.
La gira tiene lugar a lo largo de tres agotadores meses, incluyendo 35 conciertos y recorriendo 25.000 kilómetros en Norteamérica. La culminación fue el concierto agridulce final de la banda en el Forum de Los Ángeles, un lugar que conocían bien, por sus 25 conciertos a lo largo de los años.
La diferencia es que Peart viajó esos kilómetros en motocicleta, no en avión privado o autobús de lujo.
Conocido como viajero inveterado que ama las aventuras, Peart empezó llevando una bicicleta en el autobús de la gira en la década de 1980, esperando estar más en la tierra y explorar realmente las ciudades que de otra manera pasarían a toda velocidad. Al llegar a Salt Lake City o Atlanta o Calgary, se montaba en su bicicleta y veía el pueblo, de manera anónima, hasta que llegaba el momento de volver al escenario al final de la tarde. Los fans que hacían cola nunca imaginarían la identidad del ciclista con casco que pedaleaba detrás del local.
Esto acabó llevando a un interés por viajar en motocicleta, debido a algunos contratiempos tratando de montar su bicicleta entre las etapas de sus viajes. Después de unos terribles 10 meses en la década de 1990, en los que Peart perdió tanto a su hija adolescente como a su esposa, usó la motocicleta como terapia y recorrió más de 80.000 kilómetros por toda América. En algún momento le vino al pensamiento: ¿Por qué no conduzco una motocicleta en las giras, entre etapas?
Esto es lo que hace tan interesante Far and Wide, especialmente si os gusta la música rock, los viajes por carretera y las motos BMW. Y no cualquier BMW, sino la R1200GS, una bestia cara, considerada la reina de las motos de “aventura”. Y Peart lleva la aventura al límite, sometiéndose a sí mismo y a su compañero de viaje a caminos que ni siquiera aparecen en los GPS. Evitan cuidadosamente las carreteras principales, colocándose directamente a merced de cenas, cadenas de comida rápida, tiendas baratas y hoteles Best Western (o algo peor).
Pero a Peart le encanta y no deja de volar un poco, ni siquiera con la confortable aviación privada que se permiten sus colegas de banda. En carretera durante miles de kilómetros sin un automóvil que le rodee, Peart se aventura en al corazón de Estados Unidos y a menudo le gusta lo que ve. Frecuentemente acalorado, polvoriento, mojado por la lluvia, cansado y en busca de un lugar donde descansar, se acerca admirablemente a los deplorables: de la mecánica a las camareras a los autoestopistas sufridores del clima en las paradas de camiones. Está claro que a Paert le gusta Estados Unidos, con todos sus defectos y de hecho se mudó de Toronto a Los Ángeles antes de nacionalizarse estadounidense.
Curiosamente, en este sentido Peart es todo lo contraio a los “liberales” compasivos en lo que se refiere a los estadounidenses medios al sobrevolar el país: le gustan muchísimo, tiene contacto frecuente con ellos y a menudo los admira, en persona. Pero, en abstracto, le preocupan y le parecen imposibles de redimir en algunos casos. Es una molestia repetida, aunque pequeña, a lo largo del libro: hay un elemento de desengaño en muchas de las observaciones de Peart, algo que traiciona su sensación de que las cosas podrían ser mucho mejores si los patanes abandonaran ciertas maneras antiguas de pensar.
Una anécdota significativa se produce cuando se avería la motocicleta de su compañero de viaje. Una amable pareja de mormones en un restaurante se ofrece a llevar a su compañero mientras Peart continúa solo e incluso maniobran con su pickup marcha atrás en una colina para poder cargar la moto en lugar de tener que esperar a una grúa. Aunque encuentra a la pareja “moderna e inteligente” durante el largo trayecto a Los Ángeles, el compañero procura “no revelar mi agnosticismo, por miedo a generar tensión o echarme del vehículo”. Está bromeando en parte, pero su idea de que a la pareja le importara algo si fuera católico, judío o ateo resulta arrogante y estrecha de miras. Los mormones conocen realmente a los no mormones.
La religión y la religiosidad son espantajos particulares de Peart y su insistencia en sazonar el libro con pensamientos personales acerca de la irracionalidad de la fe se hace enseguida tediosa. En el Capítulo 10 se encuentra mirando un mapa del norte del estado de Nueva york buscando carreteras atractivas cuando advierte la diminuta ciudad de Palmyra, lugar de nacimiento del fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Joseph Smith. Esto lleva a un largo pasaje acerca de lo perplejo que le deja el mormonismo, aunque todas las religiones sean estúpidas y sospechosas:
Pero no hay que criticar concretamente a los mormones: son solo un ejemplo de pensamiento mágico y están lejos de ser los más extremistas. Toda superstición tiene sus vestimentas mágicas: gorros, bufandas y bucles judíos; sacerdotes, obispos y papas con sus ropas y sombreros elegantes e incluso los austeros budistas con sus prendas de color azafrán.
Después de unos pocos ataques a algunos tópicos sobre la agudeza empresarial, la “ropa interior mágica”, el literalismo fundamentalista con respecto al libro del Génesis y la historia del arca de Noé, va a la raíz de su oposición a lo que considera un sinsentido religioso místico:
No hace falta ser cínico (tal vez solo escéptico) para creer que las generaciones futuras nos verán como nosotros a los antiguos egipcios y aztecas. Tal vez fascinantes, pero risiblemente primitivos. Y probablemente un poco… “horribles”. La pregunta más significativa para tratar cualquier religión me parece obvia: ¿Cómo tratan a las mujeres?
Su remate con respecto a la estúpida gente religiosa acaba con una manera de rechazar a Cristo, Moisés, Abraham, Joseph Smith y L. Ron Hubbard de un solo golpe:
Todos ellos fueron innegablemente visionarios, así los definiría yo, y aparentemente creían en sus ideas. Está bien, pero el mlagro es que otros les creyeran. El resto, o al menos los racionalistas, respondemos con Christopher Hitchens: “Lo que se afirma sin evidencias puede rechazarse sin evidencias”. O estando de acuerdo con el astrofísico Neil deGrasse Tyson: “Lo bueno de la ciencia es que es verdad creas o no en ella”.
Presentar a Hitchens y deGrasse Tyson como autoridades ateas fiables puede que rasque el picor mojigato de Peart, que también (gemido) presenta a la “Westboro Baptist Church” como un símbolo de aquello contra lo que están los pensadores ilustrados. Pero hay una sensación superficial en sus inclinaciones, sugiriendo que un hombre que no pueda entender del todo que rechazar la fe es casi un lujo para los occidentales ricos en siglos recientes. Uno tiene la percepción de que no ha estudiado en profundidad ninguna religión y que, a pesar de toda su intelectualidad, tiene poca paciencia para con la gente religiosa que coloca la razón en algún contexto más amplio.
Hay otras tonterías, aunque sean menores, que sugieren que Peart es más compasivo que libertarios. Para empezar, el libro está patrocinado con fondos del contribuyente a través del Canadian Council for the Arts y el Canada Book Fund del gobierno de Canadá. No es un delito, supongo, ya que sin duda Peart ha pagado millones en su país natal. Pero no es un artista desconocido que pase hambre: indudablemente alguien con su riqueza, fama y contacto puede conseguir un libro de forma completamente privada.
Tampoco es un delito que un libertario, especialmente un motociclista ávido, disfrute de los Parques Nacionales de EEUU. Peart está encantado cuando se le regala un pase anual y muestra orgulloso cuando viaja a través del Glacier National Park. Pero sus quejas acerca del tráfico en la temporada alta y las lentas caravanas no llevan a ningún pensamiento interesante acerca de precios de mercado o conservación privada. Y su desagrado por el fracking en Texas no muestra ningún indicio de impulso libertario, dada su lamentación de que al sector “se le ha permitido crecer completamente descontrolado”. ¿Afecta a sus tierras o capital? ¿Tiene pruebas de daños externos? ¿Y a quién encargaría y confiaría exactamente “controlar” el sector del fracking? Admite que “nadie ha sido capaz de demostrar que el fracking sea malo, pero sin duda no parece una buena idea”. Esto suena más a dogma que a libre pensamiento.
Tampoco puede pasar el libro sin mencionar a Walmart, con el que tiene una relación de amor-odio. Su autobús personal, transportando a Peart, su compañero de viaje, un conductor y un tráiler para motocicletas, pasa a menudo la noche estacionado en aparcamientos de Walmart. Los estacionamientos son seguros, están bien iluminados, cerca de las carreteras principales y hacen la compra a primera hora de la mañana rápida y sencilla. Pero Peart ofrece la crítica más floja y menos original: Walmart representa la fea desgracia suburbana, mató los negocios de papá y mamá, promueve un consumismo vulgar de rentas bajas… Este tipo de opiniones trilladas da de nuevo la imprensión de que Peart no ha pensado muy profundamente algunas cosas.
Aparte de estas tonterías es un libro que merece la pena para los seguidores de Rush a los que sencillamente les gusten historias atractivas de viajes. Peart cuenta muchas cosas de su banda, su historia y sus crisis y su propia evolución en él. Estas historias reflejan un hombre que es refrescantemente humilde y lo más lejano posible del estereotipo de una estrella del rock. El lector llega a apreciar la leyenda inteligente, reflexiva y completamente modesta detrás de la batería.
Al final, Far and Wide solo puede ofrecernos una visión incompleta de las experiencias y la visión del mundo de Mr. Peart. Pero su concepción de la libertad humana que apreciamos en el libro es más del corazón que de la mente, dejándonos con la duda de si aplica el mismo racionalismo librepensador y demandas de pruebas empíricas a las políticas públicas compasivas.
El artículo original se encuentra aquí.
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En años recientes, el juez Andrew Napolitano ha molestado a algunos activistas contrarios a la inmigración señalando lo que el texto de la Constitución de EEUU deja aparentemente claro: “La propia Constitución (de la que derivan todos los poderes federales) no delega en el gobierno federal poder sobre la inmigración, solo sobre la naturalización”.
Pero Napolitano no es el primero que señala esto y quien han seguido este debate durante mucho tiempo recordarán que este ha sido un debate candente entre conservadores y libertarios durante muchos años. Defender que el texto sí apoya la intervención federal en la inmigración es especialmente importante para los conservadores que apoyan una visión “originalista” de la Constitución. Después de todo, si resulta que el propósito original de la Constitución no era dar poder al gobierno federal para regular la inmigración, sería imposible que estos originalistas apoyaran las actuales intervenciones federales en la inmigración sin ser acusados de hipocresía o incoherencia.
En respuesta, los originalistas han sugerido varias teorías, incluyendo la afirmación de que la Cláusula de Emigración o Importación concede este poder. Ilya Somin ha desmentido eficazmente esta afirmación en su artículo de 2016 sobre el tema.
También se han hecho otras afirmaciones más simples, como la de que la inmigración equivale a una invasión militar o de que la naturalización significa prácticamente lo mismo que inmigración. Estas afirmaciones raramente convencen a observadores que no estén ya vehementemente en contra de la inmigración.
Sin embargo, en este artículo quiero ignorar en buena medida los debates legales y ocuparme en su lugar de la afirmación de los originalistas atendiendo a cómo veían los propios legisladores del siglo XIX el papel adecuado del gobierno federal a la hora de restringir la inmigración.
En este momento, probablemente ya hayáis adivinado qué busco con esto: resulta que si nos fijamos en la regulación y legislación en el primer siglo de Estados Unidos, descubrimos que la implicación federal a la hora de regular la inmigración era muy rara y que los intentos de federalizar el tema fracasaban constantemente en el Congreso, donde la federalización se consideraba a menudo como dudosamente constitucional.
Durante este periodo, eran los estados los que mandaban con respecto a la regulación de los inmigrantes y a los gobiernos estatales se los consideraba aplicando sus derechos en lo que se refería a la regulación (e incluso deportación) de los inmigrantes.
No es hasta la década de 1880 cuando vemos al gobierno nacional desplazar a los estados como aplicador principal de la ley de inmigración. E incluso entonces, los estados continúan trabajando en cooperación con el gobierno federal. No fue hasta el siglo XX cuando el gobierno federal empezó a insistir en que tenía un monopolio sobre el derecho migratorio y cuando los estados fueron excluidos de ejercitar sus poderes en el asunto.
En su largo artículo sobre “The Lost Century of American Immigration Law” en la Columbia Law Review, Gerald Neuman señala que la ley estatal y local se habían usado para restringir la inmigración en las colonias norteamericanas… y posteriormente en Estados Unidos.
El marco legal empleado tenía su origen en las leyes inglesas de pobres, que restringían los movimientos de indigentes, vagabundos y otros supuestos indeseables. Neuman señala que, después de la independencia, los gobiernos locales en muchos sitios mantenían el control sobre la residencia:
Después de 1794 [en Massachusetts], las personas que acababan de llegar a un pueblo se convertían en residentes si cumplían ciertos requisitos legales, como ser dueños de la propiedad o si recibían permiso expreso del ayuntamiento.
La idea era impedir la residencia permanente de personas que pudieran depender de la caridad local o pudieran ser delincuentes.
Estas restricciones, de hecho, se reconocía y escribían en los Artículos de la Confederación, en los que el Artículo IV dice que los estados mantenían los poderes para limitar los movimientos de “indigentes, vagabundos y fugitivos de la justicia”. Neuman añade que “Aunque la Constitución omite esta cualificación en su Cláusula de Privilegios e Inmunidades, los tribunales continuaban considerando que los indigentes no tenían derecho a viajar”.
La experiencia histórica en los estados confirma que las restricciones a la libertad de viajar no desaparecieron con la nueva Constitución y de hecho se añadieron nuevas restricciones para los emigrantes procedente de fuera de EEUU.
En su estudio de las leyes de inmigración a nivel estatal, Expelling the Poor: Atlantic Seaboard States and the Nineteenth-Century Origins of American Immigration Policy, Hidetaka Hirota se centra especialmente en las leyes estatales en Massachusetts y Nueva York en las que el asunto de expulsar y limitar nuevos inmigrantes era un asunto de preocupación constante:
Para reducir los indigentes irlandeses, Nueva York y Massachusetts siguieron las leyes coloniales de pobres para regular el movimiento local de los pobres y controlar la llegada al estado de extranjeros pobres. En Massachusetts, una tradición excepcionalmente fuerte anticatólica y antiirlandesa inspiraba al legislativo a establecer algo más que regulaciones de entrada o excluir a los inaceptables. En su lugar, Massachusetts creó leyes para deportar a indigentes extranjeros ya residentes en el estado de vuelta a Gran Bretaña, Canadá y otros estados americanos. Entre la década de 1830 y principios de la de 1880, se expulsó al menos a 50.000 personas de Massachusetts bajo esta política. Las políticas estatales se aplicaban a todos los pobres extranjeros y los inmigrantes alemanes atraídos por su porción de nativismo. Los expulsados de Massachusetts incluían indigentes estadounidenses que provenían de otros estados. Pero fue la pobreza irlandesa la que generó el impulso principal para la creación de una política estatal de inmigración.
Dado el hecho de que Boston y Nueva York fueron destinos populares para los irlandeses durante este periodo, estos dos estados fueron los más activos a la hora de instituir controles a la inmigración. Otros estados realizaron otros intentos, aunque, como señala Hirota:
Maryland y Luisiana tenían poco interés en restringir la inmigración europea a lo largo del siglo XIX, mientras que Pennsylvania y California no crearon sistemas sostenibles de regulación de la inmigración.
Fueron estas leyes las que llevaron a algunas de las primeras sentencias legales en EEUU con respecto al papel del gobierno federal en el derecho migratorio.
Los primeros casos legales muestran reticencia por parte de los tribunales a otorgar control federal sobre los emigrantes.
Por ejemplo, en New York v Miln (1837), el tribunal se ocupaba del asunto de si un estado puede obligar a un barco que quiera atracar a “proporcionar una lista de pasajeros y dar seguridades con respecto a los pasajeros que puedan ser acusados públicamente”. Se usaba a menudo la estrategia de fianzas con la que a los dueños de barcos se les obligaba a consignar un aval con el que se podía indemnizar al estado en caso de que llegaran inmigrantes en dicho barco resultaran ser delincuentes o indigentes dependientes del estado.
El tribunal se ponía del lado del estado, concluyendo que el estado tenía derecho “a proporcionar medidas de precaución contra la pestilencia moral de los indigentes, vagabundos y posibles convictos, ya que es guardarse ante la pestilencia física, que puede derivar de importaciones de artículos insensatos e infecciosos.
Sin embargo, la regulación de inmigrantes era aceptable para el tribunal siempre que la regulación no fuera “una regulación del comercio, sino de la policía”. Es decir, el tribunal sentenciaba eliminar la capacidad del estado de fijas lo que eran esencialmente impuestos a la navegación, mientras que concluía que los gobiernos estatales y locales retenían sin embargo el derecho a regular a los propios emigrantes. Este incluía el derecho a rechazar la entrada de inmigrantes percibidos como indigentes, delincuentes, enfermos mentales o portadores de enfermedades contagiosas. Como resume Hirota, estos “poderes de policía” generaron muchas deportaciones por parte de las policías locales.
Además en los “Casos de Pasajeros” de 1849, un irritado tribunal rechazaba de nuevo limitar los poderes de policía del estado para regular a los inmigrantes. El “consenso” mayoritario, que incluía varios votos particulares, echaba abajo los intentos de los estados de recaudar impuestos y tasas pensadas para financiar los intentos de monitorizar y controlar a los emigrantes. Se sentenció que estos poderes iban en contra de los poderes federales de regular las leyes marítimas y la navegación internacional. El tribunal, sin embargo, no establecía una supremacía federal general sobre la inmigración y el juez Levi Woodbury destacaba esto en su voto particular:
Es en el estado donde reside el poder para decir sobre lo que es suficiente causa para ello, ya sea municipal o económico, enfermedad o delito. Por ejemplo, con respecto al peligro de la indigencia, el peligro de los principios públicos por revoluciones y cambio de gobierno o el peligro de la religión.
Igualmente, según Neuman, el juez “Peter Daniel invocaba extensamente la polémica jeffersoniana contra la Ley de Extranjería de 1798 para demostrar que el poder sobre la entrada de extranjeros correspondía exclusivamente a los estados”.[1]
Estos casos se presentaron tras episodios muy conocidos durante las décadas de 1820 y 1830 en los estados del sur, que en algunos casos prohibían a marineros negros libres desembarcar en ciudades portuarias. Al temer que la presencia de negros libres incitaría levantamientos de esclavos, algunos estados sureños (sobre todo Carolina del Sur) aprobaron esencialmente leyes de “cuarentena” por las que se obligaba a los marineros negros libres a quedarse en sus barcos o se les retenía en la cárcel hasta que se salían de nuevo del puerto. Los capitanes de barcos británicos, que a veces contrataban negros libres de las colonias británicas, se quejaron a las autoridades federales. Sin embargo, en definitiva, el gobierno federal no tenía intención o capacidad para dar pasos que acabar con esas políticas.
El problema de la raza también impregnaba otras restricciones sobre la emigración. Algunos estados, tanto del norte como del sur, adoptaron leyes pensadas para restringir el movimiento de los negros libres de un estado a otro. Michells Slack señala:
La Constitución de Oregón de 1857, aunque prohibía la esclavitud y la servidumbre involuntaria, también prohibía la entrada o presencia de cualquier “negro o mulato” que no residiera ya en el estado en el momento de su adopción. Además, a la mayoría de los residentes negros libres se les obligaba a registrarse y a demostrar tanto su estado de libertad como su derecho de residencia dentro del estado. A su vez, esa documentación se solicitaba regularmente a los negros libres bajo amenaza de expulsión.
El estado de Illinois también imponía sanciones por facilitar la “entrada a un mulato”.
En los estados del sur, la situación se enfocaba más en la reentrada. Neuman escribe:
En los estados esclavistas, la mera visibilidad de las personas negras viviendo en libertad se consideraba una grave amenaza para el funcionamiento del sistema de esclavitud. Además, los dueños de esclavos temían que los negros libres fomentaran o facilitaran la huida o conspiraran para producir revueltas de esclavos.
La legislación de los estados esclavistas normalmente prohibía la entrada de negros libres que no fueran ya residentes en el estado. A menudo se sancionaba a personas que trajeran negros libres. A lo largo del tiempo, algunos estados extendieron estas prohibiciones a sus propios residentes negros libres que trataban de volver después de viajar fuera del estado, ya sea a un lugar desaprobado o a cualquier destino en general. Los estados esclavistas a menudo obligaban a los esclavos emancipados a abandonar para siempre el estado, bajo amenaza de reesclavización.
Aunque estas leyes estuvieran ligadas a la esclavitud y la raza, de todos modos establecían tanto ante los tribunales como en los parlamentos que los estados tenían la prerrogativa de impedir la entrada de ciertas personas a los estados. Por supuesto, las realidades políticas significaban que había casi un libre movimiento entre estados.[2]
Entretanto, el Congreso ignoraba en buena medida el problema de la inmigración más allá de regular la naturalización, como ordena la Constitución.
El informe de la Comisión Dillingham del Congreso de 1911 sobre la inmigración indica que la legislación que trataba la inmigración durante el siglo XIX era mínima, por decir algo. La comisión señala que la mayor agitación a favor de nueva legislación sobre inmigración provenía del Partido Nativo Americano, también conocidos como “know-nothings”. Estos intentos fracasaron debido a la falta de interés de los legisladores federales a la hora de regular la inmigración y también debido a las dudas sobre si esos intentos eran incluso constitucionales o no. Una cita larga del informe de la comisión ayuda a ilustrar la inacción del Congreso sobre el asunto:
El 2 de enero de 1855, el representante Wentworth, de Massachusetts, presentó una propuesta de ley para impedir la entrada de extranjeros indigentes, delincuentes, idiotas, lunáticos y locos y personas ciegas, pero se quedó sobre la mesa con una votación de 68 a 83…
El 17 de febrero de 1855, el senador Jones, de Tennessee, creyendo evidentemente inútil tratar de aprobar una ley para excluir a los indeseables, trató de que el Congreso aceptara entregar todo el tema a los estados y presentó la siguiente resolución, que fue rápidamente sometida a discusión:
“Dado que la Constitución de Estados Unidos confiere al Congreso el poder de establecer una norme uniforme de naturalización y no menciona el ejercicio de ningún poder sobre la inmigración y Dado que en la Constitución se declara que todo poder no delegado por la constitución ni prohibido a los estados por ella está reservado a los estados respectivos o al pueblo:
Se resuelve, por tanto, que el Congreso no tiene ningún poder para aprobar ninguna ley reguladora o controladora de la inmigración en ninguno de los estados o territorios de la Unión, pero que el poder para prescribir dichas normas y regulaciones que se ocupan de este tema como se considere necesario para la seguridad y felicidad del pueblo pertenece a los estados respectivos o el pueblo y que cada estado puede determinar por sí misma los males resultantes de la gran influencia de delincuentes e indigentes y aplicar dicho remedio como le sugiera su conocimiento para su demanda de seguridad”.
De nuevo el 4 de marzo de 1856, Mr. Smith, de Alabama, presentó una propuesta para excluir indigentes y criminales extranjeros. Esta propuesta obligaba a los cónsules de Estados Unidos a emitir certificados a todas las personas que pretendan venir a Estados Unidos, declarando que no son indigentes, ni convictos y que vienen por propia voluntad y no han sido expulsados de sus países por ninguna sociedad o autoridad.
La ley fracasó. Entretanto, el Comité de Asuntos Exteriores emitió un informe sobre preocupaciones del Congreso acerca de naciones europeas librándose de indeseables mandándolos a Estados Unidos. Pero el comité “parecía dudar del poder del Congreso para regular la materia, así que casi todas sus recomendaciones iban dirigidas a los estados”.
La falta de acción federal sobre inmigración llevaba a la comisión a concluir que no fue hasta la década de 1860 cuando empezó a tener lugar “el cambio del control de la inmigración de los diversos estados al gobierno nacional”.
Igual que pasó con muchas otras cosas tras la Guerra de Secesión, lo que durante mucho tiempo se aceptó como una política estatal empezó a federalizarse y en 1872 el presidente Grant enviaba un mensaje al Congreso afirmando que en lo que se refería a la inmigración, “No veo ningún asunto que tenga un carácter más nacional”.
Hirota coincide con esta evaluación de la federalización actual, señalando que:
La federalización del control de la inmigración fue por tanto un proceso gradual en el mejor de los casos y las acciones de los políticos de los estados del nordeste crearon las condiciones para la introducción de la deportación general por parte del gobierno federal en 1891.
La nacionalización de la regulación de la inmigración llegó técnicamente a su finalización en 1891. Respondiendo a la ineficiencia de la administración conjunta estatal-federal en Castle Garden revelado en investigaciones legislativas, el Congreso aprobó una nueva ley de inmigración en marzo de 1891. La ley colocaba los asuntos migratorios bajo en control del superintendente federal de inmigración en el Departamento del Tesoro y nombraba comisionados federales de inmigración en los puertos importantes, reemplazando a las policías estatales por empleados federales. (…) La ley de 1891 también extendía la categoría de los excluibles para incluir personas con defectos mentales y locura, indigentes y gente “que pueda convertirse en una carga pública”, gente con enfermedades contagiosas, gente condenada por delitos graves u otros crímenes que impliquen “infamia moral, poligamia y emigrantes asistidos”, haciendo a todos despreciables.
La ley de 1891 llegaba al final de una década de crecimiento de la actividad federal con respecto a la inmigración, que incluía la Ley de Exclusión China y más legislación general poco después. Sin embargo, en el momento en el que esto estaba teniendo lugar muchos gobiernos estatales, especialmente los de Massachusetts y Nueva York reclamaban más implicación federal en el control de la inmigración. Hirota continúa:
Los cargos públicos en Nueva York y Massachusetts influyeron esencialmente en el desarrollo de la política nacional de inmigración a finales del siglo XIX desempeñando un papel central en la creación de la ley federal de inmigración de 1882. Aprobada tres meses después de la entrada en vigor de la ley federal de Exclusión China, que suspendía la inmigración de trabajadores chinos, la Ley de Inmigración fue la primera legislación general que se aplicaba a todos los extranjeros a nivel nacional y sentó las bases para las posteriores leyes federales de inmigración. (…) Inspirada sobre las políticas de inmigración en Nueva York y Massachusetts, estas disposiciones provenían de un borrador de propuesta que crearon los políticos de ambos estados. Además, la ley dejaba la aplicación de sus disposiciones en manos de los políticos estatales.
Aquí podemos ver que incluso en la década de 1880, las leyes federales de inmigración continuaban basándose en la aplicación local y los políticos estatales y federales se veían como socios en la regulación de los emigrantes.
No sería hasta el siglo XX cuando el gobierno federal empezaría a reclamar ser la única autoridad legal sobre asuntos de inmigración.
El que la mayoría de esta historia legislativa esté hoy olvidada sería quedarse corto. Esto llevaba a Neuman a referirse un “mito de las fronteras abiertas” en el que se ha asumido desde hace tiempo, incluso entre los más enterados, que las fronteras de Estados Unidos estaban fundamentalmente abiertas con poco o ningún intento por los gobiernos a cualquier nivel de controlar el flujo de emigrantes, ya sea hacia dentro de Estados Unidos o cruzando fronteras estatales.
Michelle Slack señala que incluso entre quienes conocen esta historia legislativa ha habido también intentos de afirmar que no se produjeron deportaciones de ningún tipo. Como demuestra el trabajo de Hirota, no fue así.
Esto no quiere decir que no hubiera también intentos de aumentar la inmigración hacia EEUU en numerosos casos. Como he demostrado en el pasado, muchos estados de la frontera adoptaron políticas para atraer inmigrantes ofreciendo una vía sencilla a la ciudadanía y adoptando múltiples idiomas “oficiales” pensados para acomodar a la población no angloparlante.[3] De hecho, el sentimiento favorable al inmigrante de mediados de siglo fue suficiente para que el presidente John Tyler declarara en 1841: “Enviamos a la gente de otros países una invitación para venir y quedarse con nosotros como miembros de nuestra familia en rápido crecimiento y por los beneficios que les ofrecemos les requerimos que consideren a nuestro país como su país y se unan a nosotros en la gran tarea de conservar nuestras instituciones, perpetuando así nuestras libertades”.
Sin embargo, hay que entender que al mencionar “gente de otros países” Tyler no se refería a todas esas categorías de indigentes y otros indeseables indicados en las normas estatales. Se refería a personas que no fueran minusválidos, enfermos, pobres o criminales. De hecho, mientras Emma Lazarus estaba escribiendo su famoso poema “El nuevo coloso” en 1883 (que decía que EEUU daba la bienvenida a los “desgraciados rechazados” del mundo) tanto el gobierno federal como los estados estaban trabajando en aprobar legislación pensada específicamente para rechazar a estos supuestamente “rechazados”.
Este intento de excluir a los indeseables ilustra sin embargo una diferencia esencial entre la legislación de inmigración del siglo XIX y la legislación moderna. Como observaba Neuman “ni el Congreso no los estados intentaban imponer límites cuantitativos a la inmigración” (cursivas originales).
La legislación se centraba más bien en rechazar la entrada de quienes se consideraba que aumentarían las listas de los socorridos por el gobierno o pudieran cometer actos delictivos. La creación de cuotas arbitrarias para el número total de inmigrantes legales fue una innovación posterior.
Por supuesto, nada de la información en este ensayo tiene mucho que decir con respecto a quienes emplean argumentos no originalistas a favor del control federal sobre la inmigración. Quienes creen que la Constitución es un “documento vivo” o que los poderes federales expansivos son algo bueno en casi cualquier circunstancia, no se verán obstaculizados por el hecho de que en el siglo XIX los estadounidenses rechazaran la primacía federal en el asunto de la inmigración. Para muchos no originalistas, la inmigración es solo un caso más en el que la evolución de los tribunales federales debería ser bienvenida.
Sin embargo, considerando la historia legislativa sobre el tema, es difícil ver algo que apoye las afirmaciones originalistas de que la inmigración ha sido siempre un ámbito apropiado para el gobierno federal o que esta postura lleve siendo aceptada desde hace mucho tiempo por los defensores acérrimos del federalismo constitucional en Estados Unidos. Para llegar a esta conclusión, hay que ignorar los rechazos repetidos tanto por el Congreso como por los tribunales federales por asumir el control de la situación de la inmigración durante el primer siglo de Estados Unidos. Todavía es menos creíble la afirmación de que la inmigración es exclusivamente asunto del gobierno federal y que los estados están necesariamente fuera de juego cuando adoptan regulaciones de inmigración en conflicto con la actual ley federal.
Es verdad que las realidades políticas del siglo XIX no “demuestran” que el propósito original de la Constitución fuera limitar enormemente la implicación federal en la regulación de la inmigración. Podría sencillamente ser casi todos estuvieran interpretando mal el texto durante la mayoría del siglo XIX y que ahora los defensores de un mayor control federal lo entiendan bien. En todo caso, aparte de los federalistas que apoyaban las odiadas leyes de extranjería y sedición, hay pocas evidencias de políticos de la generación “fundadora” reclamando más control federal sobre esto. Este olvido general del problema continuó a finales del siglo XIX. Contrariamente a algunas afirmaciones de que la inmigración sencillamente no era un problema en el siglo XIX, la existencia de numerosas leyes estatales sobre el asunto demuestra que era un problema importante. Y aún así pocos buscaban control federal. Cabría pensar que si la Constitución fuera clara acerca del control federal de la inmigración, no habría pasado esto.
El artículo original se encuentra aquí.
[1] Algunos originalistas han afirmado que el pasaje de las leyes de extranjería y sedición demuestra que el gobierno federal tiene autoridad constitucional sobre la inmigración. Por supuesto, los jeffersonianos se oponían vehementemente. La derrota de los federalistas frente a los republicanos en 1800 destruyó esencialmente la postura a favor de lo federal y en contra de la inmigración durante décadas, tiempo durante el cual el control federal de la inmigración se asoció a la extralimitación del Partido Federalista y como contrario a las opiniones más estrictas constitucionalmente de los jeffersonianos.
[2] Aunque afirmaban favorecer los “derechos de los estados”, los dueños de esclavos reclamaron una mayor acción federal sobre el asunto de los esclavos fugitivos. Significativamente, cuando Carolina del Sur se independizó de la Unión citó una insuficiente actividad federal sobre el asunto de devolver a los esclavos fugitivos.
[3] Ver “In the 19th Century, Non-Citizens in the US Could Vote in 22 States and Territories“.
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