En un año de elecciones, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se encuentra repentinamente sumido en un escándalo de corrupción que podría costarle su trabajo. El escándalo se deriva de los «cargos continuos de fraude y corrupción» contra SNC-Lavalin (SNC), una gran empresa internacional de ingeniería y construcción con sede en Montreal. Los cargos están «vinculados a supuestos tratos con el régimen de Muamar el Gadafi en Libia entre 2001 y 2011».
Jody Wilson-Raybould afirma que mientras era ministra de Justicia y Fiscal General de Canadá, estuvo sujeta a«una intensa campaña de presión [de la Oficina del Primer Ministro] para persuadirla de que anule la decisión de negarle a SNC-Lavalin un acuerdo de remediación, lo que permitiría al gigante de la ingeniería evitar los procesos penales por corrupción y cargos de fraude». Trudeau lo niega, pero el escándalo persiste.
El soborno está en el centro de los cargos que enfrenta la SNC, lo que plantea tres preguntas. Primero, ¿por qué las autoridades canadienses se involucran en eventos que tuvieron lugar en un país extranjero? En segundo lugar, ¿es el soborno realmente malo y, si es malo, a quién hay que culpar, al sobornador o al sobornado? En tercer lugar, ¿cuál es la diferencia entre el soborno legal y el soborno ilegal?
Jurisdicción
Los cargos fueron presentados por la policía federal canadiense, que dijo que «los funcionarios de la compañía [SNC] intentaron sobornar a varios funcionarios públicos en el país, incluido el dictador Moammar Gadhafi, así como a otros negocios en Libia». Si son declarados culpables, «la compañía tener prohibido recibir cualquier negocio del gobierno federal durante una década, sin importar las multas masivas, la condena penal y otros negocios perdidos».
¿Cuándo las autoridades canadienses adquirieron jurisdicción sobre las acciones en un país extranjero? Buena pregunta. A partir de la década de los noventa, «Canadá asumió la obligación de penalizar el soborno en el extranjero al ser parte en la Convención contra el soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización para los Estados Americanos y Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción». (sobre esto más adelante)
Sobornados o sobornadores, una distinción importante
El soborno debe considerarse incorrecto solo cuando los individuos violan sus términos de empleo, en cuyo caso el culpable es el sobornado, no el sobornador. Murray Rothbard explica:
Supongamos que Black quiere vender materiales a la compañía XYZ. Para ganar la venta, paga un soborno a Green, el agente de compras de la compañía. … todo lo que ha hecho es reducir el precio cobrado a la Compañía XYZ mediante el pago de un reembolso a Green. Desde el punto de vista de Black, él habría estado tan feliz de cobrar un precio más bajo directamente, aunque presumiblemente no lo hizo porque los ejecutivos de XYZ todavía no le habían comprado los materiales. Pero el funcionamiento interno de la Compañía XYZ apenas debería ser responsabilidad de Black. En lo que a él respecta, simplemente bajó su precio a la empresa y, por lo tanto, ganó el contrato.
La acción ilícita aquí es, en cambio, únicamente el comportamiento de Green, el que toma el soborno. Para el contrato de trabajo de Green con sus empleadores, implícitamente se requiere que compre materiales lo mejor que pueda para los intereses de su compañía. En cambio, violó su contrato con la Compañía XYZ al no actuar como su agente adecuado: por el soborno que compró a una empresa con la que no habría tratado de otra manera, o que pagó un precio más alto del que debía pagar el importe de su rebaja. En cualquier caso, Green violó su contrato e invadió los derechos de propiedad de sus empleadores.
En el caso de los sobornos, por lo tanto, no hay nada ilegítimo en el soborno, pero hay mucho de lo que es ilegítimo en el soborno, el que toma el soborno. … Es solo quien recibe un soborno quien debe ser procesado. En contraste, los liberales de izquierda tienden a considerar al repartidor de sobornos como algo más reprensible, ya que de alguna manera «corrompe» al tomador. De esa manera, niegan el libre albedrío y la responsabilidad de cada individuo por sus propias acciones.
Como escribió Lew Rockwell:
Todo lo que pueda estar mal con el soborno debe ser manejado, no por estatutos especiales y no por las leyes globales contra el soborno, sino por la ley de contrato. Si un empleado toma un trabajo con la condición de que no acepte payola, no debe hacerlo. Tampoco debería perderse el trabajo de un día para visitar a su novia. Pero responsabilizar al sobornador es como responsabilizar a la novia por la falta de autodisciplina de su novio. La parte equivocada está siendo castigada.
La SNC, como el «sobornador», no ha hecho nada malo. Los sobornos son un hecho cotidiano de la vida en países donde los gobiernos opresivos establecen arbitrariamente numerosos obstáculos para la actividad económica. En un artículo reciente para el CBC, Neil Macdonald escribió: «Probablemente debería estar en el mismo banquillo de los acusados de la corte que SNC-Lavalin». ¿Por qué? Porque, a lo largo de los años, como reportero en Medio Oriente (incluida Libia), dice que sobornó a «muchos funcionarios extranjeros». Macdonald deja claro que sin el soborno, no podría haber hecho su trabajo. Como escribió Rockwell, «los sobornos se eliminarán cuando se eliminen las barreras artificiales para hacer negocios».
Los empresarios merecen crédito por sobornar a los funcionarios públicos porque esto les permite emprender actividades que generan prosperidad para ellos mismos, los trabajadores que contratan y los consumidores.
Soborno legal contra soborno ilegal
¿Por qué los gobiernos en numerosos países insisten en procesar actos de soborno en otros países? Yo propongo una teoría. Ignoremos las diversas justificaciones de las autoridades y centrémonos en el comienzo del preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción: «Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas …»
Ahí tienes. Se trata de la apariencia de legitimidad de las instituciones gubernamentales. En pocas palabras, las actividades de los políticos y burócratas se consideran legítimas siempre que cumplan con varias leyes, reglas y regulaciones que ellos mismos crean. Así, los políticos dicen que el acto de sobornar a un funcionario público, extranjero o doméstico, es ilegal, de acuerdo con las leyes establecidas por ellos.
Lo que nos lleva a. . .
La definición de soborno de wikipedia en inglés se traduce: soborno es el acto de dar o recibir algo de valor a cambio de algún tipo de influencia o acción a cambio, que el receptor no ofrecería.
Las palabras tienen significados y las definiciones no mienten. El soborno es sinónimo de cabildeo y contribuciones a campañas políticas, las cuales son legalizadas y trabajan en beneficio de los políticos que hacen las leyes.
Cabildeo y aportaciones de campañas políticas
El análisis de la Fundación Sunlight reveló lo siguiente:
Entre 2007 y 2012, 200 de las corporaciones más activas políticamente de los Estados Unidos gastaron un total de $ 5,8 mil millones en cabildeo federal y contribuciones de campaña. Sin embargo, un análisis de un año de duración realizado por la Fundación Sunlight sugiere que lo que dieron fue palidecedor en comparación con lo que obtuvieron esas mismas corporaciones: $ 4,4 billones en negocios y apoyo federales
Después de examinar 14 millones de registros, incluidos datos sobre contribuciones de campaña, gastos de cabildeo, asignaciones presupuestarias federales y gastos, encontramos que, en promedio, por cada dólar gastado en influencia política, las corporaciones más activas políticamente de la nación recibieron $ 760 del Estado.
Ninguna cantidad de ofuscación política puede cambiar la naturaleza de estas actividades. Esto es soborno, en el sentido más puro de la palabra, ¡y los políticos son los sobornados!
Parte de esto es el aparato regulador del Estado (de magnitud similar en Canadá en términos per cápita) que supuestamente existe para proteger la seguridad y el bienestar de los consumidores de las empresas sin escrúpulos, pero de alguna manera logra afectar una transferencia masiva de la riqueza de trabajadores y consumidores a corporaciones políticamente influyentes. Así, el 1% gana a costa del 99%, gracias a los políticos, los sobornados.
Conclusión
Los políticos se benefician de los sobornos legales que causan un daño tremendo al bienestar económico del público en general, al tiempo que condenan los sobornos ilegales que son mucho menos perjudiciales para el público en general. Con su sello legal de aprobación para el cabildeo, las contribuciones de campaña y su aparato regulador, los políticos emiten un aura de legitimidad sobre estas actividades. El enjuiciamiento de actos extranjeros de soborno es una extensión lógica de esta ideología distorsionada. Esto permite a los políticos afirmar que son defensores de las operaciones legítimas del Estado a escala global, y se presentan descaradamente como defensores del imperio de la ley, su ley. Ese es el verdadero escándalo. La supuesta interferencia de Justin Trudeau en el sistema de justicia palidece en comparación.
El artículo original se encuentra aquí.
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